Los grandes retos de Luis Gómez Rudy como procurador de la Nación
- 03/10/2024 00:00
- 02/10/2024 20:21
Para el abogado Roberto Troncoso, el procurador designado debe perseguir el delito, ‘venga de donde venga y sean quienes sean los protagonistas’ La designación por parte del presidente de la República, José Raúl Mulino, del abogado Luis Carlos Manuel Gómez Rudy como procurador general de la Nación, ha sido bien vista por reconocidos juristas del país. Advierten que este no puede ceder ante posibles presiones frente a los casos de alto perfil que investigue el Ministerio Público y el avance del crimen organizado en Panamá.
Para el expresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Juan Carlos Araúz, el procurador designado debe enfocarse en garantizar igualdad ante la ley; es decir, garantizar calidad y eficiencia de todos los procesos investigativos, de modo tal que ninguna denuncia deba ser impulsada por presión de ningún tipo.
“Que el orden cronológico de las denuncias se tome en cuenta para concluir las investigaciones, respetando al ciudadano anónimo que ha denunciado y espera la conclusión de su asunto”, indicó Araúz.
En tanto, el expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede) y del Comité Panameño por los Derechos Humanos, el abogado Roberto Troncoso, manifestó que no solo él, sino que el resto de los ciudadanos de este país, espera que el nuevo procurador de la Nación procure en estos diez años de su gestión redimir no solo la imagen de la institución, sino también realizar lo que por Constitución le toca, que es “perseguir el delito, venga de donde venga y sean quienes sean los protagonistas”.
Agregó que el funcionario designado en este cargo también tendrá una labor muy importante y es la de fortalecer la formación, capacitación y prácticas profesionales de los fiscales y servidores judiciales.
Troncoso consideró además que a futuro debe alejarse al Ejecutivo de la función de designar al procurador de la Nación, ya que siempre dejará una interrogante en cuanto a la cercanía, afinidad o correspondencia para con el designado.
Para esto, dijo, se debe considerar, en una futura reforma constitucional, la creación del Consejo de la Judicatura, la cual sería la encargada de la selección y elección de esta figura tan importante, así como a los jueces y defensores públicos, etc.
En cuanto a las posibles presiones que el procurador designado pueda tener en este cargo, Troncoso expresó que las presiones siempre las tendrá “vengan del Ejecutivo, Legislativo y hasta el Judicial; en especial cuando su puesto proviene de un favor prestado”.
No obstante, sostuvo que lo más peligroso es que el que te aborda conozca algo turbio de su pasado. “Allí es donde tuerce la puerca el rabo, por ejemplo, lo que se especuló del procurador que solo demoró un par de meses. Por esto, la hoja de vida de un procurador debe ser casi inmaculada. La vulnerabilidad de los mismos radica en su pasado y todas sus travesuras”, recalcó.
Mientras que la exprocuradora de la Nación y exdiputada Ana Matilde Gómez expresó que por lo que conoce de Luis Gómez considera que es una buena designación en la medida que no se conocen en su pasado de ninguna maniobra abogadil que lo descalifique desde el punto de vista ético.
“Yo pensaría que tiene la inteligencia suficiente para separar lo que es un trabajo de defensa legal; es decir, de su gestión como defensor en el caso José Raúl Mulino, de lo que son sus compromisos institucionales en la medida que sea ratificado en la Asamblea”, indicó.
Agregó que si bien Gómez no ha sido nunca fiscal operativo, eso no lo descalifica en la capacidad para tener objetividad y comprender lo que el país está demandando de un procurador en este momento.
Destacó que hay retos importantes en materia de transformación de la justicia en lo que corresponde al Ministerio Público, que sí es parte de un sistema de administración de justica con retos altísimos a lo interno y a lo externo.
La exprocuradora manifestó que el designado jefe de la Procuradoría de la Nación tiene un reto muy importante en pro del país, que es detener la velocidad y marcha del crimen organizado en su penetración y su alcance en la República de Panamá, y buscar contribuir con la efectividad de sus investigaciones a la eliminación de Panamá de esa deteriorada imagen internacional.
La designación por parte del presidente de la República, José Raúl Mulino, del abogado Luis Carlos Manuel Gómez Rudy como procurador general de la Nación, ha sido bien vista por reconocidos juristas del país. Advierten que este no puede ceder ante posibles presiones frente a los casos de alto perfil que investigue el Ministerio Público y el avance del crimen organizado en Panamá.
Para el expresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Juan Carlos Araúz, el procurador designado debe enfocarse en garantizar igualdad ante la ley; es decir, garantizar calidad y eficiencia de todos los procesos investigativos, de modo tal que ninguna denuncia deba ser impulsada por presión de ningún tipo.
“Que el orden cronológico de las denuncias se tome en cuenta para concluir las investigaciones, respetando al ciudadano anónimo que ha denunciado y espera la conclusión de su asunto”, indicó Araúz.
En tanto, el expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede) y del Comité Panameño por los Derechos Humanos, el abogado Roberto Troncoso, manifestó que no solo él, sino que el resto de los ciudadanos de este país, espera que el nuevo procurador de la Nación procure en estos diez años de su gestión redimir no solo la imagen de la institución, sino también realizar lo que por Constitución le toca, que es “perseguir el delito, venga de donde venga y sean quienes sean los protagonistas”.
Agregó que el funcionario designado en este cargo también tendrá una labor muy importante y es la de fortalecer la formación, capacitación y prácticas profesionales de los fiscales y servidores judiciales.
Troncoso consideró además que a futuro debe alejarse al Ejecutivo de la función de designar al procurador de la Nación, ya que siempre dejará una interrogante en cuanto a la cercanía, afinidad o correspondencia para con el designado.
Para esto, dijo, se debe considerar, en una futura reforma constitucional, la creación del Consejo de la Judicatura, la cual sería la encargada de la selección y elección de esta figura tan importante, así como a los jueces y defensores públicos, etc.
En cuanto a las posibles presiones que el procurador designado pueda tener en este cargo, Troncoso expresó que las presiones siempre las tendrá “vengan del Ejecutivo, Legislativo y hasta el Judicial; en especial cuando su puesto proviene de un favor prestado”.
No obstante, sostuvo que lo más peligroso es que el que te aborda conozca algo turbio de su pasado. “Allí es donde tuerce la puerca el rabo, por ejemplo, lo que se especuló del procurador que solo demoró un par de meses. Por esto, la hoja de vida de un procurador debe ser casi inmaculada. La vulnerabilidad de los mismos radica en su pasado y todas sus travesuras”, recalcó.
Mientras que la exprocuradora de la Nación y exdiputada Ana Matilde Gómez expresó que por lo que conoce de Luis Gómez considera que es una buena designación en la medida que no se conocen en su pasado de ninguna maniobra abogadil que lo descalifique desde el punto de vista ético.
“Yo pensaría que tiene la inteligencia suficiente para separar lo que es un trabajo de defensa legal; es decir, de su gestión como defensor en el caso José Raúl Mulino, de lo que son sus compromisos institucionales en la medida que sea ratificado en la Asamblea”, indicó.
Agregó que si bien Gómez no ha sido nunca fiscal operativo, eso no lo descalifica en la capacidad para tener objetividad y comprender lo que el país está demandando de un procurador en este momento.
Destacó que hay retos importantes en materia de transformación de la justicia en lo que corresponde al Ministerio Público, que sí es parte de un sistema de administración de justica con retos altísimos a lo interno y a lo externo.
La exprocuradora manifestó que el designado jefe de la Procuradoría de la Nación tiene un reto muy importante en pro del país, que es detener la velocidad y marcha del crimen organizado en su penetración y su alcance en la República de Panamá, y buscar contribuir con la efectividad de sus investigaciones a la eliminación de Panamá de esa deteriorada imagen internacional.