Aprueban traslado por $1,2 millones a Miviot para pago de terreno expropiado por ocupación irregular de tierra
- 06/12/2024 00:00
- 05/12/2024 19:51
La entidad tiene cuentas pendientes por $58 millones en concepto de expropiaciones y $135 millones por pago a proveedores Diputados de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobaron un traslado de partida por $1.2 millones al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) para abonar al pago de $11.7 millones que corresponden a la indemnización por expropiación de un terreno que fue ocupado irregularmente en La Chorrera para establecer un asentamiento informal en 2021.
Justo la semana pasada la misma solicitud fue rechazada por la Comisión, por lo que el ministro de Vivienda, Jaime Jované, tuvo que recabar documentación para explicar a los diputados lo ocurrido.
El terreno en cuestión, ubicado en el sector de Puerto Caimito, perteneció a Inmobiliaria Río Pisón S.A., pero como fue ocupado, se ordenó la expropiación del terreno por motivo de interés social urgente a favor del Banco Hipotecario Nacional (BHN), en el Decreto Ejecutivo No. 153 del 14 de septiembre de 2021, cuando la cartera de vivienda estaba bajo administración del exministro Rogelio Paredes (2019-2024).
Jované informó que la expropiación fue ejecutada, pero el pago de la misma a la Inmobiliaria Río Pisón S.A. no fue ejecutado. Al tiempo indicó que en 2022 el Gobierno Nacional, presidido por Laurentino Cortizo (2019-2024), asignó una partida para que el pago pudiera ser realizado, pero se pidieron dos subsanaciones en junio de 2024 que no fueron culminadas antes del cambio de administración.
Actualmente, el BHN figura como el dueño del terreno en el Registro Público y las familias que allí residen están a la espera de que se les otorgue el título de propiedad. Eventualmente el BHN podría cobrar a los residentes por modificaciones que se hagan en el terreno.
Por expropiaciones el Miviot tiene cuentas por pagar de $58 millones, informó Jované en la Comisión. En este sentido, diputados de la coalición Vamos manifestaron su preocupación por lo ocurrido con la expropiación del terreno en Puerto Caimito, porque se ejecutó la expropiación pero no el pago, abriendo el compás a suspicacias como una presumible modalidad de lucro.
Sin embargo, el Miviot ha recopilado la documentación y no ha reportado irregularidades al momento, incluso, informó que Inmobiliaria Río Pisón S.A. solicitó el desalojo de los ocupantes en más de una ocasión, según reportes que mantiene el Miviot.
Por su parte, el diputado Betserai Richards sugirió al ministro Jované iniciar un proceso de auditoría con el nuevo contralor de la República, Anel ‘Bolo’ Flores sobre esta expropiación en La Chorrera.
Deudas Las cuentas por pagar por expropiaciones no son las únicas en el Miviot. El ministro de Vivienda informó que han heredado compromisos de pago a contratos que datan hasta del año 2015, en el que Juan Carlos Varela era presidente (2014-2019).
Actualmente, la entidad adeuda $135 millones a proveedores de servicios, por proyectos que han sido ejecutados e incluso por el arrendamiento de oficinas.
También hay compromisos pendientes de pago por el Bono Solidario de Vivienda desde el año 2021 a la fecha, por el orden de $170 millones. No obstante, Jované informó que en este sentido han podido avanzar destinando el pago de $32 millones por bono solidario.
Diputados de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobaron un traslado de partida por $1.2 millones al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) para abonar al pago de $11.7 millones que corresponden a la indemnización por expropiación de un terreno que fue ocupado irregularmente en La Chorrera para establecer un asentamiento informal en 2021.
Justo la semana pasada la misma solicitud fue rechazada por la Comisión, por lo que el ministro de Vivienda, Jaime Jované, tuvo que recabar documentación para explicar a los diputados lo ocurrido.
El terreno en cuestión, ubicado en el sector de Puerto Caimito, perteneció a Inmobiliaria Río Pisón S.A., pero como fue ocupado, se ordenó la expropiación del terreno por motivo de interés social urgente a favor del Banco Hipotecario Nacional (BHN), en el Decreto Ejecutivo No. 153 del 14 de septiembre de 2021, cuando la cartera de vivienda estaba bajo administración del exministro Rogelio Paredes (2019-2024).
Jované informó que la expropiación fue ejecutada, pero el pago de la misma a la Inmobiliaria Río Pisón S.A. no fue ejecutado. Al tiempo indicó que en 2022 el Gobierno Nacional, presidido por Laurentino Cortizo (2019-2024), asignó una partida para que el pago pudiera ser realizado, pero se pidieron dos subsanaciones en junio de 2024 que no fueron culminadas antes del cambio de administración.
Actualmente, el BHN figura como el dueño del terreno en el Registro Público y las familias que allí residen están a la espera de que se les otorgue el título de propiedad. Eventualmente el BHN podría cobrar a los residentes por modificaciones que se hagan en el terreno.
Por expropiaciones el Miviot tiene cuentas por pagar de $58 millones, informó Jované en la Comisión. En este sentido, diputados de la coalición Vamos manifestaron su preocupación por lo ocurrido con la expropiación del terreno en Puerto Caimito, porque se ejecutó la expropiación pero no el pago, abriendo el compás a suspicacias como una presumible modalidad de lucro.
Sin embargo, el Miviot ha recopilado la documentación y no ha reportado irregularidades al momento, incluso, informó que Inmobiliaria Río Pisón S.A. solicitó el desalojo de los ocupantes en más de una ocasión, según reportes que mantiene el Miviot.
Por su parte, el diputado Betserai Richards sugirió al ministro Jované iniciar un proceso de auditoría con el nuevo contralor de la República, Anel ‘Bolo’ Flores sobre esta expropiación en La Chorrera.
Las cuentas por pagar por expropiaciones no son las únicas en el Miviot. El ministro de Vivienda informó que han heredado compromisos de pago a contratos que datan hasta del año 2015, en el que Juan Carlos Varela era presidente (2014-2019).
Actualmente, la entidad adeuda $135 millones a proveedores de servicios, por proyectos que han sido ejecutados e incluso por el arrendamiento de oficinas.
También hay compromisos pendientes de pago por el Bono Solidario de Vivienda desde el año 2021 a la fecha, por el orden de $170 millones. No obstante, Jované informó que en este sentido han podido avanzar destinando el pago de $32 millones por bono solidario.