La crisis del Seguro Social

El país se encuentra enterado de la crisis que azota a la Caja de Seguro Social. Se ha anunciado en todos los tonos que, de no surgir políticas rectificadoras, mediante ley, la primera entidad social sucumbiría y entrarían en quiebra algunos servicios.

La crisis institucional de los seguros sociales producida por el abuso y la imprevisión (corrupciones, errores administrativos, deficiencias actuariales), ya ha aparecido en otras sociedades y las convulsiones populares provocadas han sido terribles. Es aconsejable estudiar todo lo ocurrido en la Argentina y en México con motivo del colapso de las prestaciones sociales. No hay crimen mayor del Estado que dejar en el desamparo a la población asegurada. Como se sabe, el mayor porcentaje de beneficiarios de la Caja pertenece a la clase popular, la que no tiene otra alternativa para hacerle frente a sus males que acogerse a la sanidad pública.

La naturaleza de la crisis ha trascendido a entidades internacionales, como la ONU, que tienen un concepto muy claro de la tragedia que se cierne sobre la desventurada población asegurada. Previsoramente, como corresponde, han convocado a las tres fuerzas pilares de la organización social para buscar soluciones consensuadas. Si bien no se han acordado recetas finales para todo, ha quedado entre los dialogantes la fría percepción de que el máximo estamento de seguridad se encuentra en los umbrales de la agonía.

“La Caja de Seguro Social representa la iniciativa más trascendente del siglo XX en materia de protección, salud y seguridad del pueblo”.

Si las partes no obtienen los acuerdos sobre las soluciones que deben adoptarse, hay una responsabilidad superior, la del Estado, y en virtud de ella debe dar curso a aquella alternativa que, a su juicio, es la más idónea para conjurar la tormenta que todos los panameños presienten, pero no se impide institucionalmente su curso de final apocalíptico.

Si el paciente, para su recuperación, exige alta cirugía, si se trata de amputar órganos o servicios o si se trata de insertar trasplantes de urgencia, el protagonismo estatal no debe refugiarse en la censurable política del avestruz.

Las soluciones oficiales deben estar dirigidas a salvar el Seguro Social como un ente público sin vocación de lucro. Todos los servicios que ofrece el Seguro Social deben salvarse, vigorizarse, previo replanteamiento de la magnitud de los deberes de empleadores y asegurados, sin dejar de racionalizar el renglón de los derechos, tan descomedida y demagógicamente abultados, pero todo al compás de una política ejemplar de los gobernantes, de modo que el pueblo adquiera conciencia de que quien ejerce el mando tiene autoridad moral para exigir sacrificios.

El Seguro Social no puede ser, nunca más, como ocurría durante la dictadura, ni la caja menuda de la fuerza pública ni la caja fuerte de los gobiernos intoxicados de burocracia. Ni debe alimentar con sus depósitos bancarios las inversiones de los grandes capitalistas, sin mayores réditos por el uso de sus bienes.