La conveniente petición de Varela en el caso Odebrecht

Los abogados del expresidente Juan Carlos Varela solicitaron el pasado 22 de marzo al magistrado José Antonio Dias Toffoli, integrante del Supremo Federal de Brasil, que en su caso declare nulas las evidencias obtenidas de los sistemas MyWebDay y Drousys y los testimonios de los ejecutivos de la constructora Odebrecht en el juicio programado en Panamá para diciembre de este año. El magistrado falló a favor de la petición y declaró la inutilidad de las evidencias a consecuencia de la contaminación de evidencias en el caso Lava Jato.

El expresidente está imputado por el delito de blanqueo de capitales en el mencionado caso.

Como parte de los argumentos que esgrimió en la solicitud, la defensa de Varela citó varios párrafos de la investigación que la Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá recopiló en contra de 55 imputados.

El recurso legal de Varela, en comparación al de Juan Antonio Niño, Ricardo Francolini o del expresidente Ricardo Martinelli a quienes Toffoli vetó tales evidencias en su contra, difiere ya que fue durante su mandato cuando la procuradora Kenia Porcell lideró las investigaciones del esquema de corrupción más grande conocido.

Al haber concretado que el Supremo de Brasil anule las evidencias, Varela prácticamente desestima directa o indirectamente, el trabajo que efectuaron los fiscales especiales anticorrupción durante la administración Porcell, quien celebró el primer acuerdo de indulgencia con los brasileños como uno de los logros más importantes hasta ese momento del Ministerio Público, en el que participaron los fiscales Tania Sterling, Aurelio Vásquez, Ruth Morcillo y Zuleyka Moore. Ésta última, candidata de Varela como magistrada para la Corte Suprema de Justicia, postulación que su gabinete defendió por su labor en este expediente. En su momento, el mandatario revistió de legitimidad la investigación de los fiscales liderados por la procuradora Porcell, y todos los acontecimientos que ocupaban titulares en la opinión pública. Al ser un caso mediático, cada episodio fue validado por las autoridades en la medida en que se desarrollaban los hechos. En no pocas ocasiones Varela lanzó cuestionamientos que vinculaban a los implicados, dando por ciertas las aseveraciones que ahora desconoce con la decisión de Toffoli. Bajo la tesis de Varela, su homólogo Martinelli también sería inocente de los cargos, por los mismos defectos.

La defensa del expresidente Varela justificó la solicitud bajo el argumento de que los materiales probatorios son los mismos que han sido contaminados en el caso Lava Jato, según se presenta en el petitorio al cual tuvo acceso La Estrella de Panamá.

En el texto se citan párrafos del expediente panameño de mil tomos, que contienen las delaciones obtenidas por los fiscales que describen el uso de las plataformas en las que corrieron cifras inéditas de dinero, como parte del esquema de sobornos jamás antes registrado en Panamá y Latinoamérica. Al momento en que se destapó el escándalo, Varela insistió en que jamás recibió coimas de la brasileña.

Al mando de esta pesquisa en Panamá estaba una persona que tenía su total confianza, Kenia Porcell. La procuradora que nombró y con quien mantenía una relación cercana como jefa de fiscales. El acuerdo de Porcell con los once exejecutivos de la constructora se concretó a cambio de no ser investigados penalmente en Panamá. Para completar la investigación, Porcell viajó a Brasil en varias ocasiones para finiquitar dicho acuerdo y se entrevistó con los testigos que ayudarían a desenmarañar el esquema de coimas. Además, los fiscales recopilaron información de los sistemas MyWebDay y Drousys, que en resumen contenían toda la información de la Caja 2 por donde pasaron nombres, montos, fechas y lugar de transferencias y apodos.

Dicho acuerdo permitió las delaciones de los principales ejecutivos de la brasileña para esclarecer la red de coimas, entre ellas los testimonios de André Rabello, superintendente de la filial panameña, de Olivio Rodrigues, contacto financiero de la constructora encargado de los pagos ilegales al área internacional previamente autorizados por la Caja 2, a Eduardo Da Rocha, uno de los cinco cerebros de la División de Operaciones Estructuradas (DOE) y Fernando Migliaccio Da Silva, por mencionar algunos. Estas delaciones son parte de las pruebas nulas que declaró Toffoli.

A pesar del intercambio de evidencia producido por los acuerdos de colaboración con el Ministerio Público de Paraná, la defensa de Varela incluyó en sus argumentos a Toffoli las pruebas testimoniales de los denunciantes producidas en Brasil, las cuales utilizaron como elementos de corroboración de sus declaraciones obtenidas de los sistemas Drousys que emplearon André Rabello, Vinicius Vega Borin, Olivio Rodrigues, Eduardo Migliaccio y Luiz Eduardo Da Silva. En este escenario, el juzgado en Panamá en su decisión de recibir las denuncias, permitió el uso de las pruebas procedentes de los sistemas informáticos de Odebrecht con el fin de justificar el nexo causal entre las declaraciones de los empleados, la Caja 2 y la acusación de los fiscales panameños, según se aprecia en la solicitud.

Parte del argumento que empleó la defensa de Varela fue citar párrafos de la investigación de los fiscales durante la administración de Porcell, en los que se incluyen declaraciones rendidas por los excolaboradores de la constructora quienes narraron el uso de las plataformas MyWebDay y Drousys, para qué servían y cómo se usaron. Por ejemplo, reproduce parte de un cuestionario de la fiscal Especial Anticorrupción Zuleyka Moore a Luis Eduardo Soares en el que éste explicó cómo funcionaba el sistema MyWebDay, cómo se mandaba la solicitud de pago y la forma que procedía en el Departamento de Operaciones Estructuradas (DOE), a pregunta de Moore.

El expresidente, candidato como diputado al Parlamento Centroamericano por el Partido Panameñista el próximo cinco de mayo, está siendo procesado por el Tribunal Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial “con características idénticas a los precedentes mencionados, por tratarse de acusaciones dentro del ámbito de la operación Lava Jato cuando el magistrado declaró inservibles las pruebas y testimonios”, se lee en el recurso al Supremo Federal de ese país.

En la petición describe que el juzgado panameño solicitó la declaración de once exejecutivos de la constructora, por videoconferencia, para el juicio que se tenía programado el 15 de julio próximo, con nueva fecha para diciembre. La solicitud alcanza también la concesión de hábeas corpus de oficio para bloquear varias acciones penales cuyos elementos se derivan de los sistemas de la Caja 2 de Odebrecht (My Web Day y Drousys) que también formaron parte del acuerdo de colaboración que firmó la constructora para proveer pruebas a la justicia brasileña con la intención de descubrir la red de coimas a figuras panameñas.

“Es claro que las pruebas producto del acuerdo de colaboración con Odebrecht y la denuncia de los exejecutivos Hilberto Mascarenhaas, Olivio Rodrigues, Fernando Migliaccio, Luiz Eduardo da Rocha, André Campos Rabello, Vinicius Boin y otros, incluidos los documentos de los sistemas en mención, fueron compartidos y utilizados ampliamente por la Fiscalía para instruir la acción penal en contra del solicitante”, se lee. Estos fueron declarados nulos en el caso Lava Jato, y por tanto deben ser catalogados de la misma forma para efectos internacionales, reitera.

Enseguida esgrime que el contenido de la prueba testimonial que está destinado a ser reproducido en suelo brasileño, deriva de la ausencia de la confiabilidad de la evidencia ya considerada inútil que sustenta parte de la acusación penal que se tramita en Panamá, sobre el cual se pretende producir nuevas pruebas mediante el interrogatorio a testigos cooperantes. “La cooperación equivaldría a cooperar con la continuación de un proceso penal basado en pruebas ilícitas, porque son indiscutiblemente de dudosa reputación, como lo declaró el Tribunal Supremo”, expone en el recurso.

En otras palabras, afirma la defensa de Varela, equivaldría a permitir la audiencia de un testigo en Brasil para apoyar procesos en curso en el extranjero, cuya principal prueba fue una confesión obtenida mediante tortura y manipulación también practicada en Brasil y cuya ilegalidad e inutilidad ya han sido reconocidas por los tribunales brasileños.

Varela se puso al nivel del resto de los peticionarios al exponer que las acusaciones en su contra tienen la misma base que los testimonios dados en el contexto del acuerdo de indulgencia y en los datos extraídos de los sistemas en cuestión. El solicitante citó en su petición los elementos que surgieron en el acuerdo de colaboración que firmaron las autoridades con la constructora, y los que surgieron después, “fueron claros y objetivos para demostrar la completa violación y manipulación de la cadena de custodia probatoria”.

Añade en la argumentación que hubo numerosas negociaciones con las autoridades, entidades y personas extranjeras respecto a la documentación solicitada por la defensa, todos indicando que pasaron por alto los canales formales, que se produjeron al margen de la legislación pertinente. Agrega que hubo piratas informáticos que habrían accedido a las cuentas de Telegram que usó el juez Sergio Moro, quien supuestamente borró los mensajes de su celular y otras consideraciones expuestas en los casos internacionales. Por tal razón, alegó el defensor de Varela, los elementos utilizados como medio de prueba acusatoria en Panamá para justificar las acusaciones de los exejecutivos de Odebrecht, son exactamente los mismos elementos manipulados e ilegales construidos exclusivamente en el sueño brasileño en el marco de colaboración con Odebrecht, que se mantuvo de manera centralizada en el poder y gestión exclusiva del caso Lava Jato.