Arturo Hoyos: ‘La Corte se politizó y la responsabilidad de eso es de quienes la dirigen’

Para el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Arturo Hoyos, los comicios generales de 2024 fueron un “punto de inflexión” en el balance de la administración de justicia y los procesos electorales en Panamá. Considera que la política, cada vez se abre más espacio entre los pasillos del Palacio Gil Ponce, lo que podría traducirse en mayor judicialización de las votaciones, como ocurre en otros países que sufren derivas autoritarias en la región.

Hoyo, presidente de la CSJ por tres veces consecutivas, entre 1994 y 1999, comparte la tesis de que el país necesita un cambio constitucional ante la crisis de las instituciones, pero este debe ser por vía de una constituyente paralela para “evitar sobresaltos”. Habla sobre las nuevas designaciones en la Procuraduría de la Nación y la Administración, y enfatiza en que estas deben estar al servicio de los ciudadanos y no solo al poder de turno.

En los últimos diez años, Panamá ha tenido cuatro grandes grupos de problemas. Primero, un problema de liderazgo; segundo, un proceso de decadencia de las instituciones; tercero, a partir del 2020, una situación económica descendente; y cuarto, gran problema, que tiene que ver con la eficacia de la democracia. Creo que desde el 1 de julio hemos dado un salto en el primero, en el liderazgo, un salto adelante. El presidente José Raúl Mulino le ha devuelto la esperanza al país, de que va a haber un liderazgo que va a tratar de resolver los problemas.

Hay un retroceso en las instituciones. Es evidente que la idea de un cambio constitucional, requiere una reforma del Estado, no solo para achicarlo sino también para que la gente empiece a recuperar esa confianza. Estamos ante un sistema hiperpresidencialista y los esfuerzos empiezan por fortalecer instituciones fuera del Ejecutivo, el Órgano Judicial y el Tribunal Electoral. Por ejemplo, en el caso de la discusión por la inhabilitación de Mulino, el Tribunal Electoral interpretó bien la ley electoral, siguiendo el principio de la maximización de la participación política. Francamente me daba mucho temor que nos empezáramos a deslizar por esa ruta de inhabilitar candidatos, que ha seguido Venezuela. Incluso, por medio de la Justicia.

La Corte Suprema se politizó y la responsabilidad primaria de eso, es de quienes la dirigen. No creo que sea una cosa constante y general, pero esa situación sí colocó al país al borde de una situación sumamente peligrosa (...) tiene que haber un cambio de rumbo, porque el rumbo de la politización de la Corte es negativo para el país.

No de la forma que ha estado sucediendo. En las elecciones 1994, cuando asumí el cargo de presidente, en enero de aquel año, señalé muy claramente que las elecciones se ganan en las urnas y no en la Corte. En ese momento se podía ir a la Corte con amparos, que después se prohibió en 2005; tuvimos el mismo problema en 1999. Entonces había más instrumentos, aparte del recurso de inconstitucionalidad, para meter a la Corte en el proceso electoral y yo dije que aquí no vamos a voltear elecciones. Es una costumbre vieja de meter a la justicia en lo electoral, pero si hay una convicción y un liderazgo firme de respetar el proceso electoral, esas pretensiones se estrellan contra una muralla.

Yo favorezco una paralela precedida de una ley de contenidos mínimos y que se integre al bloque de constitucionalidad ¿Por qué? Existen muchas cosas en la Constitución de las que depende toda nuestra vida económica y social, que no deben abrirse a discusión. La constituyente debe respetar las libertades públicas y derechos fundamentales, eso ni siquiera tenemos por qué abrir la discusión. Debe respetarse y conservar el sistema monetario; también mantener la prohibición de la reelección presidencial, igual el título del Canal. ¿Por qué vamos a abrir a discusión la protección de los trabajadores?, las 48 horas semanales o el derecho a las vacaciones. Cuando hablamos de una constituyente paralela, hablamos de un proceso que va tener que moverse en ciertos límites. Hay que hacer un cambio constitucional sin quitarle el sueño a la gente.

La constituyente debe hacer los cambios que se requieran, incluyendo cambiar la Asamblea (...) estos nuevos jóvenes [diputados ] le asestaron un duro y merecido golpe al clientelismo, pero el tema va más allá. Si este sistema no es eficaz, generando bienestar y empleo, si el gobierno no tiene éxito en atender esos grandes problemas, podríamos empezar a deslizarnos a un sistema con rayas autoritarias.

Absolutamente, es un reto para el país y para este sistema económico, ante el aumento de la pobreza y la desigualdad, hemos retrocedido. Con el cierre de la mina retrocedimos.

Sí, pero bajó el desempleo con la mina. Y antes con la pandemia que se perdieron miles de empleo informales.

Absolutamente.

Sí, pero están equivocados. Ni siquiera se leyeron los casos en los que el Estado había perdido internacionalmente. Hay uno, el de Dominion Minerals vs. Panamá, el país perdió porque se canceló una concesión minera por una sentencia de la Corte, de la Sala Tercera, por el mismo problema de que no hubo consulta ni licitación. Una expropiación indirecta a la luz del derecho internacional.

Creo que es un buen nombramiento, una persona competente. Ahora la Procuraduría de la Administración ha entendido mal el papel que juega en el control de la administración pública. Se han dedicado a defender a ultranza las administraciones presidenciales. Grettel de Villalaz tiene el reto de enrumbar a la Procuraduría, no solo defender los actos del gobierno, sino también a la protección del derecho de los ciudadanos frente a la administración pública, lo que no ha hecho la Procuraduría en los últimos 10 años.

Mira en el Órgano Judicial hay carrera judicial, en el Ministerio Público nunca ha habido. Primero está eso, no hay estabilidad, y a medida que no hay carrera existe un mayor temor del servidor a ser destituido por razones políticas. Eso es un problema estructural de la institución. También persiste una cierta cultura para utilizar el Ministerio Público en persecución política. Es una realidad en Panamá y América Latina.