Senafront sabía de campamento de migrantes, denuncian autoridades emberá-wounaan
- 05/09/2024 00:00
- 04/09/2024 20:29
Autoridades comarcales se defienden de las acusaciones de la Policía fronteriza y señalan que la comarca empezó con la ayuda humanitaria desde la administración gubernamental pasada El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el gobierno conocían de antemano las actividades dentro del campamento de migrantes irregulares en la comarca Emberá-Wounaan. Es lo que alegan las autoridades comarcales ante las acusaciones de la autoridad fronteriza a partir de los hallazgos en la operación ‘Arcángel Miguel’.
Según las declaraciones oficiales del Senafront, este lugar de descanso para migrantes “es producto de la explotación de las economías ilícitas circulares que lucran del sufrimiento y desesperación de los migrantes que son guiados por coyotes hasta este punto desde las costas del caribe”.
Por su parte, las autoridades comarcales como el Congreso General y el cacique general de Emberá-Wounaan no avalan estas acusaciones y señalan que castigan acciones de este tipo, así como aquellas que atentan contra la vida humana y contaminan el ambiente dentro la comarca.
“No es ilegal, todos ellos tenían conocimiento. Me extraña que el comisionado [de Senafront] llegue al lugar y difunda en todo Panamá que hay un ‘campamento clandestino’, ahí claramente veo que nos quieren judicializar o nos quieren desconocer, porque no están conformes con que dentro de la comarca haya una autoridad que manda en el territorio”, dijo Leonides Cunampia, cacique general de la comarca Emberá-Wounaan, en una conversación exclusiva con La Estrella de Panamá.
El Senafront desglosó en su comunicado oficial que en el “campamento clandestino” se vendían víveres y se brindaban servicios de manera “ilegal” a los migrantes que pasaban por el Darién, en su recorrido hacia Estados Unidos. Además, las chozas contaban con artefactos tecnológicos, como antenas satelitales de Starlink, que de acuerdo a las autoridades podrían ser utilizadas para “facilitar actividades ilícitas en la región”.
Desde el gobierno de Laurentino Cortizo, el Senafront, bajo el mandato de Oriel Ortega, y la dirección de Darién del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), liderada por Enrique Castillo, ya sabían que la población indígena de la comarca brindaba ayuda humanitaria a los migrantes que llegaban desde la selva.
Principalmente, se empezó a dar esta ayuda en la comarca porque el largo recorrido que se inicia desde Necoclí, Colombia, hasta llegar a Metetí en Darién, es una fase que dura casi una semana. Luego los migrantes deben pasar por otro recorrido de seis horas en bote o dos días a pie para llegar al campamento de las Naciones Unidas.
“La realidad es que cuando los migrantes llegan a algunos puntos de la comarca ya están casi muriéndose por hambre y por sed. Con base en esa realidad, desde el 2020, poco a poco la comunidad fue dando respuesta a quienes llegan en esa condición. Todo esto se ha hecho con el conocimiento del Senafront”, señaló Héctor Huertas González, abogado de la Corporación de Abogados Indígenas de Panamá (CAIP) a este medio.
Huertas también alega que desde el año 2022 las autoridades comarcales habían establecido conversaciones con Senafront y el Servicio Nacional de Migración (SNM) para establecer los mecanismos humanos correctos para afrontar la llegada de migrantes irregulares a la comarca. “Este tipo de campamentos se denominó [en su momento] ‘campamentos de auxilio’, porque debían ser momentáneos”, explicó.
Hasta el momento la decisión del Congreso General de la Comarca ha sido suspender momentáneamente las actividades de ayuda a los migrantes, pero si se quitan estos campamentos “gente va a morir” y nadie se hará responsable.
¿Cómo funcionaba el campamento? De acuerdo con Huertas, los migrantes solo se quedaban alrededor de un día dentro del campamento en la comarca, después salen en botes directamente a los campamentos de las Naciones Unidas. El campamento de la comarca queda cerca del bosque, con animales silvestres y donde no existe población cerca.
A los migrantes se les cobraba, según estos, “a un precio razonable” el transporte hasta el lugar de reposo de las Naciones Unidas así como por la comida. El campamento es vigilado por alrededor de una docena de personas de la comarca, estos tenían la tarea de avisar a los demás en la comarca sobre el movimiento de migrantes en el campamento para llevar los botes al río.
Estos mismos guían a los migrantes a las piraguas, que luego se dirigían a los puntos receptores de las Naciones Unidas en Lajas Blancas y Canaán.
Judicializaciones injustas Ambos representantes de la comarca también denunciaron ante La Decana el “encarcelamiento injusto” de menores de edad por parte del Senafront y otro tipo de abusos de autoridad. Según Huertas, jóvenes desde los 16 años quedan apresados y condenados a 16 años por supuesto tráfico de personas por “toparse con migrantes irregulares” dentro de sus actividades diarias como la pesca o la agricultura.
“Esto es un ataque directo a la institucionalidad del Congreso General y las autoridades tradicionales. Tenemos militarizada la comarca Emberá-Wounaan”, indicó.
El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el gobierno conocían de antemano las actividades dentro del campamento de migrantes irregulares en la comarca Emberá-Wounaan. Es lo que alegan las autoridades comarcales ante las acusaciones de la autoridad fronteriza a partir de los hallazgos en la operación ‘Arcángel Miguel’.
Según las declaraciones oficiales del Senafront, este lugar de descanso para migrantes “es producto de la explotación de las economías ilícitas circulares que lucran del sufrimiento y desesperación de los migrantes que son guiados por coyotes hasta este punto desde las costas del caribe”.
Por su parte, las autoridades comarcales como el Congreso General y el cacique general de Emberá-Wounaan no avalan estas acusaciones y señalan que castigan acciones de este tipo, así como aquellas que atentan contra la vida humana y contaminan el ambiente dentro la comarca.
“No es ilegal, todos ellos tenían conocimiento. Me extraña que el comisionado [de Senafront] llegue al lugar y difunda en todo Panamá que hay un ‘campamento clandestino’, ahí claramente veo que nos quieren judicializar o nos quieren desconocer, porque no están conformes con que dentro de la comarca haya una autoridad que manda en el territorio”, dijo Leonides Cunampia, cacique general de la comarca Emberá-Wounaan, en una conversación exclusiva con La Estrella de Panamá.
El Senafront desglosó en su comunicado oficial que en el “campamento clandestino” se vendían víveres y se brindaban servicios de manera “ilegal” a los migrantes que pasaban por el Darién, en su recorrido hacia Estados Unidos. Además, las chozas contaban con artefactos tecnológicos, como antenas satelitales de Starlink, que de acuerdo a las autoridades podrían ser utilizadas para “facilitar actividades ilícitas en la región”.
Desde el gobierno de Laurentino Cortizo, el Senafront, bajo el mandato de Oriel Ortega, y la dirección de Darién del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), liderada por Enrique Castillo, ya sabían que la población indígena de la comarca brindaba ayuda humanitaria a los migrantes que llegaban desde la selva.
Principalmente, se empezó a dar esta ayuda en la comarca porque el largo recorrido que se inicia desde Necoclí, Colombia, hasta llegar a Metetí en Darién, es una fase que dura casi una semana. Luego los migrantes deben pasar por otro recorrido de seis horas en bote o dos días a pie para llegar al campamento de las Naciones Unidas.
“La realidad es que cuando los migrantes llegan a algunos puntos de la comarca ya están casi muriéndose por hambre y por sed. Con base en esa realidad, desde el 2020, poco a poco la comunidad fue dando respuesta a quienes llegan en esa condición. Todo esto se ha hecho con el conocimiento del Senafront”, señaló Héctor Huertas González, abogado de la Corporación de Abogados Indígenas de Panamá (CAIP) a este medio.
Huertas también alega que desde el año 2022 las autoridades comarcales habían establecido conversaciones con Senafront y el Servicio Nacional de Migración (SNM) para establecer los mecanismos humanos correctos para afrontar la llegada de migrantes irregulares a la comarca. “Este tipo de campamentos se denominó [en su momento] ‘campamentos de auxilio’, porque debían ser momentáneos”, explicó.
Hasta el momento la decisión del Congreso General de la Comarca ha sido suspender momentáneamente las actividades de ayuda a los migrantes, pero si se quitan estos campamentos “gente va a morir” y nadie se hará responsable.
De acuerdo con Huertas, los migrantes solo se quedaban alrededor de un día dentro del campamento en la comarca, después salen en botes directamente a los campamentos de las Naciones Unidas. El campamento de la comarca queda cerca del bosque, con animales silvestres y donde no existe población cerca.
A los migrantes se les cobraba, según estos, “a un precio razonable” el transporte hasta el lugar de reposo de las Naciones Unidas así como por la comida. El campamento es vigilado por alrededor de una docena de personas de la comarca, estos tenían la tarea de avisar a los demás en la comarca sobre el movimiento de migrantes en el campamento para llevar los botes al río.
Estos mismos guían a los migrantes a las piraguas, que luego se dirigían a los puntos receptores de las Naciones Unidas en Lajas Blancas y Canaán.
Ambos representantes de la comarca también denunciaron ante La Decana el “encarcelamiento injusto” de menores de edad por parte del Senafront y otro tipo de abusos de autoridad. Según Huertas, jóvenes desde los 16 años quedan apresados y condenados a 16 años por supuesto tráfico de personas por “toparse con migrantes irregulares” dentro de sus actividades diarias como la pesca o la agricultura.
“Esto es un ataque directo a la institucionalidad del Congreso General y las autoridades tradicionales. Tenemos militarizada la comarca Emberá-Wounaan”, indicó.