Fiscal se opone a revocatoria de detención preventiva
- 04/09/2024 00:00
- 03/09/2024 20:08
Caso por caso, el fiscal Joseph Díaz narró la vinculación de los miembros de la organización En la audiencia de apelación de la Operación Jericó tocó el turno al fiscal Joseph Díaz, de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, quien se opuso a la solicitud de revocatoria de la detención preventiva. En audiencia previa, los abogados sustentaron sus argumentos para lograr la modificación, ante la decisión impuesta por el juez de Garantías, Mike Zúñiga, en primera instancia, el pasado 20 de agosto.
Durante la audiencia de apelación celebrada este martes, y a petición del Tribunal compuesto por las magistradas Greta Marchosky, Yilés Pittí y Yanelka Quijano, el fiscal pronunció cada uno de los 24 eventos que conforman la investigación preliminar en la que hasta el momento se ha imputado a 29 personas, la mayoría estaban conectados por videoconferencia desde el centro penitenciario La Gran Joya.
Así, Díaz explicó el modus operandi de la organización, misma que se valió de comunicaciones telefónicas, centros de acopio de droga en San Pedro y San Miguelito, recepción de la sustancia ilícita en las costas de Guna Yala que luego era transportada por mochileros a Darién. Ahí se acopiaba temporalmente para después ser llevada en carros de doble fondo a San Miguelito, y luego hasta la frontera con Costa Rica.
La descripción del fiscal incluye la transcripción de las llamadas telefónicas, 1.200 en total. El que más se escuchó, en un 80% de las comunicaciones, como el presunto cabecilla de la organización, fue Francisco Serrano. Este, junto a otros, lideraban el centro de acopio ubicado en San Miguelito, coordinaban la logística, pagos y daban órdenes de cómo proceder, incluso en la forma de comunicarse: “bajen Signal”, instruyó en una ocasión. El grupo además contaba con colaboradores indígenas quienes recibían la droga en el área comarcal del Darién y la transportaban con mochileros por la selva hasta Tortí, Darién, a cambio recibían $1,500.
En ese lugar, dijo el fiscal, Serrano tenía un enlace con otro grupo que se encargaba de traer la droga a San Miguelito y en ruta opuesta el flujo de dinero para pagar a quienes colaboraban con el trasiego. El grupo tenía infiltración con un agente de la Policía Nacional y dos uniformados del Servicio Nacional de Fronteras quienes les daban datos sobre los movimientos de la policía en las investigaciones.
En una llamada, narró como Miltony González, un agente de la Policía Nacional habló directamente con Serrano sobre un supuesto regalo de un teléfono Iphone, que su defensa alegó que nunca existió. En este sentido, el fiscal describió en qué contexto se desarrolló este hecho. Leyó una de las transcripciones de las llamadas entre Serrano y el policía: “Le habla el comandante de la F, yo no sé hermano qué le pasa a mi teléfono, consígueme uno”. A lo que Serrano respondió que le compraría un celular. Pero esta comunicación fue antecedida por otras más, en las que el policía le brindó al supuesto cabecilla información sobre las placas de unos autos que lo estaban siguiendo.
El policía se comprometió a buscar el número de placa al día siguiente cuando llegara a la oficina. Así ocurrió. Lo llamó y le dio detalles del primer auto, no tenía nada que ver en el asunto, “estaba frío”. Pero al intentar buscar la placa del segundo carro, esta no aparecía registrada. Eso quería decir que se trataba de un automóvil que usa la Unidad Sensitiva de la Policía para dar seguimientos. Serrano se enteró en ese momento que le tenían el ojo puesto. La comunicación entre ambos parecía entorpecerse por la señal, por eso el policía solicitó un aparato nuevo a Serrano.
En los detalles revelados durante la audiencia también se conoció el rol que tenían varios supuestos miembros de la organización, y la forma en que adquirían la droga. Como cualquier artículo de oferta y demanda, la sustancia también se cotiza en el mercado más cara cuando no hay. Por eso, quienes se encargaban de comprar los paquetes se iban con los bolsillos llenos, para poder negociar con los proveedores un mejor precio por kilo. “Escúchame”, dijo a Serrano el indígena Olana Bicy González, quien compraba la droga en la costa. “Él me dijo me voy con plata, puedo pagar en el punto y negociar con la gente, $1.600, usted consiga lo suyo”, decía el indígena. “Dame el go y te llevo los tickets”, añadió.
De esta forma, el tribunal deberá decidir si revoca, modifica o mantiene la medida de detención preventiva que prima para la mayoría de los imputados, otras cuatro personas gozan de medida cautelar. Los abogados habían ofrecido una serie de alternativas que iban desde el reporte periódico dos o tres veces por semana, la prohibición de abandonar el país o el depósito domiciliario. Las magistradas analizarán cada caso de forma individual para sustentar su decisión.
En la audiencia de apelación de la Operación Jericó tocó el turno al fiscal Joseph Díaz, de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, quien se opuso a la solicitud de revocatoria de la detención preventiva. En audiencia previa, los abogados sustentaron sus argumentos para lograr la modificación, ante la decisión impuesta por el juez de Garantías, Mike Zúñiga, en primera instancia, el pasado 20 de agosto.
Durante la audiencia de apelación celebrada este martes, y a petición del Tribunal compuesto por las magistradas Greta Marchosky, Yilés Pittí y Yanelka Quijano, el fiscal pronunció cada uno de los 24 eventos que conforman la investigación preliminar en la que hasta el momento se ha imputado a 29 personas, la mayoría estaban conectados por videoconferencia desde el centro penitenciario La Gran Joya.
Así, Díaz explicó el modus operandi de la organización, misma que se valió de comunicaciones telefónicas, centros de acopio de droga en San Pedro y San Miguelito, recepción de la sustancia ilícita en las costas de Guna Yala que luego era transportada por mochileros a Darién. Ahí se acopiaba temporalmente para después ser llevada en carros de doble fondo a San Miguelito, y luego hasta la frontera con Costa Rica.
La descripción del fiscal incluye la transcripción de las llamadas telefónicas, 1.200 en total. El que más se escuchó, en un 80% de las comunicaciones, como el presunto cabecilla de la organización, fue Francisco Serrano. Este, junto a otros, lideraban el centro de acopio ubicado en San Miguelito, coordinaban la logística, pagos y daban órdenes de cómo proceder, incluso en la forma de comunicarse: “bajen Signal”, instruyó en una ocasión. El grupo además contaba con colaboradores indígenas quienes recibían la droga en el área comarcal del Darién y la transportaban con mochileros por la selva hasta Tortí, Darién, a cambio recibían $1,500.
En ese lugar, dijo el fiscal, Serrano tenía un enlace con otro grupo que se encargaba de traer la droga a San Miguelito y en ruta opuesta el flujo de dinero para pagar a quienes colaboraban con el trasiego. El grupo tenía infiltración con un agente de la Policía Nacional y dos uniformados del Servicio Nacional de Fronteras quienes les daban datos sobre los movimientos de la policía en las investigaciones.
En una llamada, narró como Miltony González, un agente de la Policía Nacional habló directamente con Serrano sobre un supuesto regalo de un teléfono Iphone, que su defensa alegó que nunca existió. En este sentido, el fiscal describió en qué contexto se desarrolló este hecho. Leyó una de las transcripciones de las llamadas entre Serrano y el policía: “Le habla el comandante de la F, yo no sé hermano qué le pasa a mi teléfono, consígueme uno”. A lo que Serrano respondió que le compraría un celular. Pero esta comunicación fue antecedida por otras más, en las que el policía le brindó al supuesto cabecilla información sobre las placas de unos autos que lo estaban siguiendo.
El policía se comprometió a buscar el número de placa al día siguiente cuando llegara a la oficina. Así ocurrió. Lo llamó y le dio detalles del primer auto, no tenía nada que ver en el asunto, “estaba frío”. Pero al intentar buscar la placa del segundo carro, esta no aparecía registrada. Eso quería decir que se trataba de un automóvil que usa la Unidad Sensitiva de la Policía para dar seguimientos. Serrano se enteró en ese momento que le tenían el ojo puesto. La comunicación entre ambos parecía entorpecerse por la señal, por eso el policía solicitó un aparato nuevo a Serrano.
En los detalles revelados durante la audiencia también se conoció el rol que tenían varios supuestos miembros de la organización, y la forma en que adquirían la droga. Como cualquier artículo de oferta y demanda, la sustancia también se cotiza en el mercado más cara cuando no hay. Por eso, quienes se encargaban de comprar los paquetes se iban con los bolsillos llenos, para poder negociar con los proveedores un mejor precio por kilo. “Escúchame”, dijo a Serrano el indígena Olana Bicy González, quien compraba la droga en la costa. “Él me dijo me voy con plata, puedo pagar en el punto y negociar con la gente, $1.600, usted consiga lo suyo”, decía el indígena. “Dame el go y te llevo los tickets”, añadió.
De esta forma, el tribunal deberá decidir si revoca, modifica o mantiene la medida de detención preventiva que prima para la mayoría de los imputados, otras cuatro personas gozan de medida cautelar. Los abogados habían ofrecido una serie de alternativas que iban desde el reporte periódico dos o tres veces por semana, la prohibición de abandonar el país o el depósito domiciliario. Las magistradas analizarán cada caso de forma individual para sustentar su decisión.