Al asumir el poder el pasado 1 de julio, el presidente José Raúl Mulino prometió lo siguiente
José Raúl Mulino
Presidente
No vamos a mirar hacia otro lado ante el despilfarro. Ya no habrá dinero público para botellas ni gastos indiscriminados, tampoco para contratos mal concebidos en beneficio de selectos grupos”
Un reporte periodístico de La Estrella de Panamá reveló que entre las partidas de consultorías, contratos y donaciones hay unos $150 millones en el presupuesto del Estado para 2025.
Estas partidas han sido usadas por años para esquilmar fondos públicos y han estado relacionadas con escándalos de corrupción.
Por ejemplo, las consultorías y contratos son consideradas como “el hoyo negro” del gobierno, porque se pagan asesorías contratadas a amigos de los funcionarios sin que generen un beneficio real para el Estado.
Estas partidas de contratos y consultorías se incrementaron en $30 millones, para un total de $142 millones respecto a lo gastado en estos renglones en 2024.
En tanto, hay otros $7.9 millones para donativos, momentos en que economistas resaltan que el país no está para estas donaciones discrecionales debido al déficit fiscal.
El Ministerio de Economía y Finanzas no contestó por qué no se eliminaron las partidas en vista del llamado de austeridad del gobierno o por qué no transfirieron estos fondos a alguna necesidad real del Estado.
Por su parte, la Contraloría General de la República no precisó cómo fiscalizará las consultorías y contratos, pese a las insistentes preguntas de este medio.
A raíz de las publicaciones, el diputado Ernesto Cedeño le solicitó a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) que exigiera la publicación de las consultorías, sus beneficios, y que en caso de encontrar anomalías lo denunciara ante las autoridades, pero la Antai contestó que no tenía la competencia para ello.