Mujer, discriminación y derechos humanos
- 19/01/2025 00:00
- 18/01/2025 17:07
Es de suma importancia entender que para poder establecer, implementar las acciones y darle seguimiento a las distintas formas de violencia contra la mujer, se debe contar con una estructura y presupuesto que tengan la capacidad de garantizar el cumplimiento de las políticas, planes, programas, proyectos Panamá es signataria de casi todos los convenios, protocolos y herramientas en materia de derechos humanos, que guardan relación con la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, niños, niñas en su inmensa diversidad. Nos referimos a la diversidad, cuando las políticas hacen referencia a poblaciones específicas, es decir, aquellas poblaciones (que son discriminadas y violentadas), pero con énfasis en sus etnias, edad, discapacidad, condición social y situación migratoria, entre otras.
Desde el año 1999, Panamá cuenta con la Ley de Igualdad de Oportunidades, como la política pública del Estado sobre la igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres, la cual entre sus objetivos está lograr la integración de las mujeres en el desarrollo político, social, económico y cultural, así como su participación en todos los procesos de toma de decisiones del Estado, a través de estructuras y capacitación adecuada.
Esta ley define la discriminación como el trato desigual que se le da a las personas y hace énfasis en la discriminación en contra de las mujeres, cuando se les excluye o se restringen sus derechos y libertades fundamentales, por el hecho de ser mujer. Esta discriminación puede darse a través de leyes, resoluciones o reglamentos que incluyen privilegios de los hombres sobre las mujeres.
También contiene un capítulo de grupos de especial interés y desarrolla políticas específicas para las niñas, las mujeres jóvenes, las adultas mayores, indígenas, campesinas, afropanameñas, con discapacidad y mujeres privadas de libertad. Éste impone una serie de obligaciones al Estado, para el cumplimiento del objetivo de alcanzar la igualdad de oportunidades para las mujeres.
A pesar de contar con esta herramienta legal, se siguen dando actos de discriminación y violencia contra las mujeres, lo que ha obligado a la creación de nuevas políticas públicas, muchas de las cuales luego de ser aprobadas, quedan como una más, porque no ha existido un verdadero compromiso de Estado, en atacar las profundas situaciones y desigualdades que generan esta violencia. En este sentido, Panamá ha dado un paso importante a través de la Ley 375 del 8 de marzo de 2023, que crea el Ministerio de la Mujer.
Es de suma importancia entender que para poder establecer, implementar las acciones y darle seguimiento a las distintas formas de violencia contra la mujer, se debe contar con una estructura y presupuesto que tengan la capacidad de garantizar el cumplimiento de las políticas, planes, programas, proyectos y campañas de sensibilización y formación en prevención, detección, evaluación y erradicación de la violencia contra la mitad de la población, las mujeres.
Y, ¿por qué un Ministerio de la Mujer y no del “hombre”? Porque el resto de los ministerios y la estructura general del Estado, han sido creados para implementar políticas desde lo masculino, han sido diseñadas desde una mayoría de hombres, con perspectiva y mirada desde lo androcéntrico. Las mujeres han tenido poca participación en esos espacios de toma de decisión. Es decir, a pesar de que hay mujeres (una minoría) en los espacios de toma de decisiones, las decisiones terminan siendo tomadas desde las necesidades y conveniencias masculinas. Eso ha ocurrido aquí y en la mayoría de los países de nuestra región, porque la participación femenina ha sido históricamente limitada.
Por lo anterior, la creación del Ministerio de la Mujer llena un importante vacío en materia de atención integral de la situación de los derechos de las mujeres, la cual debe ser de forma transversal por parte de todo el engranaje del Estado. Se debe dar seguimiento a cada una de las políticas interinstitucionales para la atención eficaz de las muchas problemáticas como la violencia doméstica y la violación sexual, que constituyen uno de los flagelos más preocupantes en la sociedad; así como también al embarazo adolescente y el acoso sexual, entre otras tantas situaciones que afectan tanto a mujeres, niños y niñas; y los femicidios, que son el extremo de la violencia contra la mujer.
Es importante contar con el Ministerio de la Mujer, porque los derechos humanos tienen que ser abordados de forma integral, ejecutando políticas públicas como la Ley 4/1999, promoviendo los estilos de vida saludables, estableciendo compromisos con el Estado y la sociedad civil, para generar los cambios culturales que se necesitan, en los cuales se respete a la mujer y al hombre como seres humanos.
Se requiere el compromiso del Ministerio de la Mujer para atender de forma eficaz la situación de las mujeres, porque es la situación de la familia. Donde hay familias sanas y con valores, repercuten en un Estado democrático, respetuoso de las leyes y la humanidad. Se debe hacer de la misma forma diligente, como cualquier otro tema del Estado, porque urge una sociedad en igualdad de condiciones.
El Capítulo de Panamá de la International Coaching Federation –ICF es una asociación sin fines de lucro, comprometida con el fomento y la difusión de la práctica profesional y ética del coaching. Está afiliada a la International Coaching Federation-ICF, la organización global más grande y reconocida de Coaching.
Panamá es signataria de casi todos los convenios, protocolos y herramientas en materia de derechos humanos, que guardan relación con la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, niños, niñas en su inmensa diversidad. Nos referimos a la diversidad, cuando las políticas hacen referencia a poblaciones específicas, es decir, aquellas poblaciones (que son discriminadas y violentadas), pero con énfasis en sus etnias, edad, discapacidad, condición social y situación migratoria, entre otras.
Desde el año 1999, Panamá cuenta con la Ley de Igualdad de Oportunidades, como la política pública del Estado sobre la igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres, la cual entre sus objetivos está lograr la integración de las mujeres en el desarrollo político, social, económico y cultural, así como su participación en todos los procesos de toma de decisiones del Estado, a través de estructuras y capacitación adecuada.
Esta ley define la discriminación como el trato desigual que se le da a las personas y hace énfasis en la discriminación en contra de las mujeres, cuando se les excluye o se restringen sus derechos y libertades fundamentales, por el hecho de ser mujer. Esta discriminación puede darse a través de leyes, resoluciones o reglamentos que incluyen privilegios de los hombres sobre las mujeres.
También contiene un capítulo de grupos de especial interés y desarrolla políticas específicas para las niñas, las mujeres jóvenes, las adultas mayores, indígenas, campesinas, afropanameñas, con discapacidad y mujeres privadas de libertad. Éste impone una serie de obligaciones al Estado, para el cumplimiento del objetivo de alcanzar la igualdad de oportunidades para las mujeres.
A pesar de contar con esta herramienta legal, se siguen dando actos de discriminación y violencia contra las mujeres, lo que ha obligado a la creación de nuevas políticas públicas, muchas de las cuales luego de ser aprobadas, quedan como una más, porque no ha existido un verdadero compromiso de Estado, en atacar las profundas situaciones y desigualdades que generan esta violencia. En este sentido, Panamá ha dado un paso importante a través de la Ley 375 del 8 de marzo de 2023, que crea el Ministerio de la Mujer.
Es de suma importancia entender que para poder establecer, implementar las acciones y darle seguimiento a las distintas formas de violencia contra la mujer, se debe contar con una estructura y presupuesto que tengan la capacidad de garantizar el cumplimiento de las políticas, planes, programas, proyectos y campañas de sensibilización y formación en prevención, detección, evaluación y erradicación de la violencia contra la mitad de la población, las mujeres.
Y, ¿por qué un Ministerio de la Mujer y no del “hombre”? Porque el resto de los ministerios y la estructura general del Estado, han sido creados para implementar políticas desde lo masculino, han sido diseñadas desde una mayoría de hombres, con perspectiva y mirada desde lo androcéntrico. Las mujeres han tenido poca participación en esos espacios de toma de decisión. Es decir, a pesar de que hay mujeres (una minoría) en los espacios de toma de decisiones, las decisiones terminan siendo tomadas desde las necesidades y conveniencias masculinas. Eso ha ocurrido aquí y en la mayoría de los países de nuestra región, porque la participación femenina ha sido históricamente limitada.
Por lo anterior, la creación del Ministerio de la Mujer llena un importante vacío en materia de atención integral de la situación de los derechos de las mujeres, la cual debe ser de forma transversal por parte de todo el engranaje del Estado. Se debe dar seguimiento a cada una de las políticas interinstitucionales para la atención eficaz de las muchas problemáticas como la violencia doméstica y la violación sexual, que constituyen uno de los flagelos más preocupantes en la sociedad; así como también al embarazo adolescente y el acoso sexual, entre otras tantas situaciones que afectan tanto a mujeres, niños y niñas; y los femicidios, que son el extremo de la violencia contra la mujer.
Es importante contar con el Ministerio de la Mujer, porque los derechos humanos tienen que ser abordados de forma integral, ejecutando políticas públicas como la Ley 4/1999, promoviendo los estilos de vida saludables, estableciendo compromisos con el Estado y la sociedad civil, para generar los cambios culturales que se necesitan, en los cuales se respete a la mujer y al hombre como seres humanos.
Se requiere el compromiso del Ministerio de la Mujer para atender de forma eficaz la situación de las mujeres, porque es la situación de la familia. Donde hay familias sanas y con valores, repercuten en un Estado democrático, respetuoso de las leyes y la humanidad. Se debe hacer de la misma forma diligente, como cualquier otro tema del Estado, porque urge una sociedad en igualdad de condiciones.