Con un índice de 6,98 en crimen organizado, siendo 10 el de mayor incidencia, Panamá se muestra atractiva para el lavado de dinero global
A pesar de que Panamá tiene una tasa de homicidios media baja a nivel mundial y el control estatal contra la criminalidad aumentó su presencia, en los últimos 10 años el país ha erosionado sus instituciones democráticas, lo que lo hace más vulnerable al crimen organizado.
Así lo explicó Edgardo Sandoval Ramsey, coordinador de Centroamérica de la Iniciativa Mundial contra la Delincuencia Organizada Transnacional, quien mencionó que esto se palpa con el aumento de los casos de corrupción y la falta de transparencia.
“Este debilitamiento promueve o permite que estas actividades aumenten, esto se ha visto en Panamá” argumentó Sandoval e hizo un llamado a fortalecer las instituciones porque, aunque parezca “un discurso vacío y poco conectado con la realidad panameña, es la base de la lucha con el fenómeno”.
En este sentido, en una escala del 1 al 10 en una medición global de la Iniciativa Mundial contra la Delincuencia Organizada Transnacional 2023, Panamá tiene un puntaje de 6,98 en cuanto a la criminalidad, es decir “una puntuación media alta en criminalidad” y 4,67 o “anotación baja en resiliencia”, explicó Sandoval.
La resiliencia a la que hace referencia el experto se refiere a las medidas para contrarrestar la criminalidad.
La investigación concluyó que el sistema judicial de detención y la lucha contra el lavado de dinero son las medidas de “resiliencia”más bajas o los aspectos en los que Panamá debe mejorar.
Sin embargo, la cooperación internacional y el establecimiento de políticas son las anotaciones más altas o adecuadas, a pesar de que las normas no se apliquen, coincidieron Sandoval y el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, durante el foro de “Políticas públicas y estructuras financieras del crimen organizado”.
El análisis “explicó que hay organizaciones que no solamente operan en y desde Panamá sino de distintos lugares de Latinoamérica”, por lo que se trabaja a diario con los decomisos de drogas y la captura de las bandas organizadas, dijo Ábrego.
Por ello “lo que podamos hacer día a día se va a ir sumando, poco a poco, en la estrategia que estamos llevando al respecto”, acotó.
Empero, las acciones aún son insuficientes, según el informe: mientras que las medidas de resiliencia contra el crimen organizado disminuyen, la criminalidad aumenta.
Entre los hallazgos clave de Panamá, se detectó el aumento del tráfico y la trata de personas en comparación mundial entre 2021 y 2023, y la violencia, fenómenos climáticos extremos, la desigualdad y la pobreza son las variables que más incidieron en la criminalidad.
Entre los delitos financieros aumentaron los ciberdelitos y fraudes bancarios, incluyendo robo de datos de tarjetas de crédito, estafas de donaciones, phishing y fraude cibernético.
Panamá resulta ser un destino “atractivo” para el lavado de dinero global por los servicios financieros que brinda, según la presentación de la Iniciativa Mundial contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
También, en el comercio ilícito se facilita el contrabando de armas, productos falsificados y drogas por la ubicación estratégica panameña.
“Panamá tiene una tasa de incidencia a homicidios media a baja pero una alta incidencia de infiltración [del crimen] en actores del sector privado lo cual es muy importante porque se puede perder capacidad de gobernanza”, manifestó Sandoval.
Con esto, aclaró que se refería al sector privado de amplia manera y no de empresarios panameños.
“No es un juicio de valor de que los empresarios panameños son corruptos sino que el sector privado es muy vulnerable a la infiltración de actores, criminales” y los vacíos del sistema lo hacen aún más débil”, precisó el experto.
Por estas razones se recomendó invertir en tecnología de punta, promover la innovación tecnológica de los reguladores y cuerpos estatales, y fomentar el intercambio de elementos disuasorios reputacionales mediante la exposición de actores criminales.
Además de promover procesos de observación y análisis criminal con datos estandarizados y adaptados a los intereses del sector privado.
Justamente, en cuanto a la transparencia y datos, la Fundación para la Libertad Ciudadana levantó su voz en el evento indicando que en 2023 presentaron unas 10 solicitudes de acceso a la información pública -de estadísticas generales de bienes decomisados- y fueron negadas por considerarlas información restringida o no fue entregada.
Sin embargo, Olga de Obaldía, su directora ejecutiva, resaltó que el espacio de diálogo -preparado por la fundación Espacio Cívico- fue muy positivo porque se abordó de manera “abierta y con todos los actores: gobierno, sector privado y sociedad civil” las estructuras financieras del crimen organizado.
El índice global de crimen organizado 2023 “presenta un panorama claro y alarmante”, y refleja que este crimen, lejos de tener un impacto localizado representa una amenaza universal que trasciende fronteras, aseguró Ábrego.
“Nos hallamos ante redes delictivas complejas que evolucionan de manera constante”, por lo que se requieren políticas públicas para desmantelar la estructura financiera ilícita.
