Gobernabilidad, grado de inversión y CSS

El proyecto de construcción del Cuarto Puente sobre el Canal se financiará a una tasa del 9,3%, tres veces superior al 2,83% de los $2.000 millones emitidos en julio 2019 por la administración Cortizo, cuando el saldo de la deuda pública era $26.612 millones. Al 30 de junio de 2024 fue $51.812 millones. En 5 años, se duplicó la deuda y triplicó el costo del dinero.

Uno de los resultados más reveladores de las Pruebas PISA (2008, 2018), es que sólo 1 de cada 100 alumnos panameños sabe diferenciar una opinión de un dato, característica bastante arraigada en la que es hoy población adulta, máxime en un entorno de redes sociales.

Un estudio de la Universidad del Sur de California (“USC study reveals the key reason why fake news spreads on social media”, enero 2023) reveló, entre otros hallazgos, que los usuarios regulares de redes sociales reenvían 6 veces más fake news que los usuarios ocasionales.

En este contexto, construimos narrativas de satanización, descalificación y victimización basadas en opiniones, consignas y eslóganes que rara vez son respaldadas por evidencia.

El 9,3% de interés era previsible. En febrero 2024, el gobierno Cortizo salió al mercado con una emisión $3.100 millones, a tasas de 7,50%, 8,00% y 7,875%. Era lógico pensar que el pronunciamiento de Fitch (marzo 2024) elevaría el perfil de riesgo país y el costo del financiamiento internacional.

Moody’s y Standard & Poor’s no han degradado la calificación de la deuda soberana panameña, pero el riesgo país de Panamá está por encima del de países sin grado de inversión, de acuerdo con el informe elaborado por Bloomberg Línea, basado en el Emerging Markets Bond Index (EMBI) del banco estadounidense JPMorgan Chase (JPM) para el primer semestre 2024.

Los bonos soberanos de siete países, incluyendo Uruguay, Chile y Perú (con grado de inversión), y otros cuatro (Paraguay, Guatemala, Costa Rica y República Dominicana) sin grado de inversión, hoy son vistos como más “seguros” que los de Panamá.

La decisión de Fitch no sorprendió a nadie, pero su recurrente referencia al deterioro de la gobernabilidad es un elemento nuevo. Su pronunciamiento del 28 de marzo comienza señalando: “La rebaja de la calificación de Panamá a ‘BB+’ refleja desafíos fiscales y de gobernanza que se han visto agravados por los acontecimientos que rodearon el cierre de la mina más grande del país..”.

Finaliza el primer párrafo indicando... “El cierre de la mina de cobre de Minera Panamá complica aún más las perspectivas fiscales y pone de relieve los crecientes desafíos de gobernanza que enfrenta el país...”.

La opinión de la calificadora coincide con las advertencias que hizo The Economist (16 de julio 2020 y 17 de marzo 2021) con relación a que el deterioro de la gobernabilidad y la incapacidad del gobierno Cortizo para lidiar con presiones de corte populista representaban un alto riesgo para la inversión extranjera en Panamá.

Aparte de la pérdida del grado de inversión (Fitch) y la triplicación del costo del dinero, la abrupta eliminación del 5% del Producto Interno Bruto (PIB), 14% de la IED existente en el país y 21% de toda la inversión foránea que entró mientras tuvimos Grado de Inversión (2010-2024) ha tenido importantes repercusiones.

Algunos de estos impactos incluyen el aumento de 1,5% en la tasa de desempleo como resultado del cierre de la mina (Mitradel, 17 de abril 2024), lo que representa 31.413 empleos perdidos, el incremento de las tasas de interés bancario en 6% en 2023 y los nuevos incrementos a partir del 1 de agosto 2024 en créditos preferenciales y no preferenciales, así como el aumento de la morosidad bancaria de 3% a 4,35%, entre mayo 2023 y mayo 2024, y una severa contracción del consumo.

Dada la dependencia del Estado del endeudamiento ante la dificultad para generar ahorros, las fórmulas que sugieren una mayor intervención estatal en el Programa de IVM probablemente plantearían un mayor nivel de endeudamiento en condiciones bastante más desfavorables que hace 5 años.

Todas las propuestas son válidas y deben ser tanto sustentadas como analizadas. No hay “Buenos vs Malos”, “Calle Arriba vs Calle Abajo”. Miremos cifras. Lo que no se mide no existe. No tiene sentido buscar “culpables”, sino entre todos, encontrar soluciones.