La ‘letra muerta’ sobre la que se busca la verdad, a 35 años de la invasión

Una bala disparada a la cabeza acabó con la vida de Erasmo Ibargüen el 20 de diciembre de 1989, día en que el ejército de los Estados Unidos de América se apoderó de las calles de Panamá a pura fuerza. El misterio de su paradero todavía persigue a Niska, su hija, y así también a un centenar de panameños que a 35 años de la invasión siguen pidiendo que se esclarezcan los hechos de aquella víspera de navidad en que se despidieron para siempre, sin saberlo, de sus seres queridos.

De las desapariciones y muertes lleva constancia la Comisión 20 de diciembre de 1989, establecida por el decreto ejecutivo 121 de julio de 2016, para esclarecer la verdad en torno a la invasión. A la fecha el ente ha podido confirmar la identidad de 232 víctimas fatales, 15 de ellas de las que se desconoce el paradero, como en el caso de Erasmo; mientras que otros 209 casos de víctimas están bajo investigación.

“Solicitamos a la Fiscalía la exhumación de los restos que estaban bajo la supuesta lápida de mi papá. Ellos hacen la concesión a la solicitud y se nota en uno de los resultados de los procesos que se llevan en conjunto con el equipo de investigación [forense] de Guatemala, que la persona que está allí definitivamente no es él”, explica Niska Ibargüen a La Estrella de Panamá.

El testimonio de Niska se entrelaza con el trabajo de la Comisión 20 de diciembre, que busca esclarecer los hechos y devolver algo de paz a quienes aún cargan con el peso de la incertidumbre sobre el paradero de los restos de sus seres queridos, es por ello que la Comisión llevó a cabo exhumaciones en el cementerio Jardín de Paz en 2020 y en el cementerio Monte Esperanza de Colón en 2021. Algunos de los restos recuperados han sido analizados genéticamente con el apoyo de familiares que se han volcado a donar hasta 105 muestras de ADN para que sea cotejado.

Las investigaciones han avanzado en un trabajo conjunto entre el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, logrando la identificación precisa de hasta ocho personas reportadas desaparecidas, y están a la espera de lograr cuatro más. Precisamente gracias a los estudios más recientes se pudo confirmar que la lápida de Erasmo no contenía sus restos, pero sí los de otra persona.

“De los cuerpos, a estas alturas, lo que se recupera es poco. Es más difícil hacer una identificación por otros medios [que no sean genéticos, antropológicos u forenses] y por eso es que estamos ahora mismo en la etapa de análisis genético”, detalla José Luis Sosa, secretario general de la Comisión 20 de diciembre.

A las dificultades naturales que impone el paso del tiempo, se suman limitaciones económicas. La Comisión 20 de Diciembre no está contemplada dentro de los $72.3 millones asignados al Ministerio de Relaciones Exteriores en su presupuesto para el año 2025. No obstante, Sosa indicó que durante una reunión reciente con el canciller Javier Martínez-Acha, la entidad se comprometió a otorgar los recursos que se requieran para su funcionamiento, al tiempo que se aseguró la inclusión en el presupuesto del año 2026, justo un año antes de que venza el plazo que tiene la Comisión para entregar el informe final sobre los hechos del 20 de diciembre de 1989.

“La vida de un padre no es reemplazable. Más que buscar una retribución, yo lo que quiero es el esclarecimiento y la aparición de los restos de mi papá”, exige Niska a día de hoy, quien pide mayor apoyo del Estado panameño para esclarecer la verdad, pero también para que –como en un crímen común— se encuentren los responsables, en este caso del asesinato de su padre.

“Ellos como Estado [refiriéndose a Estados Unidos], que reconozcan el daño que hicieron no solamente a cada una de las víctimas, sino al país, porque no vinieron solo con la intención de buscar a una persona [Manuel Antonio Noriega], ellos vinieron aquí con la intención de perjudicar a nuestro país, de perjudicar a todos y cada uno de los panameños que vivimos aquí”, explicó Niska sobre las medidas que considera prudentes para esclarecer los hechos.

Precisamente para lograr que Estados Unidos asumiera responsabilidad internacional por la muerte de civiles durante invasión, abogados panameños pidieron la apertura de un caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el año 1990, que se extendió hasta el año 2018, cuando se emitió un informe final responsabilizando a EE.UU de cometer vulneraciones a los derechos humanos en medio del ataque de 1989, así como recomendó el resarcimiento a familiares de las víctimas panameñas.

Pero ‘letra muerta’ fue el calificativo con el que el Ministerio de Relaciones Exteriores panameño accedió llamar al informe de la CIDH, en reacción oficial a consultas realizadas por La Estrella de Panamá.

“Los denunciantes sabían que Estados Unidos no reconoce la jurisdicción ni la competencia de la CIDH (...). Ahí no hay nada más que hacer, eso los denunciantes lo sabían. ¿Qué puede hacer Panamá? Panamá no puede obligar a Estados Unidos a que se haga parte de la Convención Americana y por ende se le obligue por aquellos casos y causas que se plantean ante la CIDH”, señala Fernando Gómez, director de asuntos jurídicos y tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores.

A la pregunta de si el informe quedaría en letra muerta por que “no había nada que hacer, Gómez señaló: “Sí porque el informe es dirigido a Estados Unidos, pero no es parte; lo ha ignorado”.

Asimismo, sobre una postura política o diplomática que haga presión para que EE.UU. tome responsabilidad, explicó que “cualquier llamado que se de para negociar o conversar del tema sería de índole política, pero si no se ha hecho en 35 años por parte de los que ya son siete gobiernos en la República de Panamá, no sé qué tanto impacto tendría que se haga un llamado político a que Estados Unidos para que enfrente esta situación, porque no lo hicieron en 35 años”, detalló.

Pero Gilma Camargo, una de las abogadas que llevó el caso en la CIDH, comenta que “las recomendaciones que ha hecho la Comisión Interamericana son obligatorias para Estados Unidos por una simple razón: se aplicó el entendimiento de que Estados Unidos había violado la Convención de Ginebra y otros tratados internacionales que sí ha firmado (...). La CIDH ha dicho que el derecho internacional hace obligatorio y responsable a cada una de los países que son signatarios de otros convenios, y responsables de acciones como la violación al derecho de la vida”.

El informe de la CIDH, en su capítulo cuarto, detalla la aplicabilidad del derecho internacional al caso, refiriéndose a los Convenios de Ginebra de 1949 “para proteger a personas que no participan en los conflictos armados”, del cual Estados Unidos es signatario.

Dicha legislación promueve el fomento del debate y la investigación sobre la invasión, –particularmente en los centros educativos–, algo que la viceministra académica del Ministerio de Educación, Agnes de Cotes, explica a “La Estrella” refiriéndose a la materia de historia, sobre todo la enfocada en las relaciones de Panamá con Estados Unidos, que de acuerdo al pénsum de la entidad, se imparte en el último grado del nivel de educación media.

“En las materias de historia de relaciones entre Panamá y los Estados Unidos y en historia de Panamá, contemplamos contenidos que tienen que ver con los acontecimientos del 20 de diciembre, por ejemplo la crisis política económica y social en el período de 1981 a 1989 (...), pero estos contenidos no son para dar en diciembre, sino durante los trimestres, coincidiendo con temas que se correlacionan, como la invasión de Estados Unidos a Panamá, sus causas, consecuencias y hablan un poco del tema militar; la globalización de la nueva política estadounidense posinvasión”, detalló de Cotes.

En ese sentido, La Decana consultó a jóvenes egresados de escuelas particulares y públicas sobre el conocimiento que registran sobre la invasión. José, egresado de un colegio privado de Colón, comenta que sus conocimientos al respecto se limitan a “la operación que emprendió Estados Unidos para capturar al general Noriega”. Algo parecido comenta Gabriela, egresada de un colegio público de Panamá Este, que se refiere a la invasión como una operación de captura por la que terminaron pagando muchísimos inocentes.

La memoria colectiva de Panamá, representada en pequeña proporción por experiencias como las de Niska, Gilma, Gabriela o José. Las nuevas generaciones tienen el derecho a conocer la verdad de un suceso que marcó el destino del país. Una recuperación de la memoria nacional que, a 35 años de la invasión, permita conocer la que ocurrió, el reconocimiento preciso de las víctimas mortales y también contar con el descargo de responsabilidades a los agresores, al menos de forma simbólica.