El futuro de la mina de cobre en Donoso se conocerá en febrero
- 20/12/2024 00:00
- 19/12/2024 19:45
El Ministerio de Ambiente, bajo la dirección del ministro Juan Carlos Navarro, llevó a cabo una inspección técnica reciente en la mina. Según Mulino, los resultados descartaron cualquier amenaza ambiental El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que el debate sobre el futuro de la mina de cobre en Donoso, provincia de Colón, será retomado en febrero del próximo año. Durante su conferencia de prensa semanal, el mandatario detalló que, aunque este tema sigue siendo prioritario, su atención inmediata está enfocada en resolver asuntos críticos como la crisis del Seguro Social.
“Vamos a salir del Seguro Social primero”, afirmó Mulino, dejando claro que no ha sostenido conversaciones recientes sobre la mina. Sin embargo, adelantó que en enero se aprobará un plan de mantenimiento para la mina, incluso si no se ha alcanzado una solución definitiva al tema de fondo.
El cierre de la mina, que representaba el 5 % del producto interno bruto (PIB) de Panamá, ha generado un impacto económico significativo. Según Mulino, economistas y banqueros han alertado sobre el aumento del desempleo en las comunidades cercanas, y sectores como la restauración, el transporte y la hotelería han reportado graves afectaciones.
El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), bajo la dirección del ministro Juan Carlos Navarro, llevó a cabo una inspección técnica reciente en la mina. Según Mulino, los resultados descartaron cualquier amenaza ambiental. “Confío en la opinión de MiAmbiente, cuyo equipo técnico estuvo hace menos de un mes en la mina. No existe, en este momento, una amenaza ambiental”, aseguró el presidente.
En cuanto a las 131.000 toneladas de cobre extraídas que permanecen en la mina, Mulino indicó que serán transportadas en barcos, pero subrayó que el pago correspondiente debe ser realizado a Panamá antes de su retiro.
Un punto de conflicto señalado por el mandatario es la situación en el muelle, donde se ha denunciado la presencia de grupos delictivos conocidos como “lancheros narcos”. Según Mulino, estos individuos se han apoderado del lugar con el pretexto de evitar que el muelle sea utilizado para fines relacionados con la mina.
“A pesar de estos desafíos, el muelle se tiene que activar”, declaró Mulino, haciendo hincapié en que este es un paso esencial para cualquier decisión futura sobre el material extraído.
La controversia en torno a la mina de Donoso no es nueva. El contrato minero firmado durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, lo que llevó a la suspensión de las operaciones de Minera Panamá. A pesar de la crisis social y política que desató este fallo, la minera pagó al Estado más de 523 millones de dólares antes de cesar sus actividades.
Mulino reconoció que la situación es un legado complicado que su administración debe resolver. “Este problema lo heredamos, pero lo abordaremos con seriedad. En febrero decidiremos qué pasará con la mina”, sostuvo.
El cierre de la mina ha dejado a miles de trabajadores sin empleo directo e indirecto. Además, ha generado incertidumbre entre los inversionistas locales, especialmente en los sectores de transporte y servicios, que dependían de la actividad minera para su sustento.
La comunidad local también se ha visto afectada, con una creciente preocupación por las oportunidades laborales y el desarrollo económico en la región. Aunque el Gobierno ha prometido soluciones, el retraso en la toma de decisiones ha generado tensiones entre los afectados.
La reactivación o cierre definitivo de la mina será un tema crucial en la agenda de la administración Mulino el próximo año. La decisión no solo tendrá implicaciones económicas significativas para el país, sino también sociales y ambientales.
Mientras tanto, el Gobierno trabaja en garantizar un proceso transparente y en atender las preocupaciones de todos los actores involucrados, desde las comunidades locales hasta los inversionistas y organismos internacionales.
Con febrero marcado como el mes clave para definir el futuro de la mina de Donoso, Panamá se encuentra en un punto de inflexión que podría reconfigurar su economía y su relación con la industria minera. El país espera, una vez más, que las decisiones gubernamentales estén alineadas con los intereses de la nación y el bienestar de su población.
El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que el debate sobre el futuro de la mina de cobre en Donoso, provincia de Colón, será retomado en febrero del próximo año. Durante su conferencia de prensa semanal, el mandatario detalló que, aunque este tema sigue siendo prioritario, su atención inmediata está enfocada en resolver asuntos críticos como la crisis del Seguro Social.
“Vamos a salir del Seguro Social primero”, afirmó Mulino, dejando claro que no ha sostenido conversaciones recientes sobre la mina. Sin embargo, adelantó que en enero se aprobará un plan de mantenimiento para la mina, incluso si no se ha alcanzado una solución definitiva al tema de fondo.
El cierre de la mina, que representaba el 5 % del producto interno bruto (PIB) de Panamá, ha generado un impacto económico significativo. Según Mulino, economistas y banqueros han alertado sobre el aumento del desempleo en las comunidades cercanas, y sectores como la restauración, el transporte y la hotelería han reportado graves afectaciones.
El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), bajo la dirección del ministro Juan Carlos Navarro, llevó a cabo una inspección técnica reciente en la mina. Según Mulino, los resultados descartaron cualquier amenaza ambiental. “Confío en la opinión de MiAmbiente, cuyo equipo técnico estuvo hace menos de un mes en la mina. No existe, en este momento, una amenaza ambiental”, aseguró el presidente.
En cuanto a las 131.000 toneladas de cobre extraídas que permanecen en la mina, Mulino indicó que serán transportadas en barcos, pero subrayó que el pago correspondiente debe ser realizado a Panamá antes de su retiro.
Un punto de conflicto señalado por el mandatario es la situación en el muelle, donde se ha denunciado la presencia de grupos delictivos conocidos como “lancheros narcos”. Según Mulino, estos individuos se han apoderado del lugar con el pretexto de evitar que el muelle sea utilizado para fines relacionados con la mina.
“A pesar de estos desafíos, el muelle se tiene que activar”, declaró Mulino, haciendo hincapié en que este es un paso esencial para cualquier decisión futura sobre el material extraído.
La controversia en torno a la mina de Donoso no es nueva. El contrato minero firmado durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, lo que llevó a la suspensión de las operaciones de Minera Panamá. A pesar de la crisis social y política que desató este fallo, la minera pagó al Estado más de 523 millones de dólares antes de cesar sus actividades.
Mulino reconoció que la situación es un legado complicado que su administración debe resolver. “Este problema lo heredamos, pero lo abordaremos con seriedad. En febrero decidiremos qué pasará con la mina”, sostuvo.
El cierre de la mina ha dejado a miles de trabajadores sin empleo directo e indirecto. Además, ha generado incertidumbre entre los inversionistas locales, especialmente en los sectores de transporte y servicios, que dependían de la actividad minera para su sustento.
La comunidad local también se ha visto afectada, con una creciente preocupación por las oportunidades laborales y el desarrollo económico en la región. Aunque el Gobierno ha prometido soluciones, el retraso en la toma de decisiones ha generado tensiones entre los afectados.
La reactivación o cierre definitivo de la mina será un tema crucial en la agenda de la administración Mulino el próximo año. La decisión no solo tendrá implicaciones económicas significativas para el país, sino también sociales y ambientales.
Mientras tanto, el Gobierno trabaja en garantizar un proceso transparente y en atender las preocupaciones de todos los actores involucrados, desde las comunidades locales hasta los inversionistas y organismos internacionales.
Con febrero marcado como el mes clave para definir el futuro de la mina de Donoso, Panamá se encuentra en un punto de inflexión que podría reconfigurar su economía y su relación con la industria minera. El país espera, una vez más, que las decisiones gubernamentales estén alineadas con los intereses de la nación y el bienestar de su población.