Entre la persecución y un asilo sin posibilidad de trabajo, el dilema de los migrantes

Decenas de migrantes expulsados por Estados Unidos permanecen en Panamá. Sus vidas corren peligro si regresan a su país de origen y les quedan menos de dos meses para que se venza su permiso temporal en Panamá. Algunas de las alternativas que tienen son sentencias de muerte o condiciones imposibles.

De los 299 migrantes que recibió Panamá de Estados Unidos en febrero de este año, unos 47 permanecen en el albergue Fe y Alegría, ubicado en Las Mañanitas mientras que otros se encuentran en distintos alojamientos. “Hasta la semana pasada, entre el albergue Fe y Alegría, el Hogar Luisa y otros grupos familiares que están en unos alojamientos independientes, había cerca de 80 personas, más 110 personas que todavía quedaban”, detalló Álvaro Botero, uno de los abogados que presentó acciones legales contra Panamá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación a los derechos de estos migrantes. “Las 110 personas que representamos son las que no optaron por tomar la opción del retorno a sus países, y no digo retorno voluntario asistido porque me parece que la manera en la que se llevó a cabo el tema de los retornos voluntarios asistidos es bastante cuestionable. Estos retornos no fueron voluntarios. Las personas fueron forzadas a optar por el retorno”, afirmó Botero. Estos migrantes provienen de países como Etiopía, Afganistán, Irán, Rusia, Nepal, Sri Lanka, donde eran perseguidos por su religión, grupo étnico o afiliaciones políticas. Volver a su país de origen significaría la cárcel o incluso la muerte.

La Estrella de Panamá visitó el albergue Fe y Alegría y conversó con los migrantes. Las historias tenían elementos en común. Fueron detenidos en Estados Unidos, trasladados sin poder consultar con un abogado ni saber adónde los llevaban, y trasladados a Panamá sin su conocimiento. Una vez en Panamá, fueron custodiados en un hotel de la ciudad, donde tampoco podían salir ni hablar con abogados, y luego trasladados al centro San Vicente, en Darién. En este punto, los abogados presentaron una solicitud de medidas cautelares contra Panamá ante la CIDH.

“Muchas de estas personas tenían temas de salud graves, alegaban que las condiciones de detención ahí eran bastante deplorables; había una persona diabética que no estaba recibiendo el tratamiento debido; hubo un par de intentos de suicidio, la situación de estas personas en su detención era bastante grave”, dijo el abogado. En medio de la presión por parte de medios nacionales e internacionales, el Gobierno accedió a trasladarlos de vuelta a la ciudad. “El viernes 7 de marzo, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, anuncia que habían decidido otorgarles un permiso humanitario a estas personas por 30 días, prorrogable por otros 60 días, y a partir de que las personas empiezan a firmar ese permiso humanitario es que las empiezan a poner en libertad del centro de detención en San Vicente. Pero después de que firmaron el permiso humanitario, el Gobierno las agarró, las montó en buses y las empezó a mandar a la terminal de Albrook y ahí las dejaron. Dejaron solas a personas que el Gobierno había tenido detenidas, que había decidido recibir por parte de Estados Unidos, personas que estaban en un alto grado de vulnerabilidad, que no hablaban español, no tenían redes de apoyo en Panamá, no tenían dinero, no tenían adónde llegar ni dónde dormir”, relató Botero.

Ya en Ciudad de Panamá, muchos migrantes encontraron refugio en albergues como Fe y Alegría o el Hogar Luisa. En Fe y Alegría permanecen a la fecha 47 migrantes.

“El tema de la alimentación lo ha seguido haciendo Acnur. No sabemos hasta cuándo, pues también ellos están con recorte de presupuesto”, reveló Alberto Agrazal, promotor comunitario de Fe y Alegría. “Fe y Alegría, como organización ha recibido algunos fondos de su propia gestión. Algunos como la Pastoral de Movilidad Humana y otras organizaciones en la Fundación de Asistencia para el Migrante de las iglesias evangélicas han estado también en ese proceso del refugio. Otras personas han ido dando apoyos igual a través de las organizaciones que pertenecen a la red Clamor”, detalló.

De acuerdo con el abogado Botero, los migrantes en Panamá tienen tres opciones frente a ellos. La primera es permanecer en Panamá y solicitar su reconocimiento como refugiados. La segunda es conseguir un tercer país que los reciba, lo que es complicado en el contexto migratorio mundial que un país se muestre dispuesto a hacerlo. “Estamos indirectamente acompañando ciertos procesos que están adelantando otras organizaciones para ver si alguna de estas personas podrían ser reubicadas en otros países”, explicó el abogado. “Eso dependerá de si otros países las aceptan y de si las aceptan a través de qué vía migratoria pueden reubicarse en esos países. Por ejemplo, si les tocaría solicitar asilo en esos países también o si les dan una visa humanitaria, depende mucho de la discrecionalidad de cada Estado”, acotó.

La tercera opción sería volver a sus países de origen, pero para quienes huyeron por persecución y violencia esta no es una opción viable.

Sin embargo, quedarse en Panamá tampoco es una opción atractiva. “Ellos están en la dinámica de conseguir recursos y tratar de movilizarse hacia Costa Rica o hacia otro país de Centroamérica para ir haciendo como una estancia larga. Varios han visto el tema de solicitar refugio en Panamá, pero el tema es que si se les daría el estatus de refugiado, por lo que ha dicho la Onpar, pero el estatus de refugiado no conlleva tener un permiso laboral”, explicó el promotor comunitario Agrazal. “Entonces, eso te ata de pies y manos, porque la persona se puede quedar, ¿pero de qué vive?”, puntualizó.

El permiso temporal otorgado por Panamá expira a inicios de junio.