El fallo que llevó a Martinelli al asilo es analizado por la CSJ en demanda de inconstitucionalidad
- 02/11/2024 13:03
- 02/11/2024 10:48
El magistrado Olmedo Arrocha fue el encargado de admitir la demanda presentada por la abogada de Martinelli, Nadia Castillo. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió este 1 de noviembre una demanda de inconstitucionalidad sobre el fallo en el caso ‘New Business’, que condenó al expresidente Ricardo Martinelli a cumplir una pena de 128 meses de prisión desde inicios de este 2024.
El magistrado Olmedo Arrocha fue el encargado de admitir la demanda presentada por la abogada de Martinelli, Nadia Castillo.
Tras el fallo que le condenó, Martinelli se refugió en la Embajada de Nicaragua, nación cuyo Gobierno otorgó ‘asilo’ al expresidente. Al tiempo, hasta 4 demandas de inconstitucionalidad fueron interpuestas ante la CSJ por el fallo, pero solo la que presentó Castillo ha sido admitida.
Entre los argumentos de la presunta inconstitucionalidad, se detalla que el expresidente no podía ser acusado o enjuiciado por crimen o delito cometido antes de su extradición en junio de 2018, debido al principio de especialidad que establece un Tratado de Extradición entre EE.UU. y Panamá.
De acuerdo conl procedimiento de estos casos, el expediente de la demanda pasará a manos del procurador de la Administración, Rigoberto González, para que dé su opinión.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió este 1 de noviembre una demanda de inconstitucionalidad sobre el fallo en el caso ‘New Business’, que condenó al expresidente Ricardo Martinelli a cumplir una pena de 128 meses de prisión desde inicios de este 2024.
El magistrado Olmedo Arrocha fue el encargado de admitir la demanda presentada por la abogada de Martinelli, Nadia Castillo.
Tras el fallo que le condenó, Martinelli se refugió en la Embajada de Nicaragua, nación cuyo Gobierno otorgó ‘asilo’ al expresidente. Al tiempo, hasta 4 demandas de inconstitucionalidad fueron interpuestas ante la CSJ por el fallo, pero solo la que presentó Castillo ha sido admitida.
Entre los argumentos de la presunta inconstitucionalidad, se detalla que el expresidente no podía ser acusado o enjuiciado por crimen o delito cometido antes de su extradición en junio de 2018, debido al principio de especialidad que establece un Tratado de Extradición entre EE.UU. y Panamá.
De acuerdo conl procedimiento de estos casos, el expediente de la demanda pasará a manos del procurador de la Administración, Rigoberto González, para que dé su opinión.