Iniciativa ciudadana busca reducir penas por abuso sexual

Con el argumento que en códigos penales anteriores se establecía que la “mujer” de 16 años responde a su cuerpo y que un muchacho de 18 que se enamoraba y cohabitaba con ella, no era “aprisionado” porque se unían, una iniciativa ciudadana impulsa una reducción de las penas de abuso sexual a niños y adolescentes.

Según el proponente – Erick Barrios Canto - hemos retrocedido y visto hombres de cualquier edad puestos presos y condenados por el solo señalamiento de la madre o padre o denunciante o querrellante. “Haciendo una injusticia de no hacer caso a la supuesta víctima que dice que ella entregó su cuerpo y ama al joven, a veces ni la dejan declarar”, señala en la exposición de motivos, que no es firmada por ningún particular.

Se trata del Anteproyecto 192, del 1 de abril de 2024, que adopta reformas al Código Penal de la República de Panamá sobre la libertad individual, y que ha sido presentado a la Asamblea Nacional de Panamá. Y busca cambiar el Artículo 174, que actualmente está así: “Quien mediante violencia o intimidación tenga acceso carnal con persona de uno u otro sexo, utilizando sus órganos genitales, será sancionado con prisión de siete a doce años. También se impondrá esta sanción a quien se haga acceder carnalmente en iguales condiciones”.

Se impondrá la misma pena a quien, sin el consentimiento de la persona afectada, le practique actos sexuales orales o le introduzca, con fines sexuales, cualquier objeto o parte de su cuerpo no genital, en el ano o la vagina. La pena será de diez a quince años de prisión con conductas agravantes.

Con la propuesta quedaría así: “Quien, valiéndose de una condición de ventaja, logre acceso sexual con persona mayor de catorce años y menor de dieciséis, aunque haya consentimiento, será sancionado con prisión de cuatro a seis años. Si la persona tiene dieciséis a dieciocho años de edad y no dio consentimiento se aplicará la misma pena”. La sanción será aumentada de un tercio hasta la mitad del máximo con conductas agravantes. Con esta propuesta también se elimina el Artículo 176 del Código Procesal Penal.

Según el proponente el Código Penal entró – desde sus orígenes - un abrupto rompimiento de las tradiciones culturales y un radical desconocimiento de los principios internacionales. En el país hay más de 7 culturas indígenas. El proponente recuerda que desde antes de Cristóbal Colón y hasta nuestros días, los indígenas se unían a los 14 años y los padres se alegraban. “Hemos dado al traste con estas tradiciones de millones de indígenas, extranjeros y panameños que siempre han visto esto normal...”, señala la exposición de motivos.

Para Teresita de Aras, exdiputada y defensora de los derechos de la mujer y la familia, el proyecto es “inaceptable”. “Las prácticas culturales - aunque sean milenarias - que violan derechos humanos (mutilación genital y matrimonio con niñas) no pueden aceptarse con la excusa de que son una tradición...”, explicó. Las consecuencias de estos actos son para toda la vida, dice.

Esmeralda Arosemena de Troitiño, defensora de los derechos de la niñez y ex comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, asegura que el argumento de las tradiciones indígenas no tiene fundamento jurídico. “Para la experta en temas de derechos humanos, una reforma penal para reducir las sanciones es una “vergüenza”. Además, de ignorar lo que significa para los proyectos de vida de las víctimas. De Troitiño recordó que la protección de los derechos de la infancia, la niñez y la adolescencia es una obligación del Estado.

Maritza Cedeño, presidenta del Colegio Nacional de Periodistas (CNA), señaló que la sociedad no está preparada para rebajas de penas en delitos sexuales donde las víctimas son menores de edad.

“Sería un retroceso para nuestro país si se aprueba un proyecto de este tipo...”, agrega.

Según la abogada son muchas las luchas que se han generado buscando protección, sobre todo, de los menores de edad. “Observamos con mucha preocupación esta iniciativa ciudadana que se ha presentado en la Asamblea Nacional”, advierte.

En su criterio la iniciativa contradice los acuerdos internacionales. “A los menores de edad, no importa la edad hay que protegerlos y no debemos cambiar la normativa ya existente”, sostiene el presidente del gremio de abogados. Por último, Cedeño opina que cualquiera rebaja de pena en estos delitos debe considerarse “atroz”.

Jenny Bard, de la Alianza por la Niñez, aseguró que analizarán la propuesta entre varias organizaciones para realizar sus comentarios. Aunque, en principio dijo que era “horrible”.

Otro abogado, que prefirió no ser mencionado, explicó quien tiene una relación sexual con una menor de edad comete un delito de “violación”. Aclaró que las niñas o adolescentes no están en la capacidad de consentir un acto de este tipo. Para él, “rebajar las penas en un país donde todos los años cientos de niñas y adolescentes quedan embarazadas y se reportan múltiples casos de abuso sexual, en los tribunales, es un enorme riesgo”, advirtió.

De cada 10 denuncias de violación sexual, que se presentan en el país, 7 son de menores de edad, según una publicación de un medio local.