Tratar de ocultar o minimizar el hecho de que la Nación panameña enfrenta una amenaza existencial frente a Estados Unidos es un grave error que le puede salir caro al país. A pesar del despliegue comunicacional dado por el Ejecutivo, tratando de explicar su versión de lo acordado con la Casa Blanca, cada vez es más difícil sostener que dichos acuerdos son beneficiosos para Panamá. Incluso, durante las negociaciones de los Tratados del Canal en 1977, que se configuraron bajo un régimen militar y, por tanto, carente de las condiciones democráticas de hoy, hubo una mayor transparencia sobre los alcances de lo firmado con el Gobierno estadounidense. Si el Ejecutivo pretende darle legitimidad a lo que acordó con Estados Unidos, que a la fecha las autoridades no han publicado íntegramente, debe plantearse la posibilidad de que este pase por la Asamblea Nacional y un referéndum, como mandata la Constitución cuando se trata de un tema que afecta a nuestro principal activo: el Canal. La forma es tan importante como el fondo en este caso. Si no hay transparencia y una participación real de la ciudadanía, estaríamos burlando los principios democráticos que sostienen la República.