De Obaldía: ‘Panamá lleva más de una década estancado en combate contra la corrupción’
- 12/02/2025 00:00
- 11/02/2025 18:36
El Índice de Percepción de la Corrupción 2024 muestra un retroceso sistemático en la lucha contra la corrupción desde el 2012 en el país. La última evaluación, Panamá sacó 33 puntos de 100 Desde que Panamá habilitó su participación en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) no ha dejado de descender en este ranking. “Este año sacamos 33/100, siendo 100 lo más transparente [...] Cuando Panamá entró a la medición, en 2012, lo hicimos con 38/100”, expresó Olga De Obaldía, abogada y directora ejecutiva de la Fundación para la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), entidad realizadora del estudio.
“Esto quiere decir que en los años que han pasado desde 2012 hasta la fecha, no estamos mejorando, estamos estancados”, opinó la especialista.
El estudio, que solo toma en consideración la percepción de los actos de corrupción en el sector público, basa su valoración en el resultado promedio de tres fuentes de datos, extraídas de 13 encuestas y evaluaciones de corrupción diferentes.
”Este estudio es un índice de índices, no se basa en la percepción de los ciudadanos ni de TI, sino que se toman mediciones internacionales y se promedian”, detalló la principal de la fundación. Algunas fuentes consultadas son el Foro Económico Mundial y el Banco Mundial.
La investigación considera actos concretos de corrupción dentro de la rama estatal, como sobornos, captura del Estado, impunidad, nepotismo y otros términos.
“Estos índices internacionales impactan a la nación, en la consideración del riesgo país y, a nivel nacional, nos ayudan a entender dónde debemos enfocar nuestros esfuerzos”, resaltó.
A nivel mundial, Panamá ocupó el puesto 114 de 180 naciones evaluadas y, en la región de América Latina nos situamos en el puesto 9, siendo superados por Uruguay, Chile, Costa Rica, Cuba, Colombia, Argentina, República Dominicana y Brasil.
El país obtuvo una mejor valoración que Ecuador, Perú, El Salvador, Bolivia, México, Guatemala, Paraguay, Nicaragua y Venezuela.
Panamá concretó el mismo puntaje que Bielorrusia, Filipinas y Sierra Leona, y quedó cerca de países como Kenia, Angola o Sri Lanka.
Lo llamativo del documento es que Panamá se sitúa entre las naciones con “poca gobernanza democrática”. Sobre este asunto, De Obaldía definió al país como una “anomalía” dentro de ese grupo de naciones, debido a que, aunque se encuentra en ese sector, “todavía somos capaces de mantener la parte electoral de nuestra democracia”.
“El problema es que tenemos una grave afectación en la división de poderes y en el control y la rendición de cuentas, para poder tener una verdadera gobernanza democrática”, ponderó.
Según la abogada, en lugar de ser un régimen “no democrático”, Panamá es un “régimen híbrido”, porque conserva ciertos aspectos formales de la democracia, como el sufragio, lo que no significa que haya rendición de cuentas.
Al ser consultada sobre los aspectos a mejorar en el país, De Obaldía indicó que son: la certeza del castigo y funcionamiento de la justicia para que no haya impunidad, desviación de fondos públicos para beneficiar a unos cuantos. Aun así, destacó que la implementación de la carrera judicial representa una “luz de esperanza”.
La cuestión climática Este año, desde TI, decidieron relacionar el crecimiento de la transparencia con el combate contra el cambio climático.
Maíra Martini, directora ejecutiva de Transparencia Internacional, mencionó en el informe que “las fuerzas corruptas no solo tienen un papel en la formulación de las políticas, sino que a menudo las imponen y desarticulan el sistema de pesos y contrapesos institucionales, silenciando, a su vez, a periodistas, activistas y a toda persona que se pronuncie a favor de la igualdad y la sostenibilidad”.
En Panamá, De Obaldía puso como ejemplo el desarrollo de la minería ilegal en Darién. “La corrupción hace que el país esté poco preparado para adaptarse a las crisis de cambio climático, como lo probó la crisis de agua en la cuenca del Canal de Panamá”, acotó.
Lilian Guevara, directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM), dijo que este informe mostró que la relación entre la corrupción estatal y el logró de los objetivos climáticos es “muy grave”.
A juicio de Guevara, la corrupción puede impactar en la forma en que se otorgan los permisos de impacto ambiental, en la manera en la que se investigan y juzgan delitos ambientales, la apropiación de recursos naturales públicos y otros.
”Por lo que vemos en el informe, estas expresiones se dan en todos los países, incluyendo Panamá”, reconoció.
Guevara exigió a las autoridades hacer cumplir las leyes en materia ambiental, para estimular la participación ciudadana en lo que a las denuncias correspondientes se refiere.
“Ese es uno de los principales obstáculos que tenemos. Muchas personas no se sienten incentivadas a denunciar porque consideran que no van a obtener resultados y terminan siendo perseguidos por infamia”, concluyó.
Desde que Panamá habilitó su participación en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) no ha dejado de descender en este ranking. “Este año sacamos 33/100, siendo 100 lo más transparente [...] Cuando Panamá entró a la medición, en 2012, lo hicimos con 38/100”, expresó Olga De Obaldía, abogada y directora ejecutiva de la Fundación para la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), entidad realizadora del estudio.
“Esto quiere decir que en los años que han pasado desde 2012 hasta la fecha, no estamos mejorando, estamos estancados”, opinó la especialista.
El estudio, que solo toma en consideración la percepción de los actos de corrupción en el sector público, basa su valoración en el resultado promedio de tres fuentes de datos, extraídas de 13 encuestas y evaluaciones de corrupción diferentes.
”Este estudio es un índice de índices, no se basa en la percepción de los ciudadanos ni de TI, sino que se toman mediciones internacionales y se promedian”, detalló la principal de la fundación. Algunas fuentes consultadas son el Foro Económico Mundial y el Banco Mundial.
La investigación considera actos concretos de corrupción dentro de la rama estatal, como sobornos, captura del Estado, impunidad, nepotismo y otros términos.
“Estos índices internacionales impactan a la nación, en la consideración del riesgo país y, a nivel nacional, nos ayudan a entender dónde debemos enfocar nuestros esfuerzos”, resaltó.
A nivel mundial, Panamá ocupó el puesto 114 de 180 naciones evaluadas y, en la región de América Latina nos situamos en el puesto 9, siendo superados por Uruguay, Chile, Costa Rica, Cuba, Colombia, Argentina, República Dominicana y Brasil.
El país obtuvo una mejor valoración que Ecuador, Perú, El Salvador, Bolivia, México, Guatemala, Paraguay, Nicaragua y Venezuela.
Panamá concretó el mismo puntaje que Bielorrusia, Filipinas y Sierra Leona, y quedó cerca de países como Kenia, Angola o Sri Lanka.
Lo llamativo del documento es que Panamá se sitúa entre las naciones con “poca gobernanza democrática”. Sobre este asunto, De Obaldía definió al país como una “anomalía” dentro de ese grupo de naciones, debido a que, aunque se encuentra en ese sector, “todavía somos capaces de mantener la parte electoral de nuestra democracia”.
“El problema es que tenemos una grave afectación en la división de poderes y en el control y la rendición de cuentas, para poder tener una verdadera gobernanza democrática”, ponderó.
Según la abogada, en lugar de ser un régimen “no democrático”, Panamá es un “régimen híbrido”, porque conserva ciertos aspectos formales de la democracia, como el sufragio, lo que no significa que haya rendición de cuentas.
Al ser consultada sobre los aspectos a mejorar en el país, De Obaldía indicó que son: la certeza del castigo y funcionamiento de la justicia para que no haya impunidad, desviación de fondos públicos para beneficiar a unos cuantos. Aun así, destacó que la implementación de la carrera judicial representa una “luz de esperanza”.
Este año, desde TI, decidieron relacionar el crecimiento de la transparencia con el combate contra el cambio climático.
Maíra Martini, directora ejecutiva de Transparencia Internacional, mencionó en el informe que “las fuerzas corruptas no solo tienen un papel en la formulación de las políticas, sino que a menudo las imponen y desarticulan el sistema de pesos y contrapesos institucionales, silenciando, a su vez, a periodistas, activistas y a toda persona que se pronuncie a favor de la igualdad y la sostenibilidad”.
En Panamá, De Obaldía puso como ejemplo el desarrollo de la minería ilegal en Darién. “La corrupción hace que el país esté poco preparado para adaptarse a las crisis de cambio climático, como lo probó la crisis de agua en la cuenca del Canal de Panamá”, acotó.
Lilian Guevara, directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM), dijo que este informe mostró que la relación entre la corrupción estatal y el logró de los objetivos climáticos es “muy grave”.
A juicio de Guevara, la corrupción puede impactar en la forma en que se otorgan los permisos de impacto ambiental, en la manera en la que se investigan y juzgan delitos ambientales, la apropiación de recursos naturales públicos y otros.
”Por lo que vemos en el informe, estas expresiones se dan en todos los países, incluyendo Panamá”, reconoció.
Guevara exigió a las autoridades hacer cumplir las leyes en materia ambiental, para estimular la participación ciudadana en lo que a las denuncias correspondientes se refiere.
“Ese es uno de los principales obstáculos que tenemos. Muchas personas no se sienten incentivadas a denunciar porque consideran que no van a obtener resultados y terminan siendo perseguidos por infamia”, concluyó.