“Sistema bancario se usó para perseguir”: Suntracs tras archivo de investigación por cuentas
- 06/09/2024 00:00
- 05/09/2024 19:53
Según la defensa del sindicato, se presentarán las demandas a las partes involucradas en lo que calificaron como un ‘ataque’ al grupo de trabajadores de la construcción La investigación contra las cuentas bancarias del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) quedó archivada por el Ministerio Público (MP).
De acuerdo cona Antonio Vargas, abogado del grupo de trabajadores, desde el pasado 30 de agosto, la Fiscalía de Crimen Organizado del MP desistió de seguir investigando después de que se llegara a la “conclusión inalterable e ineludible” de que no existe un solo elemento que pueda constituir delito de blanqueo de capitales.
Vargas explicó que el pasado 5 de enero la Unidad de Análisis Financiero (UAF) emitió un informe a la Procuraduría de la Nación relacionado con el manejo de las cuentas bancarias del sindicato. Esto luego de que la Caja de Ahorros cerrara en noviembre del año pasado las cuentas del Suntracs y que en su momento se informó que era por “movimientos sospechosos” de fondos para el supuesto “financiamiento de actividades de terrorismo”, todo en medio del estallido antiminero contra el contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá.
“Queda claro que la medida adoptada por la Caja de Ahorros tenía un fundamento eminentemente político. Ha quedado evidenciado que el sistema bancario panameño es utilizado políticamente para perseguir, en este caso una organización sindical, que estaba en aquel momento enfrentando una lucha contra un contrato inconstitucional”, argumentó Vargas.
Además del cierre de las cuentas del Suntracs, también fueron cerradas las cuentas de la cooperativa del sindicato, así como cuentas personales de miembros de la organización.
Denunciaron además que durante estos siete meses de investigación tampoco se les permitió abrir cuentas de persona natural a ninguno de los integrantes en ningún banco del país.
La defensa del Suntracs también señaló que hasta el momento el MP no le ha brindado la copia del informe de la UAF, por lo que no han podido ver las acusaciones en su contra en la que se alega influencias extranjeras y criminales en las cuentas del sindicato.
Para Saúl Méndez, secretario general del Suntracs, el presidente y vicepresidente de la pasada administración, Juan Melillo, exgerente general de la Caja de Ahorros y el director del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop), Edwin Navarro, son los responsables de la “persecución delincuencial” contra el Suntracs.
Pasos a seguir Según la defensa del Suntracs, se planea poner las respectivas demandas a las partes involucradas en lo que calificaron como un “ataque”. Vargas menciona que no lo habían hecho anteriormente porque primero necesitaban hacer “acopio de elementos jurídicos que demostraran la falacia” de lo que había reportado la UAF en su momento.
El abogado señaló que primeramente se presentará una demanda en contra del Estado Panameño, la Caja de Ahorro y el Ipacoop ante la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El cierre de las cuentas tuvo lugar durante las protestas contra el contrato entre el Estado y Minera Panamá en noviembre de 2023. Entonces, Suntracs era uno de los sindicatos que adversaba el contrato.
La investigación contra las cuentas bancarias del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) quedó archivada por el Ministerio Público (MP).
De acuerdo cona Antonio Vargas, abogado del grupo de trabajadores, desde el pasado 30 de agosto, la Fiscalía de Crimen Organizado del MP desistió de seguir investigando después de que se llegara a la “conclusión inalterable e ineludible” de que no existe un solo elemento que pueda constituir delito de blanqueo de capitales.
Vargas explicó que el pasado 5 de enero la Unidad de Análisis Financiero (UAF) emitió un informe a la Procuraduría de la Nación relacionado con el manejo de las cuentas bancarias del sindicato. Esto luego de que la Caja de Ahorros cerrara en noviembre del año pasado las cuentas del Suntracs y que en su momento se informó que era por “movimientos sospechosos” de fondos para el supuesto “financiamiento de actividades de terrorismo”, todo en medio del estallido antiminero contra el contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá.
“Queda claro que la medida adoptada por la Caja de Ahorros tenía un fundamento eminentemente político. Ha quedado evidenciado que el sistema bancario panameño es utilizado políticamente para perseguir, en este caso una organización sindical, que estaba en aquel momento enfrentando una lucha contra un contrato inconstitucional”, argumentó Vargas.
Además del cierre de las cuentas del Suntracs, también fueron cerradas las cuentas de la cooperativa del sindicato, así como cuentas personales de miembros de la organización.
Denunciaron además que durante estos siete meses de investigación tampoco se les permitió abrir cuentas de persona natural a ninguno de los integrantes en ningún banco del país.
La defensa del Suntracs también señaló que hasta el momento el MP no le ha brindado la copia del informe de la UAF, por lo que no han podido ver las acusaciones en su contra en la que se alega influencias extranjeras y criminales en las cuentas del sindicato.
Para Saúl Méndez, secretario general del Suntracs, el presidente y vicepresidente de la pasada administración, Juan Melillo, exgerente general de la Caja de Ahorros y el director del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop), Edwin Navarro, son los responsables de la “persecución delincuencial” contra el Suntracs.
Según la defensa del Suntracs, se planea poner las respectivas demandas a las partes involucradas en lo que calificaron como un “ataque”. Vargas menciona que no lo habían hecho anteriormente porque primero necesitaban hacer “acopio de elementos jurídicos que demostraran la falacia” de lo que había reportado la UAF en su momento.
El abogado señaló que primeramente se presentará una demanda en contra del Estado Panameño, la Caja de Ahorro y el Ipacoop ante la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).