Democratización radiofónica y el ejercicio de la libertad de expresión
- 18/02/2024 00:00
- 17/02/2024 11:35
Tanto el Estado y la autoridad reguladora, así como las empresas de radiodifusión, profesionales, académicos, expertos y estudiantes en el campo de la comunicación, podemos contribuir a aumentar la comprensión de la ciudadanía sobre su funcionamiento a través de contenido informativo y de sensibilización ante la creciente propagación de información intencionadamente falsa, incompleta o desorientadora En 2011, la Conferencia General de la UNESCO proclamó el 13 de febrero como el “Día Mundial de la Radio”, coincidiendo con la fecha en que la ONU fundó su emisora en 1946 y resaltando el valor democrático de la radio como medio efectivo para ejercer el derecho a la libertad de expresión. Este organismo apoya y fomenta las radios comunitarias en todo el mundo y a su vez, reconoce y comprende la naturaleza independiente de las empresas radiofónicas. Cada país maneja una política diferente. Podría decirse que, en la actualidad, Panamá se orienta más hacia una “política de telecomunicaciones” que hacia una “política de medios”, ya que se presta mayor atención a los temas de infraestructura, mercado, competencia y regulación, con el objetivo de promover el bienestar económico del país y la inversión privada.
Este año, la celebración promueve el lema “Un siglo informando, entreteniendo y educando”. En un comunicado publicado en su sitio web oficial, la directora general de la organización subraya que, a pesar de la creciente influencia de Internet y las redes sociales, la radio sigue siendo una fuente primordial de información y entretenimiento. Destaca que la radio llega donde otros medios no pueden, refiriéndose a la población que aún no tiene acceso a una conexión decente a Internet. También resalta que “la radio puede ser la voz de los sin voz”, al permitir que todas las personas y comunidades se expresen y muestren la diversidad de sus culturas.
Ante esta afirmación, me pregunto ¿qué tan real es este acceso en nuestro país, si las concesiones de servicio de radio abierta son mayormente destinadas a empresas comerciales, con fines de lucro? Desde este contexto, llamo a la reflexión, sabiendo que muchas personas tenemos voz, pero no todas tenemos las mismas oportunidades de ser escuchadas y difundidas por la radio comercial. Para obtener una concesión de servicio público sin fines de lucro, o sea para propósitos educativos, religiosos, entre otros, se deben cumplir con requisitos de solvencia, capacidad financiera, capacidad y experiencia técnica y administrativa.
En cuanto a la regulación de contenidos, toda ley que intente conceder facultad al poder Ejecutivo para imponer multas o sanciones, es considerada una extralimitación de sus funciones, hasta el extremo de considerarse censura previa. No obstante, las empresas mediáticas convienen acuerdos de autoregulación que consideran efectivos. En ese aspecto, considero relevante revisar estos convenios, a la luz de nuestro ordenamiento jurídico y los convenios internacionales en materia de contenidos en medios de comunicación.
Es fundamental conocer cómo funciona la Junta de Autorregulación de las Empresas de Radiodifusión, quiénes la conforman y qué criterios establece para orientar la programación de radio. Además, es importante destacar que, a través de la divulgación en medios de comunicación, conocer el pasado nos permite incidir en el presente y asegurarnos de que ningún interés privado y/o externo esté por encima del acceso de la ciudadanía a estos espacios. Es crucial tener presente la historia del activismo mediático de las voces que dieron vida a la emisora Radio Experimental en 1933, conocida como Radio Tembleque, debido a que su señal iba y venía. La Zona del Canal exigió la intervención del gobierno panameño para suspender este intento, e incluso la policía desmanteló la casa donde transmitían. Este suceso dio lugar a que un año después, se alcanzara la soberanía radial con la firma de un convenio que facultaba al Istmo para instalar emisoras en el país, con la garantía de que no representaran una amenaza para la seguridad del Canal, administrado por los Estados Unidos.
El Decreto No. 170, de 20 de diciembre de 1934, reglamentaba el funcionamiento de las estaciones radiodifusoras y señalaba obligaciones de carácter social, como prohibir la difusión de noticias falsas, pláticas, conferencias e informes susceptibles de causar, sugerir o incitar alteraciones del orden público (Guardia, Mónica, 14 de agosto de 2022, La Estrella de Panamá).
En este aspecto, tanto el Estado y la autoridad reguladora, así como las empresas de radiodifusión, profesionales, académicos, expertos y estudiantes en el campo de la comunicación, podemos contribuir a aumentar la comprensión de la ciudadanía sobre su funcionamiento a través de contenido informativo y de sensibilización ante la creciente propagación de información intencionadamente falsa, incompleta o desorientadora.
El camino hacia una radio más accesible, representativa y abierta a una variedad de voces y opiniones sugiere moderar la discusión pública, para abordar la importancia del acceso a radioescuchas a emitir su opinión desde estos espacios y la responsabilidad civil y penal que esto conlleva.
En 2011, la Conferencia General de la UNESCO proclamó el 13 de febrero como el “Día Mundial de la Radio”, coincidiendo con la fecha en que la ONU fundó su emisora en 1946 y resaltando el valor democrático de la radio como medio efectivo para ejercer el derecho a la libertad de expresión. Este organismo apoya y fomenta las radios comunitarias en todo el mundo y a su vez, reconoce y comprende la naturaleza independiente de las empresas radiofónicas. Cada país maneja una política diferente. Podría decirse que, en la actualidad, Panamá se orienta más hacia una “política de telecomunicaciones” que hacia una “política de medios”, ya que se presta mayor atención a los temas de infraestructura, mercado, competencia y regulación, con el objetivo de promover el bienestar económico del país y la inversión privada.
Este año, la celebración promueve el lema “Un siglo informando, entreteniendo y educando”. En un comunicado publicado en su sitio web oficial, la directora general de la organización subraya que, a pesar de la creciente influencia de Internet y las redes sociales, la radio sigue siendo una fuente primordial de información y entretenimiento. Destaca que la radio llega donde otros medios no pueden, refiriéndose a la población que aún no tiene acceso a una conexión decente a Internet. También resalta que “la radio puede ser la voz de los sin voz”, al permitir que todas las personas y comunidades se expresen y muestren la diversidad de sus culturas.
Ante esta afirmación, me pregunto ¿qué tan real es este acceso en nuestro país, si las concesiones de servicio de radio abierta son mayormente destinadas a empresas comerciales, con fines de lucro? Desde este contexto, llamo a la reflexión, sabiendo que muchas personas tenemos voz, pero no todas tenemos las mismas oportunidades de ser escuchadas y difundidas por la radio comercial. Para obtener una concesión de servicio público sin fines de lucro, o sea para propósitos educativos, religiosos, entre otros, se deben cumplir con requisitos de solvencia, capacidad financiera, capacidad y experiencia técnica y administrativa.
En cuanto a la regulación de contenidos, toda ley que intente conceder facultad al poder Ejecutivo para imponer multas o sanciones, es considerada una extralimitación de sus funciones, hasta el extremo de considerarse censura previa. No obstante, las empresas mediáticas convienen acuerdos de autoregulación que consideran efectivos. En ese aspecto, considero relevante revisar estos convenios, a la luz de nuestro ordenamiento jurídico y los convenios internacionales en materia de contenidos en medios de comunicación.
Es fundamental conocer cómo funciona la Junta de Autorregulación de las Empresas de Radiodifusión, quiénes la conforman y qué criterios establece para orientar la programación de radio. Además, es importante destacar que, a través de la divulgación en medios de comunicación, conocer el pasado nos permite incidir en el presente y asegurarnos de que ningún interés privado y/o externo esté por encima del acceso de la ciudadanía a estos espacios. Es crucial tener presente la historia del activismo mediático de las voces que dieron vida a la emisora Radio Experimental en 1933, conocida como Radio Tembleque, debido a que su señal iba y venía. La Zona del Canal exigió la intervención del gobierno panameño para suspender este intento, e incluso la policía desmanteló la casa donde transmitían. Este suceso dio lugar a que un año después, se alcanzara la soberanía radial con la firma de un convenio que facultaba al Istmo para instalar emisoras en el país, con la garantía de que no representaran una amenaza para la seguridad del Canal, administrado por los Estados Unidos.
El Decreto No. 170, de 20 de diciembre de 1934, reglamentaba el funcionamiento de las estaciones radiodifusoras y señalaba obligaciones de carácter social, como prohibir la difusión de noticias falsas, pláticas, conferencias e informes susceptibles de causar, sugerir o incitar alteraciones del orden público (Guardia, Mónica, 14 de agosto de 2022, La Estrella de Panamá).
En este aspecto, tanto el Estado y la autoridad reguladora, así como las empresas de radiodifusión, profesionales, académicos, expertos y estudiantes en el campo de la comunicación, podemos contribuir a aumentar la comprensión de la ciudadanía sobre su funcionamiento a través de contenido informativo y de sensibilización ante la creciente propagación de información intencionadamente falsa, incompleta o desorientadora.
El camino hacia una radio más accesible, representativa y abierta a una variedad de voces y opiniones sugiere moderar la discusión pública, para abordar la importancia del acceso a radioescuchas a emitir su opinión desde estos espacios y la responsabilidad civil y penal que esto conlleva.