Cuestionan propuesta que duplica penas de prisión por calumnia e injuria

Representantes de gremios periodísticos, expertos en libertad de expresión y hasta políticos, expresaron su rechazo al anteproyecto de ley presentado por el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jamis Acosta, con el cual se busca duplicar las penas de prisión por los delitos de calumnia e injuria.

En este sentido, la propuesta de Acosta modifica el artículo 193 del Código Penal para que quien ofenda la dignidad, la honra o el decoro de una persona mediante escrito o por cualquier forma, sea sancionado de noventa a ciento cincuenta días-multa o pena de prisión de seis meses a un año. La sanción actual es de sesenta a ciento veinte días-multa.

También propone modificar el artículo 194 del Código Penal, para que quien atribuya falsamente a una persona la comisión de un hecho punible sea sancionado de cien a doscientos días-multa y/o pena de prisión de 1 a 2 años. La norma vigente fija una sanción de noventa a ciento ochenta días-multa.

Además, modificar el artículo 195 del Código Penal para que cuando alguno de los delitos anteriores se cometa a través de un medio de comunicación social oral o escrito o utilizando un sistema informático, sea sancionado en caso de injuria con doce a veinticuatro meses de prisión o su equivalente en días-multa, y tratándose de calumnia, con prisión de veinticuatro a cuarenta y ocho meses o su equivalente en días-multa.

La sanción actual es de doce a dieciocho meses de prisión o su equivalente en días-multa.

Al respecto, Zailary Chávez, presidenta del Consejo Nacional de Periodismo (CNP), expresó que este ha sido un tema recurrente cada quinquenio, en donde se presentan iniciativas de este tipo “con la intención de garantizar la impunidad” de las personas que están siendo investigadas o procesadas por casos de corrupción e impedir el libre ejercicio del periodismo.

“Nosotros desde el Consejo Nacional de Periodismo insistimos en que la libertad de expresión no es negociable, y realmente nos sorprende que en un contexto en que el país enfrenta desafíos muy importantes y con temas tan sensitivos se esté presentando este tipo de iniciativas en lugar de resolver o buscarle solución a otros problemas que son realmente prioritarios para el país”.

Manifestó que en otros países el camino va dirigido hacia la despenalización de la calumnia e injuria, para garantizar el libre ejercicio del periodismo, pero en Panamá ocurre lo contrario, pese a que el país es signatario de convenciones de derechos humanos y libertad de expresión.

Por su parte, el abogado y conocedor de temas sobre libertad de expresión, Guido Rodríguez, sostuvo que le parece toda una contradicción que al día siguiente de que el presidente José Raúl Mulino ratifica su intención de firmar la Declaración de Chapultepec, un miembro de la bancada legislativa del partido oficialista Realizando Metas presente un anteproyecto de ley que va en sentido exactamente contrario, endureciendo las penas para los delitos contra el honor.

Rodríguez aseguró que los cambios propuestos claramente tienden a coartar la libertad de expresarse en una democracia.

Agregó que hay que tener en cuenta que las modificaciones hechas en esa materia y que están plasmadas en el Código Penal y Código Procesal Penal vigentes, fueron objeto de un concienzudo análisis y largas mesas de discusión con los sectores de gremios periodísticos, incluyendo el Consejo Nacional de Periodismo, el Fórum de Periodistas, el Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato de Periodistas, al momento en que la Comisión Codificadora del Código Penal de 2008 estaba en la tarea de redacción de esas normas.

En tanto, el diputado Luis Eduardo Camacho, copartidario de Acosta, manifestó que cree en el combate a la calumnia e injuria de cualquier persona, sea funcionario o no, pero destacó que no es partidario del aumento de las penas. “Es un tema probado de que el aumento de las penas no evita ningún delito”.

Acosta defendió su anteproyecto de ley y explicó que el objetivo es darles a las víctimas de calumnia e injuria el tiempo mediante un sanción más alta, para que cuando ejercite su necesidad de que se resarza un daño que exige por afectación a su moral, pueda llegar hasta una imputación e interrumpir el término de prescripción.

Explicó que actualmente estos delitos tienen una sanción mínima, a su juicio, muy corta, lo que facilita que al momento del trámite de la actividad investigativa del Ministerio Público, esta demore, prescriba el caso y la víctima quede en un limbo jurídico, sin que se le retribuya, a pesar de que le quepa el derecho.

Contrario al anteproyecto impulsado por Acosta, ayer el diputado del Movimiento Otro Camino, Ernesto Cedeño, presentó en el pleno legislativo un anteproyecto para despenalizar la calumnia e injuria.

Cedeño aboga para que las reclamaciones por los delitos de calumnia e injuria sean atendidas en la esfera civil, si el derecho a la réplica no es respetado, y citó a varios países en donde ya se ha despenalizado este tipo de delitos.