Asamblea aprueba $630 mil para obra del Idaan con MECO, empresa confesa de corrupción
- 27/09/2024 00:09
- 26/09/2024 20:08
El director del Idaan, Rutilio Villarreal, confirmó que el contrato con la constructora no ha sido auditado La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida por 630 mil dólares solicitado por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), dirigido por Rutilio Villarreal.
Según el funcionario, el monto será destinado al pago de trabajos de obras sanitarias para acueductos del corregimiento de San Francisco, en la ciudad de Panamá. Sin embargo, la decisión ha generado controversia debido a que la empresa beneficiaria es la constructora MECO, vinculada a múltiples escándalos de corrupción en la región.
Villarreal, que fue duramente cuestionado por los diputados de la bancada Vamos, explicó que el traslado de partida buscaría cubrir una deuda pendiente con MECO desde enero de 2023, en el marco de un contrato firmado en junio de 2015. El proyecto, que tenía una duración inicial de 425 días, se ha extendido por casi una década, con al menos tres adendas y que en palabras de propio director del Idaan, estarían dentro de un contrato que no ha sido sometido a una auditoría.
“Debo entender que toda la contratación fue legalizada en su debido momento . Nos estamos encontrando con un proyecto prácticamente terminado, con el cual debemos honrar los pagos”, justificó el director, quien le pidió a los diputados “permitirle terminar de llegar” al cargo al que recién fue ratificado el pasado 17 de septiembre.
La constructora MECO, de capital costarricense, tiene años de estar en el ojo de la tormenta, salpicada por denuncias de corrupción y pago de sobornos en Costa Rica. Mientras que en nuestro país, la constructora firmó en 2017 un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público dentro del caso Blue Apple. El empresario Carlos Cerdas, propietario de MECO, llegó a dicho acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción en Panamá, en un escándalo que involucró a funcionarios panameños de alto perfil.
“No tengo conocimiento si de parte de Fiscalía hayan solicitado una investigación referente al proyecto en si [obras en San Francisco]”, fue lo que respondió Iván Cano, director general de Operaciones del Idaan, ante la pregunta sobre si el contrato había sido sometido a alguna revisión luego de que la empresa reconociera haber tomado parte en actos de corrupción en Panamá.
De acuerdo con datos revelados por Villarreal, el contrato original tenía un valor de 6.2 millones de dólares, pero al incluirse las adendas de los últimos años el proyecto asciendió a 9,59 millones.
“Es que allí está clave, vamos licitar un proyecto pequeño, de 6,2 millones y ahora en adendas, cuesta el doble y un poco más. Son tan obvios que no hay forma alguna que puedan justificar lo injustificable”, recriminó a los funcionarios el diputado Jhonathan Vega.
En ese mismo argumento, el diputado Augusto Palacios recordó en la Comisión de Credenciales que este miércoles presentó un proyecto de ley para inhabilitar a las empresas condenadas por corrupción a contratar con el estado panameño. Una iniciativa que fue rechazada por los comisionados.
Palacios insistió en que debido a ese acuerdo de pena no fue inhabilitado para contratar con el Estado panameño. “Quieren decir que siguen recibiendo fondos públicos a pesar de que han cometido actos de corrupción”, dijo.
Por tal motivo, “este servidor no puede votar a favor de dicho traslado de partida, no es justo que empresas condenadas por corrupción sigan haciendo fiesta”.
Pese a los cuestionamientos y las respuesta del director del Idaan, la Comisión aprobó el traslado con ocho votos en a favor y cinco en contra.
La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida por 630 mil dólares solicitado por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), dirigido por Rutilio Villarreal.
Según el funcionario, el monto será destinado al pago de trabajos de obras sanitarias para acueductos del corregimiento de San Francisco, en la ciudad de Panamá. Sin embargo, la decisión ha generado controversia debido a que la empresa beneficiaria es la constructora MECO, vinculada a múltiples escándalos de corrupción en la región.
Villarreal, que fue duramente cuestionado por los diputados de la bancada Vamos, explicó que el traslado de partida buscaría cubrir una deuda pendiente con MECO desde enero de 2023, en el marco de un contrato firmado en junio de 2015. El proyecto, que tenía una duración inicial de 425 días, se ha extendido por casi una década, con al menos tres adendas y que en palabras de propio director del Idaan, estarían dentro de un contrato que no ha sido sometido a una auditoría.
“Debo entender que toda la contratación fue legalizada en su debido momento . Nos estamos encontrando con un proyecto prácticamente terminado, con el cual debemos honrar los pagos”, justificó el director, quien le pidió a los diputados “permitirle terminar de llegar” al cargo al que recién fue ratificado el pasado 17 de septiembre.
La constructora MECO, de capital costarricense, tiene años de estar en el ojo de la tormenta, salpicada por denuncias de corrupción y pago de sobornos en Costa Rica. Mientras que en nuestro país, la constructora firmó en 2017 un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público dentro del caso Blue Apple. El empresario Carlos Cerdas, propietario de MECO, llegó a dicho acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción en Panamá, en un escándalo que involucró a funcionarios panameños de alto perfil.
“No tengo conocimiento si de parte de Fiscalía hayan solicitado una investigación referente al proyecto en si [obras en San Francisco]”, fue lo que respondió Iván Cano, director general de Operaciones del Idaan, ante la pregunta sobre si el contrato había sido sometido a alguna revisión luego de que la empresa reconociera haber tomado parte en actos de corrupción en Panamá.
De acuerdo con datos revelados por Villarreal, el contrato original tenía un valor de 6.2 millones de dólares, pero al incluirse las adendas de los últimos años el proyecto asciendió a 9,59 millones.
“Es que allí está clave, vamos licitar un proyecto pequeño, de 6,2 millones y ahora en adendas, cuesta el doble y un poco más. Son tan obvios que no hay forma alguna que puedan justificar lo injustificable”, recriminó a los funcionarios el diputado Jhonathan Vega.
En ese mismo argumento, el diputado Augusto Palacios recordó en la Comisión de Credenciales que este miércoles presentó un proyecto de ley para inhabilitar a las empresas condenadas por corrupción a contratar con el estado panameño. Una iniciativa que fue rechazada por los comisionados.
Palacios insistió en que debido a ese acuerdo de pena no fue inhabilitado para contratar con el Estado panameño. “Quieren decir que siguen recibiendo fondos públicos a pesar de que han cometido actos de corrupción”, dijo.
Por tal motivo, “este servidor no puede votar a favor de dicho traslado de partida, no es justo que empresas condenadas por corrupción sigan haciendo fiesta”.
Pese a los cuestionamientos y las respuesta del director del Idaan, la Comisión aprobó el traslado con ocho votos en a favor y cinco en contra.