Gobierno cierra filas contra protestas y huelga por reforma a la CSS
- 18/03/2025 18:12
- 18/03/2025 16:57
El Gobierno unifica la postura oficial frente a las críticas. Funcionarios de alto perfil salieron coordinadamente a defender la Ley 462 Las principales figuras del Gobierno han salido a defender la recién sancionada Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social (CSS), en lo que parece una búsqueda por consolidar el discurso oficial para contener las manifestaciones convocadas por las organizaciones sociales en el país.
Los grupos conformados por una variedad de sectores, entre los que destacan sindicatos, docentes, gremios médicos y estudiantes, anunciaron jornadas de protestas en rechazo a las reformas del Gobierno. Aseguran que estas “abren las puertas a la privatización” de la CSS y establece un modelo de cuentas individuales, que, en las condiciones de desigualdad e informalidad de Panamá, no garantiza pensiones dignas, como afirma el gobierno.
Entre ministros y otros funcionarios del Ejecutivo coinciden en rechazar las protestas, con posturas que oscilan entre reconocer el derecho a manifestarse, al tiempo que reafirman que “no existe justificación” para las mismas, hasta posiciones más duras que atribuyen los cierres y protestas a grupos que “buscan el caos”.
En contraste con los primeros meses en los que se discutía la entonces iniciativa de ley 163, la vocería en solidario la compartían los ministros de Economía, Felipe Chapman, el de Salud, Fernando Boyd Galindo y el director de la CSS, Dino Mon. Con un mensaje entrecortado y a veces errático, que pareció desgastar la imagen de los funcionarios, que se vio reflejado en la encuesta VEA Panamá, publicada en enero pasado por La Decana, donde aparecen por debajo de la media de aprobación de los encuestados sobre la actuación de los miembros del Gabinete.
Ahora, en menos de dos días, siete ministros salieron de manera simultánea en medios, incluyendo los titulares de Educación, del Canal, Comercio e Industrias y Gobierno. Un giro en la estrategia mediática del Ejecutivo.
“Llamar a una huelga o paralización, entrando a clases, cuando estamos empezando a mover la rueda para buscar bajar la tasa de desempleo, no es lo correcto (...) ¿por qué estamos paralizando el país?”, dijo hoy la ministra de Trabajo, Jakelín Muñoz, que meses antes mantenía un perfil bajo con el tema de la CSS pese a que la discusión de las pensiones está directamente relacionada con la situación laboral y salarial del país.
El lunes, el ministro de Comercio, Julio Moltó, ya adelantó un cálculo de las pérdidas económicas que según la entidad se tendrían con huelga. “Cada día que nosotros cerramos este país, Panamá pierde 90 millones de dólares”, manifestó en un medio televisivo, aunque sin precisar el origen de dichas cifras. “La ley mejora la atención al paciente, al menos que ellos quieran que eso sea lo que suceda, que probablemente crear un caos y enredar todo”, recalcó el ministro dentro de la nueva ofensiva oficial.
Golpe de efecto en redes
En redes sociales también hubo un alineamiento para mostrar una unidad monolítica en el discurso. Durante el fin de semana casi todos los ministerios compartieron en sus redes sociales un video institucional titulado “Las Verdades sobre la Nueva Ley”, en el que explican y defienden las “bondades” de la norma.
Instituciones que tradicionalmente están alejadas del tira y afloja político, como la Secretaría Nacional de Discapacidad o la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, también se enfilaron al colocar en sus historias de Instagram el mismo material.
Lo mismo hizo la Policía Nacional en esta misma red social, lo que generó cuestionamientos sobre la participación de la fuerzas pública en asuntos de carácter político. De acuerdo con el artículo 311 de la Constitución, los miembros de esta entidad no podrán hacer manifestaciones o declaraciones políticas en forma individual o colectiva.
Un despliegue que coincide con varias publicaciones de videos promocionales, donde se muestra la preparación de las unidades antidisturbios de la Policía ante eventuales protestas. Un mensaje que, según las autoridades, busca comunicar que la entidad está “lista” para servir a la población en estos momentos de tensión social, mientras que las organizaciones populares denuncian que es una campaña para “amedrentar” las protestas con “muestras de fuerzas represiva”.
Este martes el presidente Mulino en cadena nacional reafirmó la postura del Ejecutivo y el intento de cerrar filas en su administración, dejando claro que pese a los reclamos de las organizaciones populares, no se revisará la Ley 462.
Las principales figuras del Gobierno han salido a defender la recién sancionada Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social (CSS), en lo que parece una búsqueda por consolidar el discurso oficial para contener las manifestaciones convocadas por las organizaciones sociales en el país.
Los grupos conformados por una variedad de sectores, entre los que destacan sindicatos, docentes, gremios médicos y estudiantes, anunciaron jornadas de protestas en rechazo a las reformas del Gobierno. Aseguran que estas “abren las puertas a la privatización” de la CSS y establece un modelo de cuentas individuales, que, en las condiciones de desigualdad e informalidad de Panamá, no garantiza pensiones dignas, como afirma el gobierno.
Entre ministros y otros funcionarios del Ejecutivo coinciden en rechazar las protestas, con posturas que oscilan entre reconocer el derecho a manifestarse, al tiempo que reafirman que “no existe justificación” para las mismas, hasta posiciones más duras que atribuyen los cierres y protestas a grupos que “buscan el caos”.
En contraste con los primeros meses en los que se discutía la entonces iniciativa de ley 163, la vocería en solidario la compartían los ministros de Economía, Felipe Chapman, el de Salud, Fernando Boyd Galindo y el director de la CSS, Dino Mon. Con un mensaje entrecortado y a veces errático, que pareció desgastar la imagen de los funcionarios, que se vio reflejado en la encuesta VEA Panamá, publicada en enero pasado por La Decana, donde aparecen por debajo de la media de aprobación de los encuestados sobre la actuación de los miembros del Gabinete.
Ahora, en menos de dos días, siete ministros salieron de manera simultánea en medios, incluyendo los titulares de Educación, del Canal, Comercio e Industrias y Gobierno. Un giro en la estrategia mediática del Ejecutivo.
“Llamar a una huelga o paralización, entrando a clases, cuando estamos empezando a mover la rueda para buscar bajar la tasa de desempleo, no es lo correcto (...) ¿por qué estamos paralizando el país?”, dijo hoy la ministra de Trabajo, Jakelín Muñoz, que meses antes mantenía un perfil bajo con el tema de la CSS pese a que la discusión de las pensiones está directamente relacionada con la situación laboral y salarial del país.
El lunes, el ministro de Comercio, Julio Moltó, ya adelantó un cálculo de las pérdidas económicas que según la entidad se tendrían con huelga. “Cada día que nosotros cerramos este país, Panamá pierde 90 millones de dólares”, manifestó en un medio televisivo, aunque sin precisar el origen de dichas cifras. “La ley mejora la atención al paciente, al menos que ellos quieran que eso sea lo que suceda, que probablemente crear un caos y enredar todo”, recalcó el ministro dentro de la nueva ofensiva oficial.
Golpe de efecto en redes
En redes sociales también hubo un alineamiento para mostrar una unidad monolítica en el discurso. Durante el fin de semana casi todos los ministerios compartieron en sus redes sociales un video institucional titulado “Las Verdades sobre la Nueva Ley”, en el que explican y defienden las “bondades” de la norma.
Instituciones que tradicionalmente están alejadas del tira y afloja político, como la Secretaría Nacional de Discapacidad o la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, también se enfilaron al colocar en sus historias de Instagram el mismo material.
Lo mismo hizo la Policía Nacional en esta misma red social, lo que generó cuestionamientos sobre la participación de la fuerzas pública en asuntos de carácter político. De acuerdo con el artículo 311 de la Constitución, los miembros de esta entidad no podrán hacer manifestaciones o declaraciones políticas en forma individual o colectiva.
Un despliegue que coincide con varias publicaciones de videos promocionales, donde se muestra la preparación de las unidades antidisturbios de la Policía ante eventuales protestas. Un mensaje que, según las autoridades, busca comunicar que la entidad está “lista” para servir a la población en estos momentos de tensión social, mientras que las organizaciones populares denuncian que es una campaña para “amedrentar” las protestas con “muestras de fuerzas represiva”.
Este martes el presidente Mulino en cadena nacional reafirmó la postura del Ejecutivo y el intento de cerrar filas en su administración, dejando claro que pese a los reclamos de las organizaciones populares, no se revisará la Ley 462.