Déficit habitacional y la resistencia en los barrios históricos de Panamá

Las desgastadas paredes de madera, los constantes chirridos de las escaleras al pisar y la fragilidad de un piso tambaleante se había convertido en sinónimo de hogar para los inquilinos de la casa comunal 12-45, uno de los tantos mobiliarios consumidos por el tiempo hallado en los barrios históricos de la ciudad de Panamá, ubicado a tan solo pasos del “hub cultural y de innovación” por excelencia de Santa Ana, La Manzana.

Son estas mismas condiciones las que ubican a los residentes del edificio en las cifras de déficit habitacional, el cual incluye a personas que no poseen una vivienda como a aquellas que viven en condiciones precarias, como casas improvisadas, hacinamiento o viviendas sin acceso a servicios básicos.

Actualmente, con una orden de desalojo para el edificio 12-45 por falta de condiciones como vivienda, la casa comunal se encuentra entre las 150.000 unidades que estima el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) deben ser corregidas para terminar con este problema en Panamá.

“Yo nací aquí, toda mi vida he vivido en Santa Ana. La última vez que nos mudamos fue en 1999 por un incendio [en nuestro edificio anterior], yo le decía a la gente que ojalá nunca tengan que vivir esa experiencia. Por suerte mi tía tenía más de 60 años viviendo aquí [en el edificio 12-45], había un apartamento vacío y logramos quedarnos”, compartió ‘Pedro’, residente de más de 20 años de la casa comunal, con La Estrella de Panamá.

Asimismo, los demás inquilinos llevan entre 25 y 50 años viviendo en este mobiliario. Sin embargo, nada de esto fue impedimento para que las autoridades desalojaran a dos de los cuartos, incluso llevándose pertenencias personales de una de estas personas, el día en el que se les dio una fecha límite para salir de la casa comunal.

Aunque entidades del Estado, como el Miviot, desarrollan programas de reubicación como Techos de Esperanza, para abordar el déficit habitacional y busca prevenir desalojos injustificados a través de normativas claras y supervisión legal, ninguna opción fue brindada a los habitantes del edificio 12-45 como solución después de salir de este edificio.

“Por mi parte, si me dicen: ‘Tienes que irte, pero te entregamos este apartamento de Ciudad de Esperanza’, yo me voy y tengo que ver como me adapto. Pero no es que van a venir a sacarme a mí, a tirar todo lo mío afuera y decir que me vaya donde yo quiera. Eso fue lo sucedió ese día, agarraron estos dos cuartos y sacaron todo como si aquí viviéramos piedreros o maleantes”, comentó.

La situación de la casa comunal 12-45 es solo un ejemplo que refleja la realidad de la crisis habitacional en el istmo y la necesidad de implementar políticas públicas integrales que aborden las causas estructurales del problema, según lo han señalado diversas organizaciones sociales del país.

Además, persisten desafíos importantes en este ámbito. Muchas personas desalojadas terminan viviendo en condiciones precarias o en situación de calle, mientras que la falta de cifras consolidadas y accesibles sobre desalojos dificulta la planificación de estrategias efectivas para enfrentar esta crisis.

A esto se suma que los desalojos no solo afectan a los individuos directamente implicados, sino también a comunidades enteras, agravando la desigualdad y limitando el acceso a una vivienda digna. Esto es especialmente evidente en barrios como Santa Ana y San Felipe, donde las dinámicas de gentrificación y desplazamiento tienen un impacto significativo en los residentes más vulnerables.

“¿Por qué quieren tumbar esto? Porque la estética de este edificio impide que se vea bien el que está al lado, entonces si tumbas este y los que son iguales a este en la calle, la vista queda libre”, dijo ‘Pedro’ a este medio, visión con la que coinciden los demás inquilinos.

La gentrificación de barrios históricos como Santa Ana y San Felipe, es un fenómeno que ha transformado estas áreas en destinos exclusivos, desplazando a las comunidades tradicionales.

Este proceso comenzó con la designación del Casco Antiguo de San Felipe como Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 1997, lo que impulsó la restauración de edificios coloniales y la llegada de inversiones privadas significativas.

En San Felipe, la valorización del suelo, que alcanzó hasta 3.442 dólares por metro cuadrado, favoreció el desarrollo de hoteles boutique, restaurantes de lujo y viviendas exclusivas, de acuerdo a información de la Oficina del Casco Antiguo (OCA).

Esto ha resultado en el desplazamiento de muchos residentes de ingresos bajos, quienes anteriormente vivían en caserones coloniales ahora rehabilitados y convertidos en propiedades de alto costo. Algunos de estos desplazados se han reubicado en zonas periféricas en condiciones menos favorables.

En Santa Ana, el fenómeno es más reciente pero sigue un patrón similar. Inversiones inmobiliarias como las de la empresa Conservatorio han llevado a la revitalización de edificios emblemáticos, aumentando el interés en el área como un centro cultural y turístico.

Sin embargo, este desarrollo ha generado una presión económica sobre los habitantes de bajos ingresos, muchos de los cuales enfrentan el riesgo de ser desalojados debido al aumento en los alquileres y la especulación inmobiliaria.

Algunos residentes han resistido el desalojo formando movimientos comunitarios, como el caso de vecinos que establecieron trincheras en terrenos abandonados para exigir soluciones habitacionales y denunciar el abandono de viviendas sociales prometidas por el gobierno.

Una de estas es Esther Sánchez, quien se mantiene luchando en contra de la gentrificación de quienes toda su vida han formado parte de estos barrios así como la reubicación de aquellos quienes han sido desalojados de forma injusta de sus viviendas a través de la Asociación de Moradores de San Felipe.

“Nosotros hemos tenido un gran movimiento y seguimos en la lucha. Muchos de los terrenos del Estado [en San Felipe] se cedieron o los vendieron... muchos funcionarios cuando están en el poder hacen y deshacen, el Banco Hipotecario y el Miviot son garantes de cuidar estos terrenos, pero les ha valido”, destacó Sánchez en una conversación con ‘La Decana’.

Este proceso, en el que la asociación ha participado, pone de relieve los retos de equilibrar la conservación del patrimonio cultural y el desarrollo económico con la necesidad de garantizar el acceso a una vivienda digna para las comunidades locales.

Actualmente, Sanchez lleva siete años viviendo en lo que solía ser la Escuela Primaria Nicolás Pacheco, en un principio 12 familias también moraban en el antiguo centro educativo hasta que poco a poco se les brindó soluciones habitacionales. Mientras tanto, otras familias seguían siendo desalojadas. Ante esta situación, tomó la iniciativa de gestionar esos 16 espacios para personas que necesitaran alojamiento.

Desde entonces, a través de la Asociación de Moradores de San Felipe, se ha coordinado la distribución de viviendas entre las familias que fueron desalojadas y no podían pagar por una solución propia. Aunque algunas familias lograron mudarse al proyecto conocido como Villa Olga, se decidió priorizar a aquellas que estuvieron con nosotros en la lucha desde el principio.

Hasta ahora, la asociación ha mantenido contacto con las autoridades, pero los avances han sido limitados. Por ejemplo, un edificio que tenía la orden de proceder desde 2017 aún no está terminado. Las complicaciones radican en los estrictos requisitos de conservación, como mantener las fachadas originales, lo que retrasa las obras y encarece el proceso. En el área, todavía hay manzanas completas sin rehabilitar.

Esta lucha continúa siendo un esfuerzo comunitario por asegurar viviendas dignas para quienes fueron desplazados.

“Solo estoy pidiendo mi derecho, tengo 66 años y nací en San Felipe. Tú no me puedes decir a mí que después que lo declararon patrimonio conmigo adentro, ahora me tengo que ir. Quieren hacer algo mejor por el barrio pero sin la gente que es de aquí, ahí es donde está el detalle”, concluyó la líder comunitaria.