Descentralización: fin del plazo para rendir cuentas ¿Qué sigue?
- 15/10/2024 00:00
- 14/10/2024 20:36
El plazo para que se entregaran los informes ha expirado. En muchos casos, las autoridades actuales alegan haber recibido juntas comunales “vacías” Hoy a las 12:00 a.m. culminó el plazo de 60 días dados por el presidente, José Raúl Mulino, para que las autoridades locales presentaran los respectivos informes del uso de los fondos de descentralización a la Autoridad Nacional de Descentralización (AND).
Sin embargo, entre juntas comunales vacías y sin pruebas necesarias para sustentar los gastos, y prolongaciones de plazos para entregar los documentos requeridos, no hay certeza de que se conozca del todo que pasó con esos fondos.
Uno de los problemas que argumentan los representantes, especialmente los recién llegados, es que les dejaron juntas comunales sin registros administrativos ni contables de lo que ocurrió en la gestión anterior.
Uno de esos casos es el de el representante de Juan Díaz, David Bernal, que entregará su informe mañana, luego de pedir un permiso de la AND. Bernal explicó a La Estrella de Panamá que en una nota avaló la presentación tardía de los informes ante los problemas de falta de documentación.
Por otro lado, la representante de Burunga, Lohannyz Gaitán, que también asumió el cargo por primera vez, dijo que cumplieron entregando una nota a la AND en la cual se desligaban de la responsabilidad de la entrega del informe, que correspondía a la administración anterior.
En ambas situaciones, los representantes argumentaron que se vieron imposibilitados de entregar lo requerido por la AND debido a la falta de fiscalización y documentos de rendición de cuentas, pues tanto Gaitán como Bernal destacan que se les entregaron las juntas comunales “vacías”.
El representante de Juan Díaz tuvo que levantar un informe desde cero con todo lo gastado en el periodo de 2019 hasta el presente año, mientras que la representante de Burunga pidió a la antigua administración entregar los documentos necesarios a la AND, sin embargo, no pueden cerciorarse de que esto se realizó.
En esta situación se encuentran muchas juntas comunales a lo largo del país. A principios de esta administración, diferentes juntas presentaron denuncias mediáticas ante las pasadas administraciones, sin embargo, de acuerdo con información del Ministerio Público, actualmente se mantienen abiertos solo 11 casos por denuncias de supuestas irregularidades en manejo de fondos.
Siete de estas fueron presentadas por los representantes correspondientes a los corregimientos de San Francisco, Ancón, Las Garzas y Parque Lefevre, en Panamá; Campana, en Panamá Oeste y Jaqué, en la provincia de Darién.
Las cuatro denuncias restantes fueron recibidas de forma anónima y tienen que ver con las juntas comunales en la comarca Wargandí, El Silencio en la provincia de Bocas del Toro, El Valle de Antón, provincia de Coclé y Las Lajas en Chiriquí, según el Ministerio Público.
Hasta ayer, según los datos de la AND, solo 198 de las 754 entidades habían rendido cuentas.
¿Qué deben hacer las autoridades? De acuerdo con el abogado y expresidente de Transparencia Internacional, Carlos Barsallo, estas situaciones son entendibles, pero tanto la AND como la Contraloría General de la República deben cortar el problema de raíz. “No se le puede dar dinero público a alguien que no tenga los mecanismos para informar cómo se gastó ese dinero”, destacó a ‘La Decana’.
“No tener registros es una ventaja para quien se va, porque todo queda como si no hubiese ninguna información. El nuevo [alcalde o representante] que entra tiene que denunciar esto y enseguida comenzar de cero con su propio registro para así rendir cuentas”, dijo.
Otro punto que también explicó el abogado es que los mecanismos de rendición de cuentas de Contraloría ya mencionan que la presentación de informes periódicos es de carácter obligatorio, es decir, no era necesario dar un plazo adicional para que se haga lo que la ley específica se debe hacer de forma permanente.
De acuerdo con Barsallo, hay dos vías que puede tomar tanto la AND como la Contraloría: la administrativa, para determinar por qué no se han rendido cuentas o si estas han sido rendidas mal. La otra sería la penal, para determinar si la omisión incluye peculado.
Carlos Barsallo,Abogado y consultor.No se le puede dar dinero público a alguien que no tenga los mecanismos para informar cómo se gastó ese dinero”.
Hoy a las 12:00 a.m. culminó el plazo de 60 días dados por el presidente, José Raúl Mulino, para que las autoridades locales presentaran los respectivos informes del uso de los fondos de descentralización a la Autoridad Nacional de Descentralización (AND).
Sin embargo, entre juntas comunales vacías y sin pruebas necesarias para sustentar los gastos, y prolongaciones de plazos para entregar los documentos requeridos, no hay certeza de que se conozca del todo que pasó con esos fondos.
Uno de los problemas que argumentan los representantes, especialmente los recién llegados, es que les dejaron juntas comunales sin registros administrativos ni contables de lo que ocurrió en la gestión anterior.
Uno de esos casos es el de el representante de Juan Díaz, David Bernal, que entregará su informe mañana, luego de pedir un permiso de la AND. Bernal explicó a La Estrella de Panamá que en una nota avaló la presentación tardía de los informes ante los problemas de falta de documentación.
Por otro lado, la representante de Burunga, Lohannyz Gaitán, que también asumió el cargo por primera vez, dijo que cumplieron entregando una nota a la AND en la cual se desligaban de la responsabilidad de la entrega del informe, que correspondía a la administración anterior.
En ambas situaciones, los representantes argumentaron que se vieron imposibilitados de entregar lo requerido por la AND debido a la falta de fiscalización y documentos de rendición de cuentas, pues tanto Gaitán como Bernal destacan que se les entregaron las juntas comunales “vacías”.
El representante de Juan Díaz tuvo que levantar un informe desde cero con todo lo gastado en el periodo de 2019 hasta el presente año, mientras que la representante de Burunga pidió a la antigua administración entregar los documentos necesarios a la AND, sin embargo, no pueden cerciorarse de que esto se realizó.
En esta situación se encuentran muchas juntas comunales a lo largo del país. A principios de esta administración, diferentes juntas presentaron denuncias mediáticas ante las pasadas administraciones, sin embargo, de acuerdo con información del Ministerio Público, actualmente se mantienen abiertos solo 11 casos por denuncias de supuestas irregularidades en manejo de fondos.
Siete de estas fueron presentadas por los representantes correspondientes a los corregimientos de San Francisco, Ancón, Las Garzas y Parque Lefevre, en Panamá; Campana, en Panamá Oeste y Jaqué, en la provincia de Darién.
Las cuatro denuncias restantes fueron recibidas de forma anónima y tienen que ver con las juntas comunales en la comarca Wargandí, El Silencio en la provincia de Bocas del Toro, El Valle de Antón, provincia de Coclé y Las Lajas en Chiriquí, según el Ministerio Público.
Hasta ayer, según los datos de la AND, solo 198 de las 754 entidades habían rendido cuentas.
De acuerdo con el abogado y expresidente de Transparencia Internacional, Carlos Barsallo, estas situaciones son entendibles, pero tanto la AND como la Contraloría General de la República deben cortar el problema de raíz. “No se le puede dar dinero público a alguien que no tenga los mecanismos para informar cómo se gastó ese dinero”, destacó a ‘La Decana’.
“No tener registros es una ventaja para quien se va, porque todo queda como si no hubiese ninguna información. El nuevo [alcalde o representante] que entra tiene que denunciar esto y enseguida comenzar de cero con su propio registro para así rendir cuentas”, dijo.
Otro punto que también explicó el abogado es que los mecanismos de rendición de cuentas de Contraloría ya mencionan que la presentación de informes periódicos es de carácter obligatorio, es decir, no era necesario dar un plazo adicional para que se haga lo que la ley específica se debe hacer de forma permanente.
De acuerdo con Barsallo, hay dos vías que puede tomar tanto la AND como la Contraloría: la administrativa, para determinar por qué no se han rendido cuentas o si estas han sido rendidas mal. La otra sería la penal, para determinar si la omisión incluye peculado.