Una multa de 100 dólares por ladridos de perros domésticos causa polémica en Arraiján
- 12/11/2024 17:10
- 12/11/2024 17:02
A juicio de la Comunidad Proteccionista de Animales las consecuencias de la norma serán más abandonos de mascotas El Municipio de Arraiján estableció una multa de 100 dólares por el ruido de más de 50 decibelios que causen animales domésticos entre las seis de la tarde y las siete de la mañana, lo que ha desatado una polémica en el país y el rechazo de activistas, que apuntan a los perros como el objeto de la normativa.
El decreto firmado por la alcaldesa de Arraiján, Stefany Dayan Peñalba, publicado en la Gaceta Oficial del 31 de octubre pasado y difundido este martes 12 de noviembre por medios locales, establece como una falta que se sanciona con 100 dólares el “ruido en residenciales y/o edificios por animales en los mismos de 6:00 p.m. a 7:00 a.m.”, citando como límite permitido “los 50 decibelios”.
Esta norma ha llamado la atención de los defensores de los animales, que han centrado el debate en el ladrido de los perros.
“La Comunidad Proteccionista de Animales en Panamá dice NO al presunto Decreto de Ley de la Alcaldía de Arraiján que pretende sancionar con multas a los propietarios de mascotas que dejen que sus perros ladren después de las 6:00 p.m.”, expresó esa organización este martes en sus redes sociales.
A juicio de la Comunidad Proteccionista de Animales, las consecuencias de esta normativa “totalmente absurda (...) serán más abandono y maltrato de animales” en el país centroamericano.
Los ladridos son un acto natural, por lo que no se les puede impedir que lo hagan, no se pueden modular pero se puede intentar reconocer por qué ladran los perros y en base a esto tomar las medidas para calmarlos, añade la asociación.
El grupo Defensores de Animales Panamá alertó por su parte que “el ladrido de un perro puede variar de volumen dependiendo del tamaño, la raza y temperamento del animal, pero en general, se estima que los ladridos de perros suelen alcanzar entre los 60 y los 90 decibeles (dB)”
“Hasta el ladrido de un chihuahua sobrepasa los límites que ellos establecen, prácticamente todos aquellos que tenemos mascotas en casa sobrepasaríamos la norma que ellos imponen”, se puede leer en redes sociales.
El Decreto No. 08 de la Alcaldía de Arraiján establece en total 101 faltas administrativas. Algunas que atañen a los animales, como la del ruido que puedan causar o también la de “no evidenciar el chip, código QR, aretera o el medio correspondiente que permita identificar y determinar los datos del animal, sea doméstico o de corral, incluyendo los de su titular”, lo que acarrea una multa de 500 dólares por animal.
“No recoger las excretas de los animales a su cargo” generará al responsable una multa de 100 dólares, indica el Decreto No. 08, que establece más castigos pecuniarios por el ruido excesivo provocados por comercios o la construcción, y hasta multas de entre 100 y 500 dólares por “no portar documento de identidad vigente”.
El abogado y diputado panameño, Ernesto Cedeño, dijo en sus redes sociales que el decreto alcaldicio es “ilegal en gran parte”, e hizo un llamado a la Procuraduría de la Administración de Panamá para que imparta cursos sobre gobierno local porque “esto se está saliendo de control”.
El Municipio de Arraiján estableció una multa de 100 dólares por el ruido de más de 50 decibelios que causen animales domésticos entre las seis de la tarde y las siete de la mañana, lo que ha desatado una polémica en el país y el rechazo de activistas, que apuntan a los perros como el objeto de la normativa.
El decreto firmado por la alcaldesa de Arraiján, Stefany Dayan Peñalba, publicado en la Gaceta Oficial del 31 de octubre pasado y difundido este martes 12 de noviembre por medios locales, establece como una falta que se sanciona con 100 dólares el “ruido en residenciales y/o edificios por animales en los mismos de 6:00 p.m. a 7:00 a.m.”, citando como límite permitido “los 50 decibelios”.
Esta norma ha llamado la atención de los defensores de los animales, que han centrado el debate en el ladrido de los perros.
“La Comunidad Proteccionista de Animales en Panamá dice NO al presunto Decreto de Ley de la Alcaldía de Arraiján que pretende sancionar con multas a los propietarios de mascotas que dejen que sus perros ladren después de las 6:00 p.m.”, expresó esa organización este martes en sus redes sociales.
A juicio de la Comunidad Proteccionista de Animales, las consecuencias de esta normativa “totalmente absurda (...) serán más abandono y maltrato de animales” en el país centroamericano.
Los ladridos son un acto natural, por lo que no se les puede impedir que lo hagan, no se pueden modular pero se puede intentar reconocer por qué ladran los perros y en base a esto tomar las medidas para calmarlos, añade la asociación.
El grupo Defensores de Animales Panamá alertó por su parte que “el ladrido de un perro puede variar de volumen dependiendo del tamaño, la raza y temperamento del animal, pero en general, se estima que los ladridos de perros suelen alcanzar entre los 60 y los 90 decibeles (dB)”
“Hasta el ladrido de un chihuahua sobrepasa los límites que ellos establecen, prácticamente todos aquellos que tenemos mascotas en casa sobrepasaríamos la norma que ellos imponen”, se puede leer en redes sociales.
El Decreto No. 08 de la Alcaldía de Arraiján establece en total 101 faltas administrativas. Algunas que atañen a los animales, como la del ruido que puedan causar o también la de “no evidenciar el chip, código QR, aretera o el medio correspondiente que permita identificar y determinar los datos del animal, sea doméstico o de corral, incluyendo los de su titular”, lo que acarrea una multa de 500 dólares por animal.
“No recoger las excretas de los animales a su cargo” generará al responsable una multa de 100 dólares, indica el Decreto No. 08, que establece más castigos pecuniarios por el ruido excesivo provocados por comercios o la construcción, y hasta multas de entre 100 y 500 dólares por “no portar documento de identidad vigente”.
El abogado y diputado panameño, Ernesto Cedeño, dijo en sus redes sociales que el decreto alcaldicio es “ilegal en gran parte”, e hizo un llamado a la Procuraduría de la Administración de Panamá para que imparta cursos sobre gobierno local porque “esto se está saliendo de control”.