Presentan denuncia contra el excontralor Gerardo Solís ante el Ministerio Público
- 23/01/2025 00:00
- 22/01/2025 19:24
En su rol de contralor, Solís ya había sido denunciado por no remitir auditorías al Ministerio Público, lo que provocó el cierre de investigaciones penales y de la Fiscalía de Cuentas Luego de que el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, informara de que al menos 166 solicitudes de auditoría forense, algunas de ellas presentadas hace casi una década, no han sido respondidas por la Contraloría General de la República, el diputado Jonathan Vega interpuso ayer una denuncia penal ante el Ministerio Público, en contra del excontralor, Gerardo Solís.
La información dada a conocer por Gómez fue comunicada en un primer encuentro que sostuvo con el nuevo contralor Anel Flores, el pasado jueves 17 de enero, a quien puso al tanto de las 166 solicitudes de auditorías que aún no han sido respondidas por esa institución.
Frente a esta situación, el diputado Vega acudió a la sede principal del Ministerio Público a presentar la denuncia contra el exfuncionario y señalar que pudo haber “negligencia, encubrimiento o falta de interés” por parte del excontralor al no haberse realizado estas 166 auditorías.
“Este es un tema que tiene que ver el Ministerio Público y nosotros como diputados de la República no solamente nos basamos en cuestionamientos en el pleno legislativo, sino que también es nuestra responsabilidad presentar las denuncias ante las entidades correspondientes”, indicó Vega.
Agregó que dentro de estas solicitudes puede haber auditorías sobre los manejos en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) o de cualquier otra institución, por lo que espera que el nuevo contralor las haga y que el Misterio Público también se encargue de realizar las investigaciones pertinentes, porque lo que el pueblo clama es justicia.
Destacó que la gente también espera del nuevo contralor que desarrolle su labor de fiscalización de los recursos del Estado como Dios manda; “ese es el mensaje”, apuntó.
Esta es la primera denuncia que ha sido presentada contra Solís luego de culminar su periodo el pasado 31 de 2024; no obstante, este ya había sido denunciado ante el Ministerio Público cundo ejercía el rol de contralor.
En abril de 2024, el abogado Abdiel González lo denunció por presuntas irregularidades relacionadas con los “auxilios económicos” otorgados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).
González en su denuncia solicitó la separación de Solís de su cargo y pedía una auditoría sobre el proceso de otorgamiento de estos “auxilios económicos”, tras argumentar que el entonces contralor pudo haber incurrido en acciones penales al no fiscalizar adecuadamente el uso de los fondos públicos relacionados con estos auxilios.
Mientras que, en agosto de 2024, el diputado Ernesto Cedeño denunció a Solís por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes públicos, tras acusarlo de no colaborar en el combate a la delincuencia al no remitir al Ministerio Público una serie de auditorías que provocaron el cierre de algunas investigaciones de carácter penal y de la Fiscalía de Cuentas.
Jonathan VegaDiputadoPudo haber negligencia, encubrimiento o falta de interés por parte del excontralor al no haberse realizado estas auditorías”.
Luego de que el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, informara de que al menos 166 solicitudes de auditoría forense, algunas de ellas presentadas hace casi una década, no han sido respondidas por la Contraloría General de la República, el diputado Jonathan Vega interpuso ayer una denuncia penal ante el Ministerio Público, en contra del excontralor, Gerardo Solís.
La información dada a conocer por Gómez fue comunicada en un primer encuentro que sostuvo con el nuevo contralor Anel Flores, el pasado jueves 17 de enero, a quien puso al tanto de las 166 solicitudes de auditorías que aún no han sido respondidas por esa institución.
Frente a esta situación, el diputado Vega acudió a la sede principal del Ministerio Público a presentar la denuncia contra el exfuncionario y señalar que pudo haber “negligencia, encubrimiento o falta de interés” por parte del excontralor al no haberse realizado estas 166 auditorías.
“Este es un tema que tiene que ver el Ministerio Público y nosotros como diputados de la República no solamente nos basamos en cuestionamientos en el pleno legislativo, sino que también es nuestra responsabilidad presentar las denuncias ante las entidades correspondientes”, indicó Vega.
Agregó que dentro de estas solicitudes puede haber auditorías sobre los manejos en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) o de cualquier otra institución, por lo que espera que el nuevo contralor las haga y que el Misterio Público también se encargue de realizar las investigaciones pertinentes, porque lo que el pueblo clama es justicia.
Destacó que la gente también espera del nuevo contralor que desarrolle su labor de fiscalización de los recursos del Estado como Dios manda; “ese es el mensaje”, apuntó.
Esta es la primera denuncia que ha sido presentada contra Solís luego de culminar su periodo el pasado 31 de 2024; no obstante, este ya había sido denunciado ante el Ministerio Público cundo ejercía el rol de contralor.
En abril de 2024, el abogado Abdiel González lo denunció por presuntas irregularidades relacionadas con los “auxilios económicos” otorgados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).
González en su denuncia solicitó la separación de Solís de su cargo y pedía una auditoría sobre el proceso de otorgamiento de estos “auxilios económicos”, tras argumentar que el entonces contralor pudo haber incurrido en acciones penales al no fiscalizar adecuadamente el uso de los fondos públicos relacionados con estos auxilios.
Mientras que, en agosto de 2024, el diputado Ernesto Cedeño denunció a Solís por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes públicos, tras acusarlo de no colaborar en el combate a la delincuencia al no remitir al Ministerio Público una serie de auditorías que provocaron el cierre de algunas investigaciones de carácter penal y de la Fiscalía de Cuentas.