Sin espacio para la impunidad

La insistencia de una ley de amnistía para políticos y empresarios en casos de corrupción representa un golpe directo a la institucionalidad del país. Es inaceptable que se utilicen los mecanismos democráticos en espacios como la Asamblea Nacional, para legalizar la impunidad en casos de altísimo perfil y en el que los implicados tienen el poder y el dinero para evadir la justicia. No es menos cierto que la justicia necesita una reforma profunda y que no se puede obviar que existen elementos de politización en ella, sin embargo, esa lectura realista jamás puede dar pie para justificar el uso de las propias leyes para profundizar esa desigualdad, al otorgar amnistías políticas para delitos comunes. Como sociedad tenemos que abrir un debate genuino y plural sobre los cambios necesarios en el sistema de justicia; eso pasa por llevar procesos judiciales con todas las garantías y que existan condenas para quienes atracan las arcas del Estado. Frente a tantos problemas que encara Panamá en materia social, económica y amenazas a la soberanía, no hay tiempo que perder en proyectos de ley que solo buscan beneficiar a una minoría que debe responder por sus actos ante los tribunales.