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2025, año de desafíos para Panamá: Seguro Social, desempleo, Canal y mina de cobre

La mitad de la población se encuentra en la informalidad y el año que se inicia seguiría la misma tendencia. La Estrella de Panamá. Archivo
Tajo abierto de la mina de cobre que opera First Quantum Minerals en la provincia de Colón. La Estrella de Panamá. Archivo
Actualizado
  • 01/01/2025 00:00
Creado
  • 31/12/2025 16:12

Para generar empleos urge flexibilizar los requisitos para el financiamiento bancario a las micro, pequeñas y medianas empresas, opina el experto laboral René Quevedo, un problema fundamental para los ciudadanos.

El 2025 se presenta con grandes turbulencias para el país, trayendo consigo temas puntuales y complejos, entre los que se cuentan la reforma de la ley de la Caja de Seguro Social (CSS), la reapertura o no de la mina Cobre Panamá, un galopante desempleo que ha dado paso a una informalidad que afecta a unas 770.000 personas, así como un clamor porque se refuerce la seguridad de los ciudadanos.

Pese al primer amago del presidente de la República, José Raúl Mulino, de que el 31 de diciembre era la fecha tope para presentar una ley que reformara la CSS, o de lo contrario este año “solo se podrá pagar el 87 % de las pensiones”, el tema fue postergado para este nuevo año por la Asamblea Nacional, que aboga por una mayor consulta ciudadana.

Ante esta posición, el mandatario dio su aval para que el tema fuera más debatido al señalar que “no quiero que la ley de la CSS lleve el estigma de un madrugonazo” y terminar reconociendo que las pensiones “definitivamente se van a pagar”.

Uno de los puntos álgidos del proyecto de ley 163, que modifica, adiciona y deroga artículos de la Ley Orgánica de la entidad de seguridad social, es el aumento de la edad de jubilación, que se incrementará tres años, quedando en 60 para las mujeres y en 65 para los hombres.

A los trabajadores que les falte 7 años o menos para jubilarse, es decir, mujeres de 50 años o más y hombres de 55 años o más, se mantendrán en el sistema actual. Para ellos, la edad de jubilación no cambia y mantienen los mismos requisitos y beneficios.

Mientras que quienes se encuentran en el sistema mixto, que aportan dos terceras partes a cuentas individuales y la otra parte a un fondo común, se les reconocerá la totalidad de sus aportes para que puedan tener una jubilación digna.

En el complicado panorama que presenta este 2025 también resalta el tema del futuro de la mina de cobre en Donoso, cuyo debate será retomado el próximo febrero, según ha declarado Mulino.

“Este problema lo heredamos, pero lo abordaremos con seriedad. En febrero decidiremos qué pasará con la mina”, afirmó.

En una de sus últimas conferencias de prensa semanales, el mandatario dijo que este enero se aprobará un plan de mantenimiento para la mina, que representaba el 5 % del producto interno bruto (PIB), aunque no se haya alcanzado una solución definitiva.

Las operaciones mineras se suspendieron en noviembre de 2022, cuando el expresidente Laurentino Cortizo ordenó el cierre luego de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato renovado en medio de masivas protestas.

Anteriormente, en 2017, la Corte dictaminó que el contrato original también era inconstitucional.

En su momento, el actual ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, informó que el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, “ya tiene los términos de referencia para la auditoría que se quiere hacer para entender las consecuencias ambientales y productivas para poder tomar una decisión”.

“Resulta muy evidente que lo que pretende Mulino es abrir un emprendimiento minero en el sitio”, expuso Harley James Mitchell, abogado ambiental.

Recordó que la CSJ, al haber cerrado la vía con dos fallos inconstitucionales, lo mismo que la Asamblea Nacional mediante la Ley 407 que prohíbe el otorgamiento de concesiones mineras metálicas, la única vía posible para sus fines sería que el Estado abra una licitación para su explotación.

Los desafíos serían asegurar que la explotación sea transparente administrativa y ambientalmente, el aspecto de mayor preocupación en este asunto.

Otro tema que se debe enfrentar este 2025 es el aumento alarmante del desempleo, que en octubre pasado afectó a 202.609 personas, un incremento significativo respecto a agosto, cuando 155.625 personas se encontraban sin empleo, de acuerdo con la Encuesta de Mercado Laboral 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Censo.

“La economía panameña presenta un déficit circulante”, explicó René Quevedo, consultor laboral.

Resalta que en agosto de 2023 había prácticamente la misma cantidad de asalariados privados, 853.938, que en agosto de 2012.

De igual manera, entre enero y octubre de 2024, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral tramitó unos 23.000 contratos por mes o 27 % menos que hace cinco años, subrayó Quevedo.

La crisis es de “confianza”, afirma el experto, por ello es vital flexibilizar los requerimientos para el financiamiento bancario a las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan la columna vertebral de la generación de empleo y que se mejore el clima para la inversión privada.

La inseguridad ciudadana es otro aspecto que mantiene en vilo a los panameños, que han visto una escala de violencia que las autoridades encargadas deben prestar mayor atención.

Solo entre julio y octubre, las cifras de homicidio aumentaron 35 % y las críticas a la estrategia de seguridad y la falta de política integral no se han hecho esperar ante videos de asesinatos violentos que han conmocionado el país.

Otros temas que ocuparán una línea importante en la agenda serán la migración por Darién, descrito por el presidente Mulino como “la otra frontera” de Estados Unidos, e igualmente lo relativo al embalse del río Indio para suplir de agua al Canal de Panamá.

La estrategia a la que ha apostado el Gobierno para suplir de agua a la vía interoceánica, debido al incremento de la demanda de agua de la mitad del país y del incremento de tránsitos, es el embalse del río Indio.

“Es una obra imposible de postergar” , recalcó Mulino ayer en los actos de aniversario de reversión del Canal.

En esa cuenca ubicada entre las provincias de Panamá, Colón y Coclé habitan unas 12.000 personas; buena parte de ellas serán movilizadas, lo que sin duda generará un conflicto social, según expertos en el tema.

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