Lanzan protocolo para prevenir la violencia hacia la mujer en la política

La violencia hacia la mujer dentro del hogar es la más comentada por la sociedad, pero no es la única, otra muy latente es en la esfera política. Para disminuir esta flagelo el Ministerio de la Mujer lanzó el Protocolo Interinstitucional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política en Panamá.

“Servirá muchísimo a todas las candidatas en la contienda que viene, porque muchas mujeres son víctimas de violencia y no saben identificar. [El protocolo establece] cómo pueden ir y dónde hacer las denuncias”, explicó Ibeth Pérez, encargada de la dirección de Derechos Humanos del Ministerio de la Mujer a La Estrella de Panamá.

Las declaraciones de la funcionaria se dieron en medio del foro ‘Derechos humanos de las mujeres’, un evento realizado por dicha entidad este miércoles en el Hotel Marriot, ciudad de Panamá. Este evento fue propicio para realizar el lanzamiento oficial del protocolo que previene y orienta a la mujer en temas relacionados a la violencia política.

En ese sentido, una de las principales formas en la cual es violentada la mujer en la política es en las redes sociales, de acuerdo con Pérez. “La violencia política es un tipo de violencia que muchas veces se normaliza. Entonces no se hacen los trámites necesarios para hacer una denuncia o buscar resarcir esta violencia hacia las mujeres. Considero que hay mucho desconocimiento”.

Los ataques, el hostigamiento, el maltrato, la hostilidad, la violencia que puede experimentar una mujer que participa en política, al competir por un cargo o ejercerlo, no es muy distinta de la que pueden sufrir las mujeres, en general, en su casa, su trabajo, la escuela, la comunidad: agresiones físicas, ataques sexuales; humillaciones, descalificación y ofensas que impactan su vida psíquica; restricciones económicas, ataques simbólicos que degradan su imagen, detalla el protocolo que fue proporcionando durante el evento.

“Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el empleo de expresiones ofensivas o de una crítica dura hacia un(a) contendiente político no se traduce necesariamente en violencia política, toda vez que las expresiones fuertes son inherentes al debate político y los límites de la crítica son más amplios, lo que debe tomarse en cuenta al discernir sobre si determinada conducta, sobre todo referida a expresiones verbales, es o no violencia política, al tiempo que también debe ponderarse el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información”.

El documento hace énfasis cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer, es decir que la mujer es blanco de violencia por su pertenencia al sexo femenino, en virtud de lo que esto representa en términos simbólicos, atendiendo a prejuicios y estereotipos sexistas que asocian arbitrariamente a las mujeres con determinados roles y le asignan ciertos atributos, aparentemente incompatibles con el ejercicio del poder público.

El protocolo establece que la violencia política contra las mujeres tiene múltiples manifestaciones, que van desde crear un ambiente hostil expresado en desconfianza, descalificación, ridiculización, bromas hirientes, restricción del uso de la palabra, agresiones verbales, minusvaloración de sus aportaciones, hostigamiento, coacción, obstaculización de su trabajo. Hasta ataques físicos, acoso y hostigamiento sexual, amenazas, difamación, presión para que renuncie al cargo o a la candidatura, secuestro e incluso privación de la vida por participar en la política.

Según el protocolo, cualquier persona, grupo de personas, incluyendo al propio Estado, pueden ser susceptibles de ejercer violencia política contra las mujeres, ya sea por acción o por omisión.

Ibeth Pérez, encargada de la dirección de Derechos Humanos del Ministerio de la Mujer ponderó el hecho de que este protocolo establece que la mujer que sufre de violencia tiene derecho a denunciar ante los entes competentes, ya sea en la Fiscalía Electoral o el Ministerio Público.

Entre las medidas de prevención se encuentra el hacer campañas de sensibilización y prevención de la violencia política contra la mujer, formación, capacitación y educación sobre violencia política contra la mujer.

También la creación del Sistema Nacional de Información y Estadísticas sobre la Participación Política de las Mujeres y la Incidencia de la Violencia Política. Este sistema incluirá datos sobre la participación electoral, desagregados por tipo de cargo, sexo de la persona titular y su suplente, ubicación geográfica, edad, etnia, nivel educativo, situación de discapacidad, entre otros. Además deberá tener información sobre los casos de violencia política atendidos por las autoridades, especificando tipo de responsabilidad, medio interpuesto, medidas otorgadas, resoluciones, fallos judiciales, votos particulares y concurrentes, sanciones y, de ser el caso, jurisprudencia generada sobre la materia.

El Protocolo Interinstitucional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la violencia contra las Mujeres en la Vida Política en Panamá establece los protocolos de atención a las víctimas de violencia. Inclusive cómo deberá ser la atención en áreas comarcales, tierras colectivas y territorios indígenas.

Durante el foro ‘Derechos Humanos de las Mujeres’ distintos panelistas participaron de temas relacionados a derechos humanos de las mujeres. Una de las conferencistas fue la exfiscal Superior Coordinadora de Homicidios y Femicidios de San Miguelito y especialista en delitos contra la violencia de género, Maruquel Castroverde.

De acuerdo con Castroverde, entre las principales barreras que enfrentan las mujeres para encontrar soluciones en situaciones que vulneren sus derechos se encuentra “la falta de capacitación y sensibilización en el espectro multifacético de la violencia basada en género”.

“El recurso humano que atiende estos casos debe no sólo contar con conocimientos técnicos sino haber pasado por un proceso de selección que cuente con equipo que examine su perfil, competencias, fortalezas y debilidades para estar allí con una responsabilidad que no es solo funcional sino humana porque de su cabal cumplimiento, -observando cabal y permanentemente el estándar de la debida diligencia reforzada- podría depender salvar una vida o ahondar el daño sufrido para siempre”, agregó a este medio.