Defensoría revela el drama de niños y adolescentes migrantes

La Defensoría del Pueblo reveló este jueves el informe de seguimiento a la situación de derechos humanos de la niñez y adolescencia en la zona fronteriza de Panamá con Colombia. La entidad manifiesta una seria preocupación por la situación de los niños y adolescentes que transitan por la selva de Darién. Habla sobre la violencia, delitos sexuales y los riesgos a los que se exponen los niños durante el trayecto, agresiones o incluso pueden perder la vida en terrenos empinados o bajo la agresión de grupos criminales organizados. Todo lo anterior en un escenario de insuficiente atención psicológica y legal que debe presentar el Estado en los primeros sitios de acogida.

El informe destaca cómo la violencia de género, particularmente la violencia sexual que afecta a mujeres y niñas, aumentó significativamente en 2023. De igual manera, los niños y adolescentes están expuestos a robos, ataques y corren el riesgo de perder la vida y hasta desaparecer en la selva.

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a la “acción articulada y urgente del Estado y otros actores frente al exponencial incremento de personas que ingresan de forma irregular a Panamá, para atender las necesidades de protección y prevenir violaciones a sus derechos humanos”.

La visión integral que ofrece el informe permite identificar los principales desafíos que continúan enfrentando niños y adolescentes en términos de protección, acceso a servicios básicos, a la justicia, falta de seguridad durante el tránsito por la selva, las comunidades de las zonas fronterizas y en las estaciones temporales de recepción migratoria (ETRM).

Las cifras oficiales indican una tendencia al aumento de migrantes, dado que los tres primeros meses de este año un total de 110.008 personas han cruzado, respecto a las 87.390 registradas en el mismo periodo de 2023. En este mismo tiempo pasaron 24.268 niñoas y adolescentes, frente a los 17.356 del primer trimestre de 2023. A pesar de los esfuerzos de las instituciones estatales, aún hace falta proteger y garantizar sus derechos. El flujo migratorio se incrementa y requiere de una mayor rigurosidad en la identificación de casos de protección, es necesario mantener la advertencia de tomar medidas urgentes para atender a la infancia y la adolescencia, tanto en movilidad como en las comunidades de acogida.

El informe confirma el accionar de grupos delincuenciales organizados que ejercen de manera sistemática violencia física y psicológica contra los migrantes a través de extorsiones, intimidación, humillación, tortura, robos y otros delitos. En el monitoreo que efectuó, la Defensoría conoció de casos de secuestros masivos con afectación hasta de 40 personas en las que también se da cuenta de desapariciones, homicidios, violencia de género y sexual. Hay un subregistro de casos de abuso sexual relacionados con las barreras para la presentación de denuncias, según se constató durante el diálogo “Contribuyendo a la prevención de la violencia sexual contra las mujeres y niñas migrantes en los países de las Américas”, que se celebró en Panamá.

En 2023 el 36% del total de la población que transitó por Darién fue mujeres y niñas (187.466). Según Médicos Sin Fronteras, sus equipos atendieron a 676 sobrevivientes de violencia sexual. La tasa de este delito en la ruta por la selva viene en ascenso, afectando a mujeres principalmente. La organización médica reportó que 9% de los sobrevivientes era menores de edad, la gran mayoría niñas.

Por otro lado, el Ministerio Público registró 406 víctimas durante 2023, de ellas 147 mujeres y 228 hombres, afectados por diferentes delitos. De las 162 investigaciones que realizó la entidad judicial, 17 fueron por delitos contra la libertad sexual que afectaron a 28 personas. En cambio, entre enero y octubre de 2021 el Ministerio Público reportó 112 denuncias por delitos de esta índole. La disminución de las denuncias refleja el subregistro. Entre las causas responden al trauma por el hecho, el temor a la denuncia y la falta de confianza en este organismo, las condiciones precarias acentuadas por la vulnerabilidad de la población en movilidad, además de la posibilidad de encontrarse con los perpetradores. A pesar del equipo judicial enviado a Cannán Membrillo y Bajo Chiquito, donde llega la mayoría de los migrantes, hacen falta equipos especializados en atención médica, psicosocial y jurídica en las estaciones temporales. Pero también hace referencia el informe a la falta de personal femenino para recibir las denuncias y hacer atender sus casos, lo que representa una barrera al acceso a la justicia.

Sin compañía

El año anterior se registraron 3.300 casos frente a los 1.067 de 2022. De estos, el 10% es menor de 5 años, el 30% entre 6 y 12 años, mientras que los adolescentes entre 13 y 17 años representan el 60% del total del grupo. Según datos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), en 2022 atendieron 421 casos en total, no acompañados fueron 299 y separados 122. Pero en 2023 la cifra disminuyó a pesar del aumento del flujo migratorio. Reportó un total de 356 casos, de ellos 149 no acompañados y 207 separados. De estos, el 61% son niños y adolescentes entre 0 y 12 años, y el 39% está entre los 13 y 17 años. La diferencia puede atribuirse a que la Senniaf no tiene presencia en las comunidades de acogida o las estaciones temporales, solo hay una unidad de niñez del Senafront en la estación de Lajas Blancas, lo que contribuye a la invisibilización de los casos y a que se presente un subregistro.

Las rutas de los migrantes siguen siendo desde Colombia a través del Atlántico, utilizando puntos de Turbo/Necoclí - Arcandí/Capurganá. En cuanto a las rutas de ingreso a Panamá, las comunidades de la comarca Guna Yala por Punta Carreto o Caledonia y la comarca Emberá Wounaan, son puntos de entrada importantes. Aunque en 2022 y el primer semestre de 2023 el tránsito era especialmente intenso por la ruta de Canaán Membrillo, a partir del segundo semestre de ese mismo año se observó una disminución en el flujo por esta comunidad y un incremento en la ruta que llega a Bajo Chiquito. Esto, debido a que los costos son menores, sin embargo, los riesgos por la presencia de grupos delincuenciales organizados, que especialmente entre Charope y Comegallina, agreden y violentan a la población en tránsito, son mayores también.

El informe de la Defensoría también revela el incremento de familias monoparentales con varios niños y adolescentes, que pueden incluir además a mujeres gestantes, lactantes, personas mayores y con discapacidad. También se mantiene el paso de niños y adolescentes no acompañados y familias jóvenes. Se destaca que antes de llegar a Panamá, pasan por distintos países, lo que se traduce en un proceso migratorio de años puesto que en los sitios previos no han logrado una estabilidad. Tampoco cuentan con redes de apoyo en el país de origen o destino que ayuden a su movilidad con el envío de dinero, y esto aumenta su exposición a situaciones de riesgo en aras de lograr los recursos para continuar su viaje.

El aumento de flujo ha saturado la capacidad operativa de las instituciones estatales que prestan servicios básicos, los actores de cooperación en las comunidades receptoras cuyo acogimiento se ha desbordado, la infraestructura se ha deteriorado y no han sido ampliadas. En este contexto, las autoridades de Panamá y Costa Rica acordaron la extensión del corredor humanitario para realizar viaje desde las ETRM ubicadas en Darién, de manera ininterrumpida, hacia el centro de atención temporal para migrantes sur ubicado en Costa Rica. Esto implicó el cese de operaciones de la ETRM de Gualaca, Chiriquí, ya que el tránsito por Paso Canoas se hace de manera expedita hasta el país vecino. De igual forma representó un aumento en el costo del pasaje, de $40 a $60 por persona, situación que tuvo repercusiones en las familias numerosas que viajan con niños y adolescentes.

En 2023 el Ministerio de Seguridad, en aras de contener las actividades de delincuencia organizada transnacional, puso en marcha la operación Escudo y la Operación Chocó en 2023, que continuó a principios de 2024 con la creación de la Unidad de Perfilamiento y Análisis para la Protección Fronteriza (UPAPF), así como la mejora en los puestos de vigilancia. De igual forma, en febrero de 2023 Panamá y Colombia firmaron una hoja de ruta para colaborar en la zona fronteriza contra las organizaciones delictivas transnacionales y el crimen organizado particularmente dedicadas al narcotráfico, la extracción ilícita de recursos minerales y la migración irregular. Pero las redes de tráfico de personas y grupos delincuenciales siguen operando en la ruta migratoria por la selva de Darién. En este sentido, el escrito advierte la importancia de no criminalizar la migración y mantener el enfoque de derechos humanos en la gestión del flujo migratorio y la atención a la población vulnerable en búsqueda de protección internacional o mejores oportunidades. En este contexto, los riesgos que enfrentan los niños y adolescentes migrantes continúan, al igual que afectaciones a derechos como la educación, protección, vida, crecimiento y desarrollo, a la familia, la salud, agua, nacionalidad y nombre.

Todos los niños tienen derecho a ser protegidos en cualquier situación que requiera auxilio, asistencia humanitaria o proyección internacional. En los viajes que hacen por Darién, los niños y adolescentes han enfrentado riesgos de naufragio en los trayectos marítimos, condiciones topográficas de riesgo, carecen de agua potable, alimento, atención médica. Los niños y adolescentes son sometidos a extensas y agotadoras caminatas en medio de barro, lluvia, sol, atraviesan ríos y escalan peligrosos abismos donde pueden morir. Todo lo anterior bajo el riesgo de encontrarse con grupos delincuenciales organizados que han expandido sus tentáculos con el tráfico de migrantes y mantienen el ejercicio de múltiples tipos de violencia y agresiones contra los viajeros. En este escenario, los niños y adolescentes están expuestos a riesgos de captación por parte de estos grupos, pueden ser víctimas o testigos de violencia contra ellos o sus familiares. Pueden ser víctimas de trata, intimidación, abuso y violencia.

Todo lo anterior afecta su vida e integridad física y mental. La Defensoría también expone que en los sitios de acogida temporal tienen limitada capacidad de prestación de servicios básicos, vivencias cotidianas en espacios hacinados, rodeados de desconocidos, sin privacidad. En este trayecto se evidencia que algunos niños y adolescentes se encuentran solos o separados de sus familias, otros han perdido a las personas que se hacen cargo de ellos, igual pasan gran parte del día ausentes. Entre otros factores, se mantiene un riesgo de que se exacerben las situaciones de riesgo como maltrato, explotación o mendicidad debido a las penurias económicas que enfrentan sus familias durante el trayecto.