Aduanas objeta proyecto que amplía facultad del Ministerio Público de investigar el contrabando

Las Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) presentó su objeción al proyecto de ley 58 que modifica el Código Penal y que dicta disposiciones relacionadas al comercio ilícito y el contrabando, y que busca pasar al Ministerio Público (MP) desde determinado monto, la facultad de investigar penalmente esta conducta.

El proyecto establece penas de prisión de cinco a ocho años para el contrabando y el comercio ilícito, y sería aplicable siempre que la cuantía del contrabando sea igualo superior a 20 mil dólares, tomando en cuenta el monto más alto entre el valor aduanero de las mercancías o de todos los impuestos y las demás contribuciones emergentes que pudieran causarse en una importación legal a consumo definitivo.

El Código Penal vigente establece en su artículo 288A penas de dos a cinco años que sería aplicable cuando la cuantía del contrabando sea igual o superior a los 500 mil dólares.

Durante la discusión del proyecto en primer debate, en la Comisión Gobierno de la Asamblea Nacional, Soraya Valdivieso, directora de la ANA manifestó que los delitos de contrabando y defraudación aduanera han existido desde la ley de 1984, por lo que son aplicables penas principales como la privación de libertad, multas, aplicación de penas accesorias como el comiso de mercancía, cancelación de licencias y de cables en el sistema informático.

Explicó conceptos jurídicos en donde señaló que la ANA tiene competencia y jurisdicción para perseguir, investigar y sancionar los delitos del comercio ilícito y contrabando.Recalcó que para ello cuenta con toda una estructura investigativa sumarial y jurisdiccional para todo el proceso penal aduanero.

“Panamá tiene una ley especial aduanera que no tienen otros países de la región, además contamos con una de las principales zonas francas de la región”, indicó.

En tanto, la jefa de asesoría de legal de la institución, Yoanny Prestán dijo que hay que saber la diferenciación entre la esfera penal y el papel que cumple la ANA.

Indicó que la ANA, según la Ley 30 del 8 de noviembre de 1984 tiene una jurisdicción penal especial reconocida a través del Código Penal, que le da esa potestad a la Autoridad Nacional de Aduanas para conocer de delitos de contrabando y defraudación.

”No se trata de dos materias distintas, ni de dos tratamientos diferentes porque hay fallos de la Corte Suprema de Justicia que le reconocen a la Autoridad Nacional de Aduanas la jurisdicción penal especial”, destacó.

Frente a la propuesta establecida en el proyecto en discusión Prestán manifestó que la Aduanas también conoce de las conductas penales y tiene penas principales mucho más rigurosas que van mucho más allá porque establece la pena privativa de libertad y la sanción de dos a cinco veces y hasta diez veces el valor de la mercancía. “Entonces sí es un efecto disuasivo y persuasivo para aquellos infractores que quieren violar las leyes aduaneras”, enfatizó.

Prestán argumentó además que “aumentar las penas va a abultar el presupuesto del sistema penitenciario. Qué queremos calificar, una conducta o llevar al país a un impacto presupuestario que realmente tal vez sea un efecto retorsivo a lo que realmente nosotros queremos hacer”, precisó.

Por su parte, Félix Pandales docente de la carrera de Administración Pública Aduanera, en representación de la Universidad de Panamá, expresó su rechazo al proyecto de ley al calificarlo de inconstitucional al darle estas atribuciones al Ministerio Público.

Pandales sostuvo que Panamá es signatario de un acuerdo regional que es el protocolo con el cual el país se incorporó al bloque económico centroamericano y enfatizó que las disposiciones plasmadas en esos acuerdos, están por encima de cualquier disposición nacional.

”Según ese acuerdo internacional Aduanas es quien tiene la facultad para aplicar las normativas aduaneras y hacer la fiscalización y prevención del contrabando, no el Ministerio Público”, afirmó.

En tanto, el ex fiscal Ramiro Esquivel, presidente de la Alianza contra el Comercio Ilícito expresó que la ley actual que introdujo como delito penal el contrabando y la defraudación aduanera, no ha tenido sus frutos.

Detalló que la cantidad de investigaciones que hace el MP por año, desde que se creó la ley, es mínima y eso explicó, se debe a que el umbral de 500 mil dólares que se exige para que sea convertido en un delito que vea el Ministerio Público es muy alto.

”La discusión actual se trata de evaluar ese umbral y disminuirlo a un monto que sea mucho más realista, que permita que más casos lleguen al Ministerio Público”, indicó Esquivel.

Para Alejo Campos, Director Regional de Crime Stoppers, quien participó del debate, sostuvo que el contrabando es la punta de lanza más efectiva, eficaz y rápida que afecta a la sociedad continuamente porque esto lo que hace es financiar las estructuras del crimen y las bandas que son locales, las que afectan a las barriadas, el modo, la calidad de vida y la paz de los ciudadanos en todos los países.

Campos defendió que Aduanas no pierda su competencia y su capacidad de sanción económica y de investigar dentro de la jurisdicción aduanera, pero enfatizó que es importante que haga de conocimiento de estos casos al Ministerio Público.

En tal sentido, sostuvo que a la fecha el MP en el año 2022 solo recibió once denuncias formales, en el 2023, solo 14 y en lo que va del 2024 solamente ocho denuncias formales en materia de contrabando relacionado al crimen organizado, según información del propio Ministerio Público.

”Nosotros apoyamos la discusión de este proyecto y si sería interesante que la comisión pueda seguir avanzando con este primer debate”, precisó Campos.

Para la diputada proponente del proyecto, Walkiria Chandler, su propuesta lo que busca es robustecer las medidas en el combate del contrabando y comercio ilegal, pues generan un impacto económico y generan grandes pérdidas en la recaudación de impuestos.

Chandler defendió esta iniciativa e informó incluso que en consenso con el Ministerio Público se llegó a un acuerdo para que el umbral del monto para que pase a ser sancionado penalmente sea de 250 mil dólares. Su proyecto originalmente establecía un umbral de 20 mil dólares, muy por debajo de lo que establece el Código Penal actual.

“Nos interesa reiterarle a la sala que nuestro proyecto es de naturaleza penal, estamos modificando el Código Penal, no nos metemos con la recaudación de Aduanas ni con la competencia de Aduanas. Tenemos los principios de derecho donde dice que el mismo hecho puede ser sancionado por vías distintas, dada la naturaleza y eso es lo que puede aplicarse aquí”, afirmó Chandler.

Tras la sustentación de los diversos participantes, los diputados de la Comisión de Gobierno aprobaron crear una sub comisión para ampliar las consultas del proyecto y afinarlo antes de ser aprobado en primer debate.

La sub comisión estará conformada por los diputados Francisco Brea; quien la preside, además de Ariel Vallarino y Manuel Cheng