Conceden reemplazo de pena a Ramón Ashby
- 30/11/2024 00:00
- 29/11/2024 19:58
La jueza de cumplimiento del Primer Circuito Judicial de Panamá, Angeline Adames, concedió un reemplazo de pena a Ramón Ashby, exrepresentante del corregimiento de Calidonia, condenado a 60 meses de prisión por peculado doloso agravado.
Mediante el Auto N.° 16.999, la magistrada accedió a la solicitud de la defensa para sustituir la pena privativa de libertad por trabajo comunitario, luego de considerar que se cumplían los requisitos establecidos en el artículo 65 del Código Penal.
Como parte del reemplazo de pena, el exfuncionario deberá hacer trabajo comunitario en el Centro de Salud de Parque Lefevre.
El tribunal estableció condiciones estrictas que el condenado debe cumplir, tales como presentar informes quincenales sobre su asistencia y tareas efectuadas en el centro de salud, evitar el consumo de alcohol o drogas, no salir del país sin autorización judicial y mantener una conducta ejemplar ante la sociedad.
Durante la audiencia, la fiscal superior Johaira González Castillo, de la Fiscalía Anticorrupción, manifestó que se tomarán los dos días hábiles establecidos por la ley para decidir si se apelará la decisión ante el Tribunal Superior de Apelaciones.
Mientras tanto, el sancionado permanecerá recluido en el Centro Penitenciario de Tinajitas hasta que se resuelva cualquier posible recurso.
La defensa del exrepresentante fue liderada por la abogada Gladys Quintero Fuentes, quien argumentó a favor del reemplazo de pena, destacando que su cliente cumple con todos los criterios legales para obtener este beneficio.
Este proceso penal se originó a partir de un informe de auditoría llevado a cabo por la Contraloría General de la República sobre el manejo de fondos en la Junta Comunal de Calidonia durante el período 1999-2003. La auditoría reveló irregularidades administrativas y financieras, incluyendo gastos no justificados por un total de $505.335. Estas inconsistencias llevaron a la apertura de la causa judicial por peculado doloso agravado, un delito que atenta contra la administración pública.