Derogación de contrato con Panamá Ports, a primer debate
- 21/02/2024 00:00
- 20/02/2024 17:58
La comisión de Comercio analizará hoy la propuesta que deroga el contrato ley. Además, discutirá la modificación a la Ley 32 del 5 de abril de 2011 sobre el régimen especial para establecer y operar zonas francas La comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional someterá hoy a discusión en primer debate el proyecto de ley 1125, que deroga la Ley 5 de 1997, por la cual se aprobó el contrato entre el Estado y la Sociedad Panamá Ports Company, S.A. para el desarrollo, construcción, operación administrativa y dirección de las terminales portuarias de contenedores, Ro-Ro de pasajeros, carga a granel y carga general en los puertos de Balboa y Cristóbal, en la provincia de Colón.
El proyecto es impulsado por el diputado del partido Cambio Democrático (CD) Arnulfo Díaz, quien asegura que su propuesta pretende que se realice una revisión integral a este contrato que data de 1997, para que se realice una renegociación que vaya cónsona con los intereses y necesidades del país.
En junio de 2021 la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) decidió de manera unánime reconocer el cumplimiento de las condiciones básicas del contrato Ley 5 de 1997 con Panamá Ports Company, autorizando al administrador de la AMP a certificar y renovar el contrato para la continuidad del mismo extendiendo la concesión por 25 años más hasta 2047.
Esta extensión fue duramente cuestionada por diversos sectores políticos y de la sociedad civil que planteaban la renegociación del mismo y lograr mejores condiciones para el país.
En la sustentación de esta iniciativa, Díaz afirmó que hay un pronunciamiento de la Procuraduría de la Administración en la cual se evidencia un sinnúmero de inconstitucionalidades en este contrato, por lo que asegura que el mismo merece ser revisado.
“Yo siento que estos son contratos muy largos, son 25 años de contrato y está la renovación del mismo por otros 25 años más, pero debemos ver que desde 1997 el contrato tiene prácticamente las mismas regalías para el Estado y a pesar del desarrollo y crecimiento de nuestros puertos, tanto el de Cristóbal, como el de Balboa, y el manejo de sus operaciones se ha incrementado de manera importante, por lo que debe darse una renegociacion que represente mayores beneficios para el Estado panameño”, afirmó Díaz.
La propuesta pareciera contar con el aval de los diputados del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), quienes forman parte de esta instancia. ”Este es un tema que se va a debatir, se va a discutir”, anunció en su momento el presidente de la comisión de Comercio, el diputado Roberto Ábrego cuando el proyecto fue prohijado.
Además de Ábrego, la comisión está formada por los diputados Cenobia Vargas (PRD), Ariel Alba (PRD), Víctor Castillo (PRD), Francisco Alemán (Molirena), Elías Vigil (panameñista), Nelson Jackson, Alaín Cedeño y Juan Diego Vásquez.
El diputado de la bancada independiente Juan Diego Vásquez ha expresado que está en contra tanto del contrato inicial como de su extensión aprobada por el actual gobierno, y destacó que desde que se dio la negociación de este contrato en 1997 no se aseguraron los mejores intereses para el país.
De igual manera sugirió al resto de sus colegas que si hay rasgos de inconstitucionalidad en este contrato, lo mejor es que sea la Corte Suprema de Justicia la que emita un pronunciamiento, por lo que advirtió que frente a este proyecto “podemos caer en algo tan grave y tan contrario a derecho como el propio contrato”.
La comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional someterá hoy a discusión en primer debate el proyecto de ley 1125, que deroga la Ley 5 de 1997, por la cual se aprobó el contrato entre el Estado y la Sociedad Panamá Ports Company, S.A. para el desarrollo, construcción, operación administrativa y dirección de las terminales portuarias de contenedores, Ro-Ro de pasajeros, carga a granel y carga general en los puertos de Balboa y Cristóbal, en la provincia de Colón.
El proyecto es impulsado por el diputado del partido Cambio Democrático (CD) Arnulfo Díaz, quien asegura que su propuesta pretende que se realice una revisión integral a este contrato que data de 1997, para que se realice una renegociación que vaya cónsona con los intereses y necesidades del país.
En junio de 2021 la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) decidió de manera unánime reconocer el cumplimiento de las condiciones básicas del contrato Ley 5 de 1997 con Panamá Ports Company, autorizando al administrador de la AMP a certificar y renovar el contrato para la continuidad del mismo extendiendo la concesión por 25 años más hasta 2047.
Esta extensión fue duramente cuestionada por diversos sectores políticos y de la sociedad civil que planteaban la renegociación del mismo y lograr mejores condiciones para el país.
En la sustentación de esta iniciativa, Díaz afirmó que hay un pronunciamiento de la Procuraduría de la Administración en la cual se evidencia un sinnúmero de inconstitucionalidades en este contrato, por lo que asegura que el mismo merece ser revisado.
“Yo siento que estos son contratos muy largos, son 25 años de contrato y está la renovación del mismo por otros 25 años más, pero debemos ver que desde 1997 el contrato tiene prácticamente las mismas regalías para el Estado y a pesar del desarrollo y crecimiento de nuestros puertos, tanto el de Cristóbal, como el de Balboa, y el manejo de sus operaciones se ha incrementado de manera importante, por lo que debe darse una renegociacion que represente mayores beneficios para el Estado panameño”, afirmó Díaz.
La propuesta pareciera contar con el aval de los diputados del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), quienes forman parte de esta instancia. ”Este es un tema que se va a debatir, se va a discutir”, anunció en su momento el presidente de la comisión de Comercio, el diputado Roberto Ábrego cuando el proyecto fue prohijado.
Además de Ábrego, la comisión está formada por los diputados Cenobia Vargas (PRD), Ariel Alba (PRD), Víctor Castillo (PRD), Francisco Alemán (Molirena), Elías Vigil (panameñista), Nelson Jackson, Alaín Cedeño y Juan Diego Vásquez.
El diputado de la bancada independiente Juan Diego Vásquez ha expresado que está en contra tanto del contrato inicial como de su extensión aprobada por el actual gobierno, y destacó que desde que se dio la negociación de este contrato en 1997 no se aseguraron los mejores intereses para el país.
De igual manera sugirió al resto de sus colegas que si hay rasgos de inconstitucionalidad en este contrato, lo mejor es que sea la Corte Suprema de Justicia la que emita un pronunciamiento, por lo que advirtió que frente a este proyecto “podemos caer en algo tan grave y tan contrario a derecho como el propio contrato”.