Exigen fiscalizar resultados de los $142 millones en consultorías
- 11/02/2025 07:07
- 10/02/2025 19:33
El incremento de $30 millones para consultorías y contratos generó decenas de cuestionamientos ciudadanos que expresaron que el mensaje de austeridad del gobierno es contradictorio “¿Dónde quedó la contención del gasto?, $142 millones para consultorías es “gastar la plata en vano”, “y no hay plata para la Caja de Seguro Social”. Estos fueron algunos de los cuestionamientos de más de una decena de ciudadanos ante la noticia de La Estrella de Panamá que reveló que para 2025 el Estado aumentó en $30 millones las partidas para consultorías y servicios especiales, respecto a lo que se gastó en 2024.
Los comentarios se plasmaron en las múltiples redes sociales por la información de La Decana, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entidad que propuso el presupuesto estatal para su aprobación en la Asamblea Nacional, no contesta a qué se debió el incremento, pregunta que hizo este diario desde el viernes pasado.
Diversas voces exigieron una mayor fiscalización de parte de las autoridades debido a que estos contratos de consultorías y servicios especiales han sido utilizados, en las distintas administraciones para favorecer a los amigos de los funcionarios de turno al solicitarle algún servicio que no requiere el Estado.
Lea aquí: Investigación | Gobierno destina al menos $142 millones para consultorías y contratos en 2025
“En tiempos cuando supuestamente hay números rojos y austeridad, el mensaje debe ser contundente. No de discursos, sino de acciones” cuestionó el diputado de la bancada independiente Vamos, Betserai Richards.
Además, hizo un llamado a los tres órganos del Estado para que “cuidemos los recursos públicos promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas de cara al país”.
Y es que esta petición es casi imposible: los contratos y consultorías no se publican y en su gran mayoría tampoco se licitan en Panamá Compra.
Justamente, Richards propuso transparentar estos gastos de consultorías en las modificaciones a la Ley de Transparencia o Ley 6 de 2002 desde el 30 de julio, pero, a su juicio, no ha pasado el primero de los tres debates “por falta de voluntad política”.
Por su parte, Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino y quien durante el gobierno pasado como abogado solicitó al MEF el informe de estas consultorías, precisamente porque no hay forma de darles seguimiento mediante datos públicos, propuso a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) que solicite los informes de los beneficios de estas consultorías a las instituciones que las contratan para poder denunciar las irregularidades.
A juicio de Cedeño, transparentar los resultados de las consultorías ejecutadas y las que están en proceso desde 2024 es una potestad que tiene la Antai, lo que favorecería la veeduría ciudadana.
Consultada sobre si pudiera ser una política de la Antai para transparentar el millonario gasto que supera el presupuesto de varios ministerios o la construcción del nuevo Instituto Oncológico, indicó que “en este momento no podía dar una respuesta formal”, porque debe consultar aspectos legales, según su directora general, Sheila Castillo.
No obstante, entre las acciones de la Antai para promover la gestión eficiente de recursos públicos está la promoción de datos abiertos y solicitar los informes de los beneficios de las consultorías.
“Estos informes de las consultorías son de interés público y deben estar disponibles para la ciudadanía”, agregó Castillo, y el ciudadano tiene el derecho de solicitar información y el resultado de estas a través del derecho de petición.
Sin embargo, como se indicó, ninguna entidad transparenta estas contrataciones y la tarea de conocer, entidad por entidad, los resultados de las consultorías y si fueron bien utilizadas, sería una tarea titánica para un ciudadano.
Por ello, La Decana consultó con el contralor Anel Flores de qué manera la Contraloría General de la República fiscalizaría estos $142 millones que tienen en su conjunto las diversas instituciones del Estado y su pronunciamiento respecto al incremento del gasto en $30 millones.
“Aquí a Contraloría llegan cinco millones de documentos por año, haga la matemática por mes, no necesito que usted me esté llamando cuatro veces al día, si usted quiere saber algo de mí, usted viene a la conferencia de prensa”, dijo Flores, quien devolvió la llamada ante los intentos de este medio por tener su posición ante un tema de interés nacional, en momentos en que el gobierno apela por la austeridad de los recursos.
Flores cerró la llamada, por lo que no pudo escuchar las preguntas que intentó esbozar este diario; tampoco ha establecido una fecha de su próxima conferencia de prensa.
Entre las instituciones que concentran el presupuesto de consultorías están el Ministerio de Economía y Finanzas, el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), entre otras.
Precisamente, el presidente José Raúl Mulino solicitó “una revisión profunda” de la situación del Idaan y sus consultorías, porque quería que la población tuviera acceso al agua potable “sin negociados”.
A pesar de que el pronunciamiento del mandatario se efectuó en septiembre pasado, nada se sabe de los resultados de su exigencia.
“Si existen millones de dólares destinados a “consultorías” cuyos resultados desconocemos y, además, no sabemos si son necesarias, mandan un mensaje de opacidad que debe terminar, en aras de la transparencia”, añadió Richards.
El político sugirió que la creación de un registro de acceso público donde cada institución publique la razón de los gastos.
Uno de los ejemplos de estas consultorías, denunciadas por el Ministerio de Educación, fue el gasto de $1.9 millones en una asesoría para evaluar si convenía hacer deporte en las escuelas.
Inadeh Según el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), el monto de $17.2 millones dispuesto para la contratación de consultorías no es correcto, cifra proporcionada a este diario por el Ministerio de Economía y Finanzas, solicitada por ley de transparencia.
“Es importante aclarar que el Inadeh, como garante de la capacitación profesional en el país, dentro del presupuesto tiene destinados $16 millones, fondos destinados exclusivamente a la Dirección de Formación Profesional y Capacitación Profesional y se utilizan para la adquisición de insumos y equipos necesarios para llevar a cabo los más 2.050 cursos que se imparten a nivel nacional”, se lee en el comunicado emitido la tarde de ayer.
“¿Dónde quedó la contención del gasto?, $142 millones para consultorías es “gastar la plata en vano”, “y no hay plata para la Caja de Seguro Social”. Estos fueron algunos de los cuestionamientos de más de una decena de ciudadanos ante la noticia de La Estrella de Panamá que reveló que para 2025 el Estado aumentó en $30 millones las partidas para consultorías y servicios especiales, respecto a lo que se gastó en 2024.
Los comentarios se plasmaron en las múltiples redes sociales por la información de La Decana, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entidad que propuso el presupuesto estatal para su aprobación en la Asamblea Nacional, no contesta a qué se debió el incremento, pregunta que hizo este diario desde el viernes pasado.
Diversas voces exigieron una mayor fiscalización de parte de las autoridades debido a que estos contratos de consultorías y servicios especiales han sido utilizados, en las distintas administraciones para favorecer a los amigos de los funcionarios de turno al solicitarle algún servicio que no requiere el Estado.
Lea aquí: Investigación | Gobierno destina al menos $142 millones para consultorías y contratos en 2025
“En tiempos cuando supuestamente hay números rojos y austeridad, el mensaje debe ser contundente. No de discursos, sino de acciones” cuestionó el diputado de la bancada independiente Vamos, Betserai Richards.
Además, hizo un llamado a los tres órganos del Estado para que “cuidemos los recursos públicos promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas de cara al país”.
Y es que esta petición es casi imposible: los contratos y consultorías no se publican y en su gran mayoría tampoco se licitan en Panamá Compra.
Justamente, Richards propuso transparentar estos gastos de consultorías en las modificaciones a la Ley de Transparencia o Ley 6 de 2002 desde el 30 de julio, pero, a su juicio, no ha pasado el primero de los tres debates “por falta de voluntad política”.
Por su parte, Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino y quien durante el gobierno pasado como abogado solicitó al MEF el informe de estas consultorías, precisamente porque no hay forma de darles seguimiento mediante datos públicos, propuso a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) que solicite los informes de los beneficios de estas consultorías a las instituciones que las contratan para poder denunciar las irregularidades.
A juicio de Cedeño, transparentar los resultados de las consultorías ejecutadas y las que están en proceso desde 2024 es una potestad que tiene la Antai, lo que favorecería la veeduría ciudadana.
Consultada sobre si pudiera ser una política de la Antai para transparentar el millonario gasto que supera el presupuesto de varios ministerios o la construcción del nuevo Instituto Oncológico, indicó que “en este momento no podía dar una respuesta formal”, porque debe consultar aspectos legales, según su directora general, Sheila Castillo.
No obstante, entre las acciones de la Antai para promover la gestión eficiente de recursos públicos está la promoción de datos abiertos y solicitar los informes de los beneficios de las consultorías.
“Estos informes de las consultorías son de interés público y deben estar disponibles para la ciudadanía”, agregó Castillo, y el ciudadano tiene el derecho de solicitar información y el resultado de estas a través del derecho de petición.
Sin embargo, como se indicó, ninguna entidad transparenta estas contrataciones y la tarea de conocer, entidad por entidad, los resultados de las consultorías y si fueron bien utilizadas, sería una tarea titánica para un ciudadano.
Por ello, La Decana consultó con el contralor Anel Flores de qué manera la Contraloría General de la República fiscalizaría estos $142 millones que tienen en su conjunto las diversas instituciones del Estado y su pronunciamiento respecto al incremento del gasto en $30 millones.
“Aquí a Contraloría llegan cinco millones de documentos por año, haga la matemática por mes, no necesito que usted me esté llamando cuatro veces al día, si usted quiere saber algo de mí, usted viene a la conferencia de prensa”, dijo Flores, quien devolvió la llamada ante los intentos de este medio por tener su posición ante un tema de interés nacional, en momentos en que el gobierno apela por la austeridad de los recursos.
Flores cerró la llamada, por lo que no pudo escuchar las preguntas que intentó esbozar este diario; tampoco ha establecido una fecha de su próxima conferencia de prensa.
Entre las instituciones que concentran el presupuesto de consultorías están el Ministerio de Economía y Finanzas, el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), entre otras.
Precisamente, el presidente José Raúl Mulino solicitó “una revisión profunda” de la situación del Idaan y sus consultorías, porque quería que la población tuviera acceso al agua potable “sin negociados”.
A pesar de que el pronunciamiento del mandatario se efectuó en septiembre pasado, nada se sabe de los resultados de su exigencia.
“Si existen millones de dólares destinados a “consultorías” cuyos resultados desconocemos y, además, no sabemos si son necesarias, mandan un mensaje de opacidad que debe terminar, en aras de la transparencia”, añadió Richards.
El político sugirió que la creación de un registro de acceso público donde cada institución publique la razón de los gastos.
Uno de los ejemplos de estas consultorías, denunciadas por el Ministerio de Educación, fue el gasto de $1.9 millones en una asesoría para evaluar si convenía hacer deporte en las escuelas.
Según el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), el monto de $17.2 millones dispuesto para la contratación de consultorías no es correcto, cifra proporcionada a este diario por el Ministerio de Economía y Finanzas, solicitada por ley de transparencia.
“Es importante aclarar que el Inadeh, como garante de la capacitación profesional en el país, dentro del presupuesto tiene destinados $16 millones, fondos destinados exclusivamente a la Dirección de Formación Profesional y Capacitación Profesional y se utilizan para la adquisición de insumos y equipos necesarios para llevar a cabo los más 2.050 cursos que se imparten a nivel nacional”, se lee en el comunicado emitido la tarde de ayer.