Un nuevo protocolo para proteger a la mujer migrante de la violencia sexual

En un contexto en el que se busca prevenir y atender la violencia sexual en contra de las mujeres, especialmente de las niñas, que cada día atraviesan el tapón de Darién, el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi) de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentó recientemente los lineamientos para atender a las mujeres migrantes, desplazadas, que sufren de violencia sexual.

El organismo Mesecvi –cuya misión es monitorear la situación en materia de violencia contra las mujeres en la región– realizó un conversatorio el pasado miércoles 27 de marzo en el que se abordaron distintos aspectos, como la forma en la que está organizado el seguimiento a la Convención de Belém do Pará –de la que 32 Estados son parte de esta, incluyendo Panamá–, así como el diseño de políticas y normativas que permitan una actuación interinstitucional, intersectorial y multidisciplinaria que permita la protección de niñas y mujeres migrantes, así como las víctimas de violencia sexual.

Asimismo se discutieron mecanismos de seguimiento y monitoreo para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las niñas y mujeres migrantes, desplazadas, refugiadas y sobrevivientes de violencia sexual.

Todo ello en un panorama en el que, de acuerdo con el Mesecvi, el 80% de las personas que son víctimas de la trata transfronteriza son mujeres y niñas, y la mayoría de ellas (79%) está destinada a la explotación sexual.

Mientras que las mujeres víctimas tienen tres veces más probabilidades de sufrir violencia física o extrema, entre la que se incluye la violencia sexual. Además, en la ruta migratoria, las mujeres y niñas se encuentran vulnerables al verse expuestas a otras situaciones tales como ser obligadas a usar el sexo para pagar sobornos, y ser violadas o abusadas sexualmente.

Este encuentro comenzó con la participación inaugural de la viceministra de la Mujer, María Alejandra Panay; el representante de la OEA en Panamá, Rubén Farje; el embajador del Reino Unido en Panamá, James Dauris; la secretaria técnica del Mesecvi, Luz Patricia Mejía Guerrero, y experta de Panamá en el Comité de Expertas de Mesecvi, y la directora del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá, Aracelly de León de Bernal.

Los lineamientos desarrollados en el foro abarcan diversos ejes, tales como el fortalecimiento de la presencia y protección estatal, la prevención y la sensibilización, y la promoción de la participación y liderazgo de las mujeres.

En el apartado del fortalecimiento de la presencia y protección estatal está la existencia de una legislación específica que incluya la interrupción legal del embarazo por causas terapéuticas, eugenésicas o por violación sexual y/o incesto, o la despenalización del aborto, incluyendo resoluciones administrativas, protocolos de atención de salud y/o de violencia sexual, así como una legislación especial que considere el impacto diferenciado o agrave los delitos de violencia cometidos contra mujeres: niñas y adolescentes en situación de migrantes, refugiadas o desplazadas, y la existencia de oficinas públicas, secretarías o mecanismos estatales especializados en violencia contra la mujer, con una cobertura por jurisdicciones (nacional, estatal, provincial, local), entre otros.

Mientras que en prevención y sensibilización, entre varios de los lineamientos, se aboga por la existencia de programas sociales para mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, migrantes, refugiadas y desplazadas, además de disponer de antibióticos antirretrovirales y anticoncepción de emergencia en casos de violación sexual, y la habilitación de programas sociales para mujeres y niñas víctimas de violencia.

En la promoción de la participación y liderazgo de las mujeres, el Mesecvi aboga por la existencia de espacios, mecanismos y herramientas con reconocimiento y estatus legal para la coordinación interinstitucional entre las entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil en función de la promoción y la protección del derecho a una vida libre de violencia para las mujeres.

La secretaria técnica del Mesecvi, Luz Patricia Mejía Guerrero, resaltó a este diario que lo que está pasando en Darién es la concentración en un punto de la región de un fenómeno que se vive alrededor de América Latina: la violencia contra la mujer.

“La violencia física y la violencia sexual se convirtieron en todo un problema en Panamá y en la región debido a la impunidad, la revictimización y el estigma hacia la mujer víctima de violencia sexual. La violencia sexual en sí misma tiene una complejidad para lograr niveles de justicia y reparación a las víctimas. Este era un problema que ya tenía Panamá, al igual que toda la región. Ahora, las migraciones masivas que se están dando han acrecentado el problema de manera exponencial porque las mujeres atraviesan la frontera de una manera muy vulnerable y desprotegidas, además de vivir la ausencia de apoyo para ellas, por lo que están siendo víctimas de una forma masiva al igual que los niños”, relató.

La violencia a la que pueden ser sometidas las víctimas corre a manos de la delincuencia organizada, con denuncias de hechos tales como secuestros colectivos y desapariciones forzadas.

Mejía agregó que estos lineamientos se crearon con el fin de atender los casos de violencia sexual y que ello pueda ser entendido como un fenómeno adicional del migratorio, y manifestó que hay mucha disposición del Ministerio de la Mujer para trabajar en este aspecto.

La consultora del Mesecvi Emma Puig de la Bellacasa explicó que estos nuevos lineamientos buscan abordar el problema de la violencia sexual hacia las niñas y mujeres migrantes y desplazadas con un protocolo específico de coordinación interinstitucional, interseccional y multidisciplinario que se realizó mediante consultas a las organizaciones de mujeres, las agencias de la Organización de Naciones Unidas, los ministerios de Justicia y de la Mujer, el poder judicial, expertos independientes y la Defensoría del Pueblo, en una tarea de coordinación de todos los sectores para atender de manera efectiva a las víctimas y prevenir la violencia sexual. Un aspecto que antes no existía.

“Tuvimos conversaciones con todas las partes para identificar los protocolos que ya existen y saber qué es lo que está pasando que no logramos que las mujeres víctimas de violencia sexual en un contexto de migración puedan acceder a la justicia, a la atención médica y psicosocial, etc. El logro de estos lineamientos es que, reconociendo lo que ya existe, invitamos a una movilización para que todo esto se articule en una coordinación con todos los sectores”, explicó.

Por otro lado, Puig de la Bellacasa cree fundamental que haya mecanismos de coordinación entre países para compartir información sobre los delitos que ocurren en la ruta migratoria y puntos informativos en los que las mujeres migrantes sepan sus derechos, y que haya una estructura segura para la denuncia del delito sexual en la que la víctima se sienta acompañada y en confianza.

Además, planteó la necesidad de una capacitación de estos temas y una atención psicosocial de forma permanente a todos aquellos que están trabajando en las zonas de recepción de los migrantes.

Para dar un fiel cumplimiento al artículo 10 de la Convención de Belém do Pará, en el que se indica que “...los Estados parte deberán incluir información sobre las medidas adoptadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, para asistir a la mujer afectada por la violencia, así como sobre las dificultades que observen en la aplicación de las mismas y los factores que contribuyan a la violencia contra la mujer”, los Estados parte como Panamá están sujetos a un sistema de indicadores de progreso en el que se vela por el desempeño del país en cada uno y, entre otros propósitos, se busca cuantificar y calificar el proceso para hacer efectivos los derechos de las mujeres y conocer si el Estado está garantizando mecanismos de reclamo, queja o acceso a la justicia para dichas obligaciones.

La Dra. Aracelly de León, quien representa al Estado panameño ante el Mesecvi, conversó con La Estrella de Panamá acerca de su rol ante el organismo y aseguró que si bien el país ha realizado un gran aporte en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones ante el Mesecvi, reconoce que no todos los entes gubernamentales están allí en la zona fronteriza entre Panamá y Colombia, y que esto podría ser por diversas razones.

“La primera razón es porque se ve esto como un problema de seguridad, pero también esto debe ser considerado como un problema de derechos humanos y de género, y no sé si hay una integración de las diferentes aristas humanas que representan el proceso migratorio. Creo que esto está más enfocado en el área de seguridad que el que debería ser, que es una atención en el tema de género en el que se vea cómo se atienden temas como la violencia sexual y los embarazos imprevistos, porque además hay otra connotación y es que mucha gente no denuncia porque denunciar significaría un proceso y ellos están de paso. Ellos no quieren denunciar porque creen que si hay una denuncia entonces tienen que quedarse para dar un testimonio, etc. Es muy complejo”, explicó.

De León abogó por un trabajo interinstitucional que aborde el problema desde una perspectiva interseccional, en la que se tomen en cuenta los grados de vulnerabilidad de las víctimas ya sea por ser mujer, afrodescendiente o miembro de la población LGBTIQ+, entre otras circunstancias.

Y, por otro lado, manifestó una preocupación que se hizo extensiva entre todos los miembros del foro: el eventual cambio de gobierno que vendría con las elecciones generales de 2024 y la posible falta de continuidad de los compromisos acordados en materia de políticas públicas de protección a la mujer.

“Esa es una gran debilidad. Aprobamos un protocolo que debería ser integral, pero no sabemos su sostenibilidad en el tiempo”, agregó.