Una conspiración recurrente

En el tema del canal muchos panameños se contentaron con los logros de los Tratados Torrijos-Carter de 1977, mientras que una minoría, afónica de gritar que “no se comía soberanía”, vaticinó que Panamá sería incapaz de administrar el canal.

Otros dieron seguimiento a la implementación de esos pactos y aguantaron los esfuerzos de grupos políticos y económicos en Estados Unidos por lograr el rechazo de los tratados. Como resultado, el Congreso aprobó la Ley del Canal de Panamá de 1979, que introdujo claras violaciones al Tratado del Canal de Panamá que alteraban la letra y el espíritu de lo acordado. A pesar de los reclamos oficiales, Panamá adoptó una posición pragmática: avanzar bajo protesta.

A partir del 1 de octubre de 1979, Panamá exigió el fiel acatamiento de lo pactado, esfuerzos que, después de una invasión, culminaron en horas del mediodía del 31 de diciembre de 1999, con un canal bajo administración panameña y un país libre de presencia militar extranjera. Pero durante esos largos 23 años, los obstáculos y las conspiraciones no faltaron.

El 5 de enero de 1993, el congresista Philip Crane de Illinois, insatisfecho con las trabas a la inversión en mejoras al canal y a la participación creciente de panameños en su administración, presentó una resolución que abrogaba los Tratados Torrijos-Carter y la Ley del Canal de Panamá de 1979.

La propuesta resaltaba que el Canal de Panamá era un activo estratégico vital para los Estados Unidos y que la enmienda DeConcini, que daba a los Estados Unidos el derecho unilateral de intervenir en la protección del canal, no había sido sometida a la aprobación del pueblo panameño como lo exigía la Constitución de Panamá.

Por otro lado, el congresista Crane añadía que las medidas anexas a los tratados para contrarrestar el derecho creado por DeConcini, tampoco habían sido sometidas al Senado, por ello, se violaban los procedimientos para la ratificación de tratados bajo la constitución de ese país.

La propuesta también reclamaba que el Tratado de Neutralidad no prohibía a Panamá llegar a acuerdos con terceros países, como Cuba o Nicaragua, para la operación conjunta o exclusiva y el control del Canal de Panamá.

Por último, la resolución expresaba que los representantes de Panamá en la Junta Directiva de la Comisión del Canal debían ser ciudadanos de los Estados Unidos. La resolución no recibió el apoyo de la mayoría de los congresistas.

El 9 de noviembre de 1999, días antes de la transferencia del canal, el congreso acogió la propuesta de la representante por el Estado de Idaho, Helen Chenoweth-Hage, archiconservadora del Partido Republicano, quien solicitaba comunicar al gobierno de Panamá la nulidad de los Tratados Torrijos-Carter y reconocer la validez del Tratado Hay-Bunau Varilla.

En su propuesta, la congresista definía que el “Canal de Estados Unidos en Panamá” era un punto naval de la mayor importancia estratégica para el mundo, esencial para la defensa nacional y vital para el bienestar económico de los Estados Unidos.

La resolución resaltaba que la ocupación, el daño o la destrucción de esta vía acuática por un gobierno panameño adverso, una organización terrorista u otro gobierno extranjero, sería calamitoso para los Estados Unidos en tiempo de guerra y desastroso para su economía aún en tiempo de paz.

El texto de la resolución afirmaba que la empresa Hutchison Whampoa, una compañía fachada del Ejército de Liberación del Pueblo de China, había conseguido mediante prácticas corruptas la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal y la autoridad exclusiva para contratar los pilotos que controlan el tráfico por el canal.

La congresista reclamaba que la enmienda DeConcini había sido neutralizada con la frase: “principios de respeto mutuo y cooperación”, lo que anulaba e invalidaba la ratificación del Tratado de Neutralidad. La resolución no recibió apoyo.

Han pasado 25 años exitosos de administración panameña del Canal sin queja o reclamo oficial alguno de los Estados Unidos. Hoy su presidente, quien controla a su antojo ambas cámaras del Congreso, la Corte Suprema de Justicia, y tiene el respaldo de más de un 50% de la opinión pública, presenta un rosario de quejas a Panamá y al Canal de Panamá, la mayoría de ellas infundadas.

En las últimas semanas, los panameños hemos tratado de adivinar las auténticas causas y los verdaderos intereses detrás de estos reclamos. Nuestro interés sigue siendo que el Canal y nuestra posición geográfica sea de beneficio mutuo para nuestros dos países y para el resto del mundo. Esperamos que la visita del Secretario de Estado Marco Rubio nos aclare el panorama.