Descarrío municipal
- 24/04/2024 00:00
- 23/04/2024 19:59
A nadie se le ocurre que la política panameña, corrupta y clientelista, no cambiará hasta que no se descarte a los representantes de corregimiento y se establezca en su lugar un genuino sistema municipal Desde la adopción del gobierno republicano, en 1821, los municipios, al igual que el Estado, estuvieron constituidos por tres componentes separados: ejecutivo, encabezado por un funcionario normalmente llamado alcalde; legislativo, compuesto por el concejo (con “c”) e integrado por concejales elegidos mediante el voto popular; y judicial, formado por los jueces municipales.
Así compuestos a partir del principio republicano, los municipios constituyeron la base del gobierno local desde 1821 hasta 1968, con una breve interrupción motivada por la Constitución de 1941, la cual suprimió los concejos e instituyó los ayuntamientos provinciales. La Constitución de 1946 restauró el sistema municipal, en virtud de lo cual volvieron a elegirse concejales en todos los distritos del país.
Tras el golpe de 1968, la dictadura militar deshizo el sistema municipal. En primera instancia, argumentando que hubo fraude en la elección de concejales de ese año, destituyó a todos y los reemplazó por individuos adictos a los cuarteles, nombrados “a dedo” en todo el país.
Así nos fuimos hasta 1972, cuando la Constitución –aún vigente– impuesta ese año por el autoritarismo militar, instauró, en reemplazo del régimen municipal, una innovación de su cosecha: el sistema de representantes de corregimiento. Esta perniciosa invención tenía como propósito garantizar que el régimen castrense tuviese presencia política directa, a través del representante, en todas las áreas pobladas del país.
La dictadura buscaba el control de la población a través de dádivas a los pobladores de los corregimientos y, cuando estas no funcionaran, mediante denuncias de los disidentes.
En su magnífica obra titulada Panama’s Poor: Victims, Agents, and Historymakers (1999), traducida al español bajo el título La gente pobre de Panamá (2000), la antropóloga Gloria Rudolf expone los efectos de este sistema en la comunidad de Loma Bonita–en el distrito de La Pintada, Coclé– donde el representante de corregimiento, nombrado y respaldado por la dictadura, se convirtió en un tirano local que repartía dádivas en nombre del dictador y “sapeaba” ante la Guardia Nacional a cualquier morador que no ajustara su conducta a las directrices de los militares.
La idea, por supuesto, era transformar a los ciudadanos en clientes políticos de quien por obra y gracia de un cuartelazo se había convertido en el amo del país. En los 52 años transcurridos desde su instauración, el sistema de representantes de corregimiento ha logrado bastante bien este cometido, contribuyendo, entre otras cosas, a mantener en “democracia” la dominación del partido de la dictadura, el cual, según las cifras electorales, representa, a lo sumo, a una tercera parte de los votantes.
El sistema de representantes de corregimiento es la negación del principio republicano y el foco primigenio del clientelismo y la corrupción política de la que todos nos quejamos. Pero, paradójicamente, nadie lo ve así.
En un país con bajísimos niveles de educación cívica, cultura ciudadana y moral política, la inmensa mayoría da por sentado que ese sistema constituye una base adecuada, idónea y perfecta para el gobierno local. A nadie se le ocurre que la política panameña, corrupta y clientelista, no cambiará hasta que no se descarte a los representantes de corregimiento y se establezca en su lugar un genuino sistema municipal.
Los representantes de corregimiento son la negación del principio republicano porque tienen atribuciones ejecutivas y legislativas. Como presidentes de las juntas comunales de sus respetivos corregimientos –creadas, también, en 1972– los representantes ejercen funciones ejecutivas y administrativas.
Estas atribuciones, por supuesto, vienen de la mano de presupuestos. Como mínimo, cada junta comunal recibe $100.000 anuales del presupuesto estatal. Aparte, naturalmente, hay otras partidas, fondos, subsidios, transferencias, etc., pero enfoquémonos tan solo en los $100.000 antes mencionados.
El 5 de mayo se elegirá a 701 representantes (eran 505 en 1972). En cinco años, este renglón representa una escandalosa erogación de $350 millones, que en su inmensa mayoría se despilfarra en clientelismo y obras mal planificadas e innecesarias, las cuales, sin embargo, brindan oportunidades de enriquecimiento ilícito.
En el reciente Foro Jurídico Nacional celebrado la semana pasada en David, Chiriquí, algunas ponencias expusieron ejemplos de malversación de fondos e irregularidades en las juntas comunales. La información compartida constituye un urgente llamado de atención a la ciudadanía para que se active hacia el adecentamiento de la administración pública.
Los mismos representantes que ejercen tareas ejecutivas y administrativas en sus corregimientos, acuden como concejales al consejo municipal. Como integrantes de una rama legislativa, es inapropiado que ejerzan facultades ejecutivas.
El concejo es el organismo llamado a encauzar la acción municipal mediante la emisión de acuerdos y a fiscalizar la ejecución presupuestaria en el distrito. Mal pueden llevar a cabo su asignación legislativa y fiscalizadora quienes participan directamente en la ejecución presupuestaria.
Para añadir a los descarríos mencionados, la fórmula para elegir a los representantes, impuesta en 1972, es la misma que se utiliza hoy. Entonces era enteramente favorable a los ungidos de la dictadura; hoy, beneficia desproporcionadamente al partido de los cuarteles.
Los representantes son elegidos en circunscripciones uninominales (corregimientos), por mayoría simple y sin segunda vuelta, lo que favorece al PRD. Los resultados de la elección más reciente (2019) sirven para sustentarlo.
Ese año, el PRD consiguió el 31% de votos para representantes y concejales en toda la República. Con ese porcentaje minoritario, sin embargo, obtuvo 322 del total de 688 representantes y concejales elegidos en 2019, lo cual equivale al 47% de esos cargos.
En el distrito de Panamá –el de mayor presupuesto en el país ($325 millones en 2024)– el PRD obtuvo en 2019 el 28% de los votos para representante. Con esa proporción minoritaria de la votación popular, obtuvo 14 de los 26 escaños en el concejo del distrito capital, lo que equivale al 54% de la cámara.
Quienes están interesados en el adecentamiento de la política deben comprender que ese objetivo jamás se logrará mientras prevalezca esa escandalosa desproporcionalidad en favor del partido dominante y mientras siga vigente el sistema de representantes de corregimiento, aberrante desviación del principio republicano.
El autor es politólogo e historiador, director de la maestría en asuntos internacionales en Florida State University, Panamá y presidente de la Sociedad Bolivariana de Panamá.
Desde la adopción del gobierno republicano, en 1821, los municipios, al igual que el Estado, estuvieron constituidos por tres componentes separados: ejecutivo, encabezado por un funcionario normalmente llamado alcalde; legislativo, compuesto por el concejo (con “c”) e integrado por concejales elegidos mediante el voto popular; y judicial, formado por los jueces municipales.
Así compuestos a partir del principio republicano, los municipios constituyeron la base del gobierno local desde 1821 hasta 1968, con una breve interrupción motivada por la Constitución de 1941, la cual suprimió los concejos e instituyó los ayuntamientos provinciales. La Constitución de 1946 restauró el sistema municipal, en virtud de lo cual volvieron a elegirse concejales en todos los distritos del país.
Tras el golpe de 1968, la dictadura militar deshizo el sistema municipal. En primera instancia, argumentando que hubo fraude en la elección de concejales de ese año, destituyó a todos y los reemplazó por individuos adictos a los cuarteles, nombrados “a dedo” en todo el país.
Así nos fuimos hasta 1972, cuando la Constitución –aún vigente– impuesta ese año por el autoritarismo militar, instauró, en reemplazo del régimen municipal, una innovación de su cosecha: el sistema de representantes de corregimiento. Esta perniciosa invención tenía como propósito garantizar que el régimen castrense tuviese presencia política directa, a través del representante, en todas las áreas pobladas del país.
La dictadura buscaba el control de la población a través de dádivas a los pobladores de los corregimientos y, cuando estas no funcionaran, mediante denuncias de los disidentes.
En su magnífica obra titulada Panama’s Poor: Victims, Agents, and Historymakers (1999), traducida al español bajo el título La gente pobre de Panamá (2000), la antropóloga Gloria Rudolf expone los efectos de este sistema en la comunidad de Loma Bonita–en el distrito de La Pintada, Coclé– donde el representante de corregimiento, nombrado y respaldado por la dictadura, se convirtió en un tirano local que repartía dádivas en nombre del dictador y “sapeaba” ante la Guardia Nacional a cualquier morador que no ajustara su conducta a las directrices de los militares.
La idea, por supuesto, era transformar a los ciudadanos en clientes políticos de quien por obra y gracia de un cuartelazo se había convertido en el amo del país. En los 52 años transcurridos desde su instauración, el sistema de representantes de corregimiento ha logrado bastante bien este cometido, contribuyendo, entre otras cosas, a mantener en “democracia” la dominación del partido de la dictadura, el cual, según las cifras electorales, representa, a lo sumo, a una tercera parte de los votantes.
El sistema de representantes de corregimiento es la negación del principio republicano y el foco primigenio del clientelismo y la corrupción política de la que todos nos quejamos. Pero, paradójicamente, nadie lo ve así.
En un país con bajísimos niveles de educación cívica, cultura ciudadana y moral política, la inmensa mayoría da por sentado que ese sistema constituye una base adecuada, idónea y perfecta para el gobierno local. A nadie se le ocurre que la política panameña, corrupta y clientelista, no cambiará hasta que no se descarte a los representantes de corregimiento y se establezca en su lugar un genuino sistema municipal.
Los representantes de corregimiento son la negación del principio republicano porque tienen atribuciones ejecutivas y legislativas. Como presidentes de las juntas comunales de sus respetivos corregimientos –creadas, también, en 1972– los representantes ejercen funciones ejecutivas y administrativas.
Estas atribuciones, por supuesto, vienen de la mano de presupuestos. Como mínimo, cada junta comunal recibe $100.000 anuales del presupuesto estatal. Aparte, naturalmente, hay otras partidas, fondos, subsidios, transferencias, etc., pero enfoquémonos tan solo en los $100.000 antes mencionados.
El 5 de mayo se elegirá a 701 representantes (eran 505 en 1972). En cinco años, este renglón representa una escandalosa erogación de $350 millones, que en su inmensa mayoría se despilfarra en clientelismo y obras mal planificadas e innecesarias, las cuales, sin embargo, brindan oportunidades de enriquecimiento ilícito.
En el reciente Foro Jurídico Nacional celebrado la semana pasada en David, Chiriquí, algunas ponencias expusieron ejemplos de malversación de fondos e irregularidades en las juntas comunales. La información compartida constituye un urgente llamado de atención a la ciudadanía para que se active hacia el adecentamiento de la administración pública.
Los mismos representantes que ejercen tareas ejecutivas y administrativas en sus corregimientos, acuden como concejales al consejo municipal. Como integrantes de una rama legislativa, es inapropiado que ejerzan facultades ejecutivas.
El concejo es el organismo llamado a encauzar la acción municipal mediante la emisión de acuerdos y a fiscalizar la ejecución presupuestaria en el distrito. Mal pueden llevar a cabo su asignación legislativa y fiscalizadora quienes participan directamente en la ejecución presupuestaria.
Para añadir a los descarríos mencionados, la fórmula para elegir a los representantes, impuesta en 1972, es la misma que se utiliza hoy. Entonces era enteramente favorable a los ungidos de la dictadura; hoy, beneficia desproporcionadamente al partido de los cuarteles.
Los representantes son elegidos en circunscripciones uninominales (corregimientos), por mayoría simple y sin segunda vuelta, lo que favorece al PRD. Los resultados de la elección más reciente (2019) sirven para sustentarlo.
Ese año, el PRD consiguió el 31% de votos para representantes y concejales en toda la República. Con ese porcentaje minoritario, sin embargo, obtuvo 322 del total de 688 representantes y concejales elegidos en 2019, lo cual equivale al 47% de esos cargos.
En el distrito de Panamá –el de mayor presupuesto en el país ($325 millones en 2024)– el PRD obtuvo en 2019 el 28% de los votos para representante. Con esa proporción minoritaria de la votación popular, obtuvo 14 de los 26 escaños en el concejo del distrito capital, lo que equivale al 54% de la cámara.
Quienes están interesados en el adecentamiento de la política deben comprender que ese objetivo jamás se logrará mientras prevalezca esa escandalosa desproporcionalidad en favor del partido dominante y mientras siga vigente el sistema de representantes de corregimiento, aberrante desviación del principio republicano.
El autor es politólogo e historiador, director de la maestría en asuntos internacionales en Florida State University, Panamá y presidente de la Sociedad Bolivariana de Panamá.