Panamá

Cuestionan nombramientos de embajadores sin preparación

Embajador de Panamá en Nicaragua, Eddy Rodríguez (Izq.) Orlando Miranda
Actualizado
  • 26/09/2024 00:00
Creado
  • 25/09/2024 20:19

El polémico nombramiento del embajador de Panamá en Nicaragua, Eddy Rodríguez, disparó las críticas sobre la escasa formación de los funcionarios destinados a las embajadas, en detrimento de los diplomáticos de carrera

El nombramiento de Eddy Rodríguez como embajador de Panamá en Nicaragua ha dejado dudas en torno al servicio exterior de Panamá, en particular, sobre quiénes deben ser los centinelas de los intereses nacionales: los embajadores.

Particularmente, su hoja de vida y su comparecencia ante la Comisión de Exteriores de la Asamblea Nacional, donde apenas pudo dar respuestas a las preguntas de los diputados sobre temas vinculados a su gestión.

Para el diplomático panameño y profesor de relaciones internacionales Jones Cooper, es “una vergüenza para nuestro país” enviar personas descalificadas a desempeñarse en cargos como este en el exterior.

“Estamos totalmente en desacuerdo del nombramiento de personas en el servicio exterior que no tengan los méritos y la capacidad para representar adecuadamente a nuestro país, existiendo una escuela de relaciones internacionales que gradúa a jóvenes que deben ingresar al servicio exterior; esto es inconcebible”, señaló Cooper a La Estrella de Panamá.

Rodríguez compareció el pasado martes ante la Asamblea para presentar su plan de trabajo en la embajada de Panamá en Nicaragua. La diputada Walkiria Chandler, miembro de la comisión y que objetó su nombramiento, mostró su disconformidad con el nivel académico del embajador.

Chandler indicó que es el Ejecutivo quien tiene la mayor responsabilidad de seleccionar a representantes acordes a una embajadad en el extranjero.

“Nosotros estamos claros en que la Ley No. 28 de 1999 sólo permite que la Comisión de Relaciones Exteriores haga una resolución donde confirma la comparecencia de los miembros del cuerpo diplomático presentando su plan de trabajo, nosotros no somos la Comisión de Credenciales y no podemos aprobar o validar que estas personas vayan a hacer el servicio”, explicó a “La Decana” la diputada.

Por su parte, Cooper destacó que es usual que el Poder Ejecutivo tenga una cuota de designación de “personas de confianza” en algunas embajadas, sin embargo, propone, para evitar estas situaciones, que en el país exista un porcentaje mínimo de embajadores que estén en la carrera diplomática. Esta medida ya existe en países como Estados Unidos, México, Perú y Japón.

Estas son personas que durante su vida se han formado en las relaciones diplomáticas, pero de acuerdo con Cooper, al llegar el momento de los nombramientos no son tomados en cuenta y prevalecen los nombramientos políticos.

La diputada Chandler coincide con la idea de profesionalizar el servicios exterior.

“Tenemos en Panamá a diplomáticos de carrera y panameños formados y versados en varios idiomas, pero esto parece ser una práctica partidista en las que se favorece a personas por la afinidad política, y no se toma a los profesionales capaces que tenemos”, dijo a este medio.

Al final, las decisiones de quién representa a Panamá en el exterior recae meramente en el Ejecutivo, y es en esta instancia, explicó Cooper, donde se deberían rechazar a los perfiles que no califican para puestos de servicio exterior. La Asamblea, en la Comisión de Credenciales, también puede funcionar como un buen filtro y rechazar a quienes no cumplan con las exigencias para desempeñar el puesto. Pero en la práctica no han cumplido su función.

Para el catedrático universitario sería positivo implementar un proyecto de ley en el cual la Asamblea pueda tener mayor decisión en cuanto a este tipo de nombramientos.

La polémica cobró fuerza al conocerse la hoja de vida de Rodríguez, que no incluía títulos en educación superior pero sí algunos cursos de programas como Word y Excel, ninguno ligado al ejercicio de la diplomacia.

Además, las críticas se suman a conocerse el país de destino, Nicaragua, cuyo gobierno le otorgó asilo al expresidente Ricardo Martinelli, condenado a 128 meses de presión por blanqueo de capitales en el caso New Business