Fianza de cumplimiento, la otra preocupación de los ambientalistas por la mina de Donoso
- 17/02/2024 00:00
- 16/02/2024 18:55
El comité panameño de la UICN advirtió que el próximo 7 de marzo se vence la fianza de cumplimiento de la empresa Minera Panamá para la mina de Donoso, y hasta el momento el gobierno no ha tomado una decisión sobre el tema. Además, cuestiona la falta de transparencia en el plan de cierre de la mina La fianza de cumplimiento de la empresa Minera Panamá por la mina de cobre en Donoso, Colón, se suma a las inquietudes de los ambientalistas. El documento vence el próximo 7 de marzo y hasta el momento desconocen si el gobierno ha solicitado la renovación.
Esta y otras inquietudes fueron expuestas durante una conferencia del comité panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) que la integran varias organizaciones no gubernamentales del país, como el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), la Fundación para la Protección del Mar (Promar), la Asociación Adopta Bosques Panamá (Adopta) y el Centro de Estudios y Acción Social Panameño (Ceaspa). Todas aglutinadas en el movimiento Panamá vale más sin minería.
Aunque el próximo 7 de marzo vence la fianza de cumplimiento para el cierre, poscierre y causas imprevistas por la suma de $108 millones, ni el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) ni el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) han emitido resoluciones o instrucciones para hacer exigible la fianza, denunciaron los ambientalistas en la conferencia de prensa.
El gobierno debe exigir a la empresa Minera Panamá la renovación de la fianza de cumplimiento, porque de lo contrario no habrá garantías para el cumplimiento del plan de cierre de la mina, explicó Joana Ábrego, abogada de Ciam.
Las organizaciones ambientales alertaron sobre “incumplimiento y omisiones” del gobierno sobre el proceso de cierre de la mina de cobre en Donoso, después de dos meses y medio del fallo de inconstitucionalidad contra la Ley 406 que aprobó el contrato entre el Estado y Minera Panamá.
Cuestionaron la ausencia de las auditorías necesarias y la falta de transparencia. En conferencia de prensa, como en el plan de acción del cierre de la mina, el gobierno prometió tomar decisiones responsables, inclusivas y participativas sobre el cierre de la mina, sin embargo, desde entonces la tónica ha sido una “extrema hermeticidad sobre el contenido de las medidas adoptadas con respecto al proyecto”.
Los ambientalistas recordaron que el comité panameño de la UICN solicitó al Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), el pasado 28 de diciembre, información sobre las disposiciones jurídicas, comunicaciones y acciones tomadas para el cierre de la mina, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta.
Además, sus miembros cuestionaron que el plan de recuperación ambiental y abandono del proyecto fue presentado en 2011 y nunca fue actualizado, como tampoco contiene medidas para el cierre inesperado del proyecto como lo exige la legislación ambiental.
El comité panameño de la UICN también se quejó porque el gobierno, a pesar de haber reconocido la urgencia de las auditorías y las medidas de preservación en el sitio, no ha emitido órdenes específicas para que estas se realicen y ha dejado a criterio de la empresa todas las decisiones y acciones del área.
“Las auditorías son fundamentales para complementar el fallo de la Corte Suprema de Justicia y servir de base para la defensa del Estado en los arbitrajes anunciados por la empresa”, recalcaron los ambientalistas.
El comité panameño de la UICN recordó que las medidas de preservación son impostergables para proteger las comunidades y a la naturaleza del riesgo de deslave de la instalación de manejo de relave. El muro de contención de la instalación era constantemente reforzado con materiales extraídos del yacimiento, que ya no se están generando, por lo que las autoridades deben ordenar con qué materiales y procedimiento debe hacerse el mantenimiento necesario.
Los ambientalistas se quejaron, además, de que hasta el momento no se ha definido ningún mecanismo para la participación ciudadana en ninguna de las etapas estratégicas del plan de cierre de la mina.
Además de la vigilia que mantienen en MiAmbiente, no descartan otras medidas de protesta para que el gobierno escuche sus demandas, al mismo tiempo que reiteraron la solicitud de separación del cargo del ministro de Ambiente, Milciades Concepción.
La fianza de cumplimiento de la empresa Minera Panamá por la mina de cobre en Donoso, Colón, se suma a las inquietudes de los ambientalistas. El documento vence el próximo 7 de marzo y hasta el momento desconocen si el gobierno ha solicitado la renovación.
Esta y otras inquietudes fueron expuestas durante una conferencia del comité panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) que la integran varias organizaciones no gubernamentales del país, como el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), la Fundación para la Protección del Mar (Promar), la Asociación Adopta Bosques Panamá (Adopta) y el Centro de Estudios y Acción Social Panameño (Ceaspa). Todas aglutinadas en el movimiento Panamá vale más sin minería.
Aunque el próximo 7 de marzo vence la fianza de cumplimiento para el cierre, poscierre y causas imprevistas por la suma de $108 millones, ni el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) ni el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) han emitido resoluciones o instrucciones para hacer exigible la fianza, denunciaron los ambientalistas en la conferencia de prensa.
El gobierno debe exigir a la empresa Minera Panamá la renovación de la fianza de cumplimiento, porque de lo contrario no habrá garantías para el cumplimiento del plan de cierre de la mina, explicó Joana Ábrego, abogada de Ciam.
Las organizaciones ambientales alertaron sobre “incumplimiento y omisiones” del gobierno sobre el proceso de cierre de la mina de cobre en Donoso, después de dos meses y medio del fallo de inconstitucionalidad contra la Ley 406 que aprobó el contrato entre el Estado y Minera Panamá.
Cuestionaron la ausencia de las auditorías necesarias y la falta de transparencia. En conferencia de prensa, como en el plan de acción del cierre de la mina, el gobierno prometió tomar decisiones responsables, inclusivas y participativas sobre el cierre de la mina, sin embargo, desde entonces la tónica ha sido una “extrema hermeticidad sobre el contenido de las medidas adoptadas con respecto al proyecto”.
Los ambientalistas recordaron que el comité panameño de la UICN solicitó al Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), el pasado 28 de diciembre, información sobre las disposiciones jurídicas, comunicaciones y acciones tomadas para el cierre de la mina, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta.
Además, sus miembros cuestionaron que el plan de recuperación ambiental y abandono del proyecto fue presentado en 2011 y nunca fue actualizado, como tampoco contiene medidas para el cierre inesperado del proyecto como lo exige la legislación ambiental.
El comité panameño de la UICN también se quejó porque el gobierno, a pesar de haber reconocido la urgencia de las auditorías y las medidas de preservación en el sitio, no ha emitido órdenes específicas para que estas se realicen y ha dejado a criterio de la empresa todas las decisiones y acciones del área.
“Las auditorías son fundamentales para complementar el fallo de la Corte Suprema de Justicia y servir de base para la defensa del Estado en los arbitrajes anunciados por la empresa”, recalcaron los ambientalistas.
El comité panameño de la UICN recordó que las medidas de preservación son impostergables para proteger las comunidades y a la naturaleza del riesgo de deslave de la instalación de manejo de relave. El muro de contención de la instalación era constantemente reforzado con materiales extraídos del yacimiento, que ya no se están generando, por lo que las autoridades deben ordenar con qué materiales y procedimiento debe hacerse el mantenimiento necesario.
Los ambientalistas se quejaron, además, de que hasta el momento no se ha definido ningún mecanismo para la participación ciudadana en ninguna de las etapas estratégicas del plan de cierre de la mina.
Además de la vigilia que mantienen en MiAmbiente, no descartan otras medidas de protesta para que el gobierno escuche sus demandas, al mismo tiempo que reiteraron la solicitud de separación del cargo del ministro de Ambiente, Milciades Concepción.