Una recomendación saludable para los diputados

Mi recomendación para los diputados de esta nueva asamblea es que tomen conciencia de su responsabilidad como legisladores y dediquen tiempo a resolver la mayor crisis de salud que afecta el país. Y no es el déficit de la Caja de Seguro Social ni mucho menos el aumento de casos de influenza en los últimos meses. Se trata de algo más crónico y epidémico, como son las casi ocho mil muertes por año causadas por enfermedades no transmisibles y que en su mayoría son producidas por malos hábitos alimenticios.

Es necesario dar un paso legislativo significativo para introducir un proyecto de ley que sea pionero y esté destinado a frenar las crecientes tasas de obesidad en los niños. Una ley para reducir la obesidad infantil representaría una medida audaz para enfrentar la influencia de la industria de alimentos y sodas en los hábitos alimentarios poco saludables al imponer una regulación a los anuncios de comida chatarra dirigidos a niños.

Esta iniciativa buscaría combatir las crisis gemelas de la diabetes tipo 2 y la obesidad, que se ven particularmente alimentadas por las agresivas estrategias de marketing de los gigantes de alimentos y sodas. Existe una alarmante similitud entre la actual crisis sanitaria y la batalla histórica contra la industria tabacalera, que dio lugar a importantes reformas legislativas para proteger la salud pública.

Hace casi 40 años, en el Congreso de Estados Unidos, grupos organizados de personas afectadas por el tabaco tuvieron el coraje de enfrentarse a la industria tabacalera, cuyos productos mataban a más de medio millón de estadounidenses cada año. Aquí en Panamá, luego de miles y miles de muertes por año, se tomó la iniciativa de impulsar campañas intensas y agresivas contra el tabaco, y se pudo reducir la tasa de fumadores de 26% a menos del 12%, reduciendo así la cantidad de muertes por tabaquismo.

Ahora llegó el momento de que todos actuemos con el mismo sentido de urgencia para combatir las epidemias de obesidad y diabetes. Una ley para reducir la obesidad infantil implementaría varias medidas claves. Primero, la ley propondría una regulación estricta de todas las formas de publicidad de comida chatarra dirigida a niños, abarcando varias plataformas de medios. Segundo, se exigirían etiquetas obligatorias de advertencia de salud y nutrientes en las bebidas endulzadas con jarabe de maíz de alta fructosa, así como en los alimentos ultraprocesados con alto contenido de edulcorantes, grasas saturadas y sodio. Y tercero, la legislación también exigiría una mayor financiación para la investigación sobre los impactos de los alimentos ultraprocesados en la salud y una campaña educativa nacional dirigida a niños y cuidadores, facilitada por el Minsa y su Comisión para el Mejoramiento de la Salud.

Desde hace años los expertos en salud respaldan ampliamente estas iniciativas y reconocen su potencial para transformar el panorama alimentario. Esto igualmente enfatiza la naturaleza adictiva de los alimentos ultraprocesados, que están diseñados específicamente para ser consumidos en exceso, de manera muy similar a los cigarrillos. Estos productos actualmente no advierten adecuadamente al público sobre los riesgos asociados con ellos y los niños son un grupo demográfico clave en el marketing de alimentos ultraprocesados con perfiles nutricionales poco saludables.

Las implicaciones económicas son profundas. El año pasado, el costo total de la obesidad en Panamá superó los $800 millones, aproximadamente el 20% del gasto total en atención médica. Esta ley no sólo apuntaría a reducir estos costos, sino que también buscaría mejorar los resultados de salud pública. El impacto social podría ser igualmente transformador, con posibles reducciones en las tasas de diabetes infantil y problemas de salud como enfermedades cardíacas, hígado graso y cánceres. Al limitar la exposición a publicidad dañina, la ley pretende influir en un cambio generacional en los hábitos alimentarios hacia opciones más saludables.

Si bien se espera que la industria de alimentos y bebidas rechace las restricciones propuestas, el proceso legislativo pondrá a prueba la determinación de la actual Asamblea Nacional de priorizar la salud pública sobre las ganancias corporativas. El progreso del proyecto de ley en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social será sin duda seguido de cerca por grupos de consumidores, y se prevé que las revisiones y debates de la comisión serán muy polémicas.

A medida que el proyecto de ley supere obstáculos legislativos, la población panameña mantiene la esperanza de que reciba la atención y el apoyo que merece de los diputados. Con más de 20 organizaciones de la sociedad civil respaldando esta iniciativa, el impulso para el cambio es palpable. No podemos seguir permitiendo que las grandes corporaciones de la industria de alimentos y sodas antepongan sus ganancias a la salud y el bienestar de nuestros niños.