Red criminal penetró al Senafront
- 19/08/2024 21:31
- 19/08/2024 21:09
Dos unidades de la sección de análisis de inteligencia formaban parte de la organización criminal dedicada a transportar droga proveniente de Colombia, según investigación de la fiscalía. La organización criminal dedicada al tráfico de drogas desmantelada bajo la operación Jericó, en la que se han imputado a 29 personas, tres de ellas logrando un acuerdo de pena de 60 meses conmutables, mantenía contactos con diferentes entidades estatales que les colaboraron en el trasiego o en sus operaciones.
Este lunes la fiscalía relató que se trataba de una organización sumamente compartimentada, que contaba con armas de grueso calibre y que dividía en grupos a sus integrantes para establecer tareas específicas en diferentes partes del territorio nacional. De acuerdo con la Fiscalía de Delitos contra las Drogas, representada por el fiscal Joseph Alan Díaz, esta organización recibía la droga en la comarca Guna Yala que llevaban en lanchas artesanales, procedente de Colombia. Luego la cargaban por una trocha selvática hasta la provincia de Darién donde la acoplaban y guardaban en Chepo, Tortí, en un centro de acopio. De ahí la transportaban en autos con doble fondo hacia el distrito de San Miguelito, donde posteriormente decidían el momento ideal para exportarla a Costa Rica o distribuirla en el mercado local. Durante la audiencia la fiscalía identificó como uno de los presuntos cabecillas a Francisco Serrano, la persona que aparecía en el 80% de las interceptaciones telefónicas con quien coordinaban la logística.
A este grupo criminal se le confiscaron más de mil kilos de droga en diferentes operativos y $300 mil en efectivo, armas de fuego, municiones, además de varios vehículos con doble fondo, se identificaron empresas fachada para el blanqueo de capitales y propiedades.
Además de los 29 imputados, las autoridades asocian a este grupo criminal a otros nueve prófugos de la justicia, entre ellos mencionan a Abraham Rico Pineda, hijo del diputado del Partido Revolucionario Democrático, Raúl Pineda, quien representa al circuito 8-2 de San Miguelito. Ayer en horas de la tarde se entregaron dos integrantes que estaban prófugos, Luis Pitty y Omar Ortega, éste último representante legal de una de las empresas que la fiscalía vincula como parte de las operaciones. Sin embargo, sobre hijo del diputado, hasta la noche de ayer lunes, no había señales de su entrega, a pesar de que su padre, Raúl Pineda, publicó un comunicado el fin de semana en el que informó que su hijo se entregaría a las autoridades, pero sin ofrecer mayores detalles de cuándo o cómo lo haría. Este lunes, en el Sistema Penal Acusatorio, donde se realizó la audiencia encabezada por el juez de Garantías Mike Zúñiga, el fiscal evitó detallar la relación de los prófugos en el engranaje de la red.
Este lunes, después de un intenso fin de semana de imputaciones, la mayoría por el delito de conspiración para cometer delitos relaciones con drogas, otros por corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales, el fiscal solicitó las medidas cautelares respectivas. Para la mayor parte pidió detención preventiva por el riesgo que conlleva una medida cautelar de casa por cárcel o país por cárcel. El juez de garantías tendrá que escuchar hoy a los defensores y después determinar las medidas cautelares respectivas.
Para garantizar el transporte de la droga, la organización contaba con contactos en diferentes entidades gubernamentales que les colaboraban con información o en las actividades logísticas de coordinación y transporte de droga.
Así, la red criminal logró penetrar el tuétano del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), específicamente a dos unidades que sirven en la Unidad de Análisis de Inteligencia de esta entidad fronteriza quienes colaboraban en el resguardo y transporte de la droga en el área de Darién. Según la defensa de estas unidades, la vinculación de los dos uniformados de inteligencia se debió a que trabajaban de agentes encubiertos, pero la fiscalía fue enérgica en negar esta situación. Indicó que cada operación en la que actúan agentes encubiertos debe contar con la autorización del Ministerio Público, especificar el lugar y la tarea a realizar, además de la asignación de artículos como celular y autos que emplearán en el operativo. No es así, dijo enérgico el fiscal. Mayckol Quintero y Abel Rodríguez, del Senafront que pertenecían a la unidad de microtráfico, aparecen en parte de las más de 500 intercepciones telefónicas que se hicieron en la operación Jericó. Por ejemplo, en la llamada 308, señaló el fiscal, les piden que vayan a la montaña a buscar droga, y el uniformado les alertaba que la “zona estaba caliente”. En otra llamada, la conversación 314 del 19 de agosto de 2023, cuando tenían que contactar a otros miembros de la organización, dijeron que sacarían la droga a las tres de la madrugada.
La fiscalía también leyó la transcripción de la llamada 337, que ocurrió el 22 de agosto del año pasado, en la que dos miembros de la organización conversaron que tenían que bajar “los bichos que tenía escondidos y que tenían que pagarle a los policías”.
Otra de las entidades públicas infiltradas, según la fiscalía fue el Ministerio de Comercio e Industrias. Los tentáculos se descubrieron en junio de 2023 cuando la fiscalía efectuó una inspección al Ministerio de Comercio e Industrias y detectó que se filtró una información que buscaba vincular a los representantes de la empresas de las que solicitaron el aviso de operación, una petición que era de carácter reservado. El fiscal narró que previo a eso, uno de los defensores se acercó a la fiscalía, supuestamente porque su cliente quería colaborar con la investigación. Según la explicación, el abogado solicitó la carpetilla, pero no se la dieron.
De alguna manera se filtró la información, aunque no explicaron cómo, pero ocasionó que la fiscalía se retractara de varias otras inspecciones a instituciones a raíz de que ya se había alertado de las tareas que realizarían en el Ministerio de Comercio para completar la investigación.
En la operación Jericó se han efectuado varias operaciones en las que se han decomisado diferentes cantidades de droga, en el evento uno se incautaron 46 paquetes de cocaína, en el dos, once paquetes de mariguana, en el evento cinco se decomisaron 608 paquetes de cocaína, así como armas de fuego y municiones. Estas operaciones formaron parte del gran paquete que presenta la fiscalía y para la cual solicita la colaboración de la ciudadanía para ubicar a las personas que se encuentran prófugas.
Entre los imputados se encuentran: Olana Bicy González, Francisco Oliver Serrano (conspiración y corrupción de servidroes públicos) Kely Soto, Edwin Martínez, Ania Moreno, Miguel Batista Pinto, Carlos Arboleda, Alex Bike, Eduardo Guilenm Jorge Perez Martínez, Karima Zúñiga, Alejandro Rodríguez Nuñez, Neryedhe Mingtoy Jaen (conspiración y blanqueo de capitales, Zuribeth González, Melvin Reyes, José McKenzie, Omedo Pitti, Bladimir Nweball, Jose Meianero, Ismael Tuñon, Santiago Batista (acuerdo de Pena) Mayckol Quintero, Abel Rodríguez, Miltony González Granados, Karon Orantes Martínez, Arnulfo Concepción Campos, Luis Guillermo Tanchez y Militza Rodríguez.
La organización criminal dedicada al tráfico de drogas desmantelada bajo la operación Jericó, en la que se han imputado a 29 personas, tres de ellas logrando un acuerdo de pena de 60 meses conmutables, mantenía contactos con diferentes entidades estatales que les colaboraron en el trasiego o en sus operaciones.
Este lunes la fiscalía relató que se trataba de una organización sumamente compartimentada, que contaba con armas de grueso calibre y que dividía en grupos a sus integrantes para establecer tareas específicas en diferentes partes del territorio nacional. De acuerdo con la Fiscalía de Delitos contra las Drogas, representada por el fiscal Joseph Alan Díaz, esta organización recibía la droga en la comarca Guna Yala que llevaban en lanchas artesanales, procedente de Colombia. Luego la cargaban por una trocha selvática hasta la provincia de Darién donde la acoplaban y guardaban en Chepo, Tortí, en un centro de acopio. De ahí la transportaban en autos con doble fondo hacia el distrito de San Miguelito, donde posteriormente decidían el momento ideal para exportarla a Costa Rica o distribuirla en el mercado local. Durante la audiencia la fiscalía identificó como uno de los presuntos cabecillas a Francisco Serrano, la persona que aparecía en el 80% de las interceptaciones telefónicas con quien coordinaban la logística.
A este grupo criminal se le confiscaron más de mil kilos de droga en diferentes operativos y $300 mil en efectivo, armas de fuego, municiones, además de varios vehículos con doble fondo, se identificaron empresas fachada para el blanqueo de capitales y propiedades.
Además de los 29 imputados, las autoridades asocian a este grupo criminal a otros nueve prófugos de la justicia, entre ellos mencionan a Abraham Rico Pineda, hijo del diputado del Partido Revolucionario Democrático, Raúl Pineda, quien representa al circuito 8-2 de San Miguelito. Ayer en horas de la tarde se entregaron dos integrantes que estaban prófugos, Luis Pitty y Omar Ortega, éste último representante legal de una de las empresas que la fiscalía vincula como parte de las operaciones. Sin embargo, sobre hijo del diputado, hasta la noche de ayer lunes, no había señales de su entrega, a pesar de que su padre, Raúl Pineda, publicó un comunicado el fin de semana en el que informó que su hijo se entregaría a las autoridades, pero sin ofrecer mayores detalles de cuándo o cómo lo haría. Este lunes, en el Sistema Penal Acusatorio, donde se realizó la audiencia encabezada por el juez de Garantías Mike Zúñiga, el fiscal evitó detallar la relación de los prófugos en el engranaje de la red.
Este lunes, después de un intenso fin de semana de imputaciones, la mayoría por el delito de conspiración para cometer delitos relaciones con drogas, otros por corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales, el fiscal solicitó las medidas cautelares respectivas. Para la mayor parte pidió detención preventiva por el riesgo que conlleva una medida cautelar de casa por cárcel o país por cárcel. El juez de garantías tendrá que escuchar hoy a los defensores y después determinar las medidas cautelares respectivas.
Para garantizar el transporte de la droga, la organización contaba con contactos en diferentes entidades gubernamentales que les colaboraban con información o en las actividades logísticas de coordinación y transporte de droga.
Así, la red criminal logró penetrar el tuétano del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), específicamente a dos unidades que sirven en la Unidad de Análisis de Inteligencia de esta entidad fronteriza quienes colaboraban en el resguardo y transporte de la droga en el área de Darién. Según la defensa de estas unidades, la vinculación de los dos uniformados de inteligencia se debió a que trabajaban de agentes encubiertos, pero la fiscalía fue enérgica en negar esta situación. Indicó que cada operación en la que actúan agentes encubiertos debe contar con la autorización del Ministerio Público, especificar el lugar y la tarea a realizar, además de la asignación de artículos como celular y autos que emplearán en el operativo. No es así, dijo enérgico el fiscal. Mayckol Quintero y Abel Rodríguez, del Senafront que pertenecían a la unidad de microtráfico, aparecen en parte de las más de 500 intercepciones telefónicas que se hicieron en la operación Jericó. Por ejemplo, en la llamada 308, señaló el fiscal, les piden que vayan a la montaña a buscar droga, y el uniformado les alertaba que la “zona estaba caliente”. En otra llamada, la conversación 314 del 19 de agosto de 2023, cuando tenían que contactar a otros miembros de la organización, dijeron que sacarían la droga a las tres de la madrugada.
La fiscalía también leyó la transcripción de la llamada 337, que ocurrió el 22 de agosto del año pasado, en la que dos miembros de la organización conversaron que tenían que bajar “los bichos que tenía escondidos y que tenían que pagarle a los policías”.
Otra de las entidades públicas infiltradas, según la fiscalía fue el Ministerio de Comercio e Industrias. Los tentáculos se descubrieron en junio de 2023 cuando la fiscalía efectuó una inspección al Ministerio de Comercio e Industrias y detectó que se filtró una información que buscaba vincular a los representantes de la empresas de las que solicitaron el aviso de operación, una petición que era de carácter reservado. El fiscal narró que previo a eso, uno de los defensores se acercó a la fiscalía, supuestamente porque su cliente quería colaborar con la investigación. Según la explicación, el abogado solicitó la carpetilla, pero no se la dieron.
De alguna manera se filtró la información, aunque no explicaron cómo, pero ocasionó que la fiscalía se retractara de varias otras inspecciones a instituciones a raíz de que ya se había alertado de las tareas que realizarían en el Ministerio de Comercio para completar la investigación.
En la operación Jericó se han efectuado varias operaciones en las que se han decomisado diferentes cantidades de droga, en el evento uno se incautaron 46 paquetes de cocaína, en el dos, once paquetes de mariguana, en el evento cinco se decomisaron 608 paquetes de cocaína, así como armas de fuego y municiones. Estas operaciones formaron parte del gran paquete que presenta la fiscalía y para la cual solicita la colaboración de la ciudadanía para ubicar a las personas que se encuentran prófugas.
Entre los imputados se encuentran: Olana Bicy González, Francisco Oliver Serrano (conspiración y corrupción de servidroes públicos) Kely Soto, Edwin Martínez, Ania Moreno, Miguel Batista Pinto, Carlos Arboleda, Alex Bike, Eduardo Guilenm Jorge Perez Martínez, Karima Zúñiga, Alejandro Rodríguez Nuñez, Neryedhe Mingtoy Jaen (conspiración y blanqueo de capitales, Zuribeth González, Melvin Reyes, José McKenzie, Omedo Pitti, Bladimir Nweball, Jose Meianero, Ismael Tuñon, Santiago Batista (acuerdo de Pena) Mayckol Quintero, Abel Rodríguez, Miltony González Granados, Karon Orantes Martínez, Arnulfo Concepción Campos, Luis Guillermo Tanchez y Militza Rodríguez.