Un compromiso por la educación

Para comenzar, recuerdo que, hace cinco años, el gobierno propuso la educación como tema central de su plan estratégico del Gobierno 2019-2024. Así mismo, el gobierno anterior (2014-2019) planteó la necesidad de alcanzar un compromiso nacional por la educación.

Reconozco la sinceridad de aquellas declaraciones, pero no fue suficiente con las buenas intenciones, pues, luego de dos períodos de gobierno, la educación sigue siendo la cenicienta. Así lo demuestran - año tras año - los resultados del informe del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos PISA. Seguimos mal y debemos mejorar, pues la proporción de estudiantes con calificaciones inferiores a un nivel básico de competencia en matemáticas, lectura y ciencias, se mantiene estable o empeora a lo largo de los años, condenando al subdesarrollo y la pobreza a amplios sectores de la población.

En ese sentido, nuestro nuevo gobierno tiene la obligación de alcanzar un verdadero y efectivo compromiso nacional por la educación. Y deberá hacerlo con la participación efectiva de todos los miembros de la sociedad, comenzando con la familia panameña.

Dicho lo anterior, recordemos que, hace ocho años, el gobierno de aquel entonces, con el apoyo y la facilitación de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), instalaron una Mesa para el Diálogo: “Compromiso Nacional por la Educación” invitando a todos los actores claves, relacionados con la transformación de la educación.

De ese trabajo - de todos los panameños - surgieron una serie de propuestas para lograr que la República de Panamá tenga una política de Estado para la Educación, y un sistema educativo que garantice y promueva el ejercicio efectivo del derecho a una educación de calidad y con equidad para todos los panameños. Esas propuestas siguen plenamente vigentes hoy.

Como consecuencia de lo anterior, considero necesario que las nuevas autoridades tengan la madurez suficiente para retomar el compromiso nacional por la educación, como propuesta de nación y no de grupo político. El objetivo de los acuerdos alcanzados en el compromiso nacional por la educación es vigente hoy y lo queremos todos los panameños: “lograr que Panamá tenga una política de Estado para la educación, con un sistema educativo que garantice y promueva el ejercicio efectivo del derecho a una educación de calidad y con equidad para todos los panameños”.

Con toda seguridad necesitará de un esfuerzo sostenido y articulado de todos los actores involucrados en el sector educativo, incluyendo al Estado, los docentes, las familias, la comunidad, la empresa privada y la sociedad civil. Comparto algunos argumentos expresados en el documento para alcanzar los objetivos.

Para comenzar es necesario subrayar que, el acceso a la educación es un derecho fundamental reconocido por la Constitución de Panamá y por los tratados internacionales de derechos humanos. Es un derecho esencial para el desarrollo personal, profesional y social. Condición indispensable para evitar que los niños y adolescentes tengan menor riesgo de exclusión social, pobreza y violencia, y más probabilidades de tener éxito en la vida adulta y de contribuir al desarrollo del país.

En ese sentido, el compromiso nacional por la educación señala que el primer paso para garantizar el acceso universal a la educación es asegurar que todos los niños y adolescentes tengan acceso a la escuela. Esto significa eliminar las barreras que impiden el acceso a la educación, como la pobreza, la discriminación y la ubicación geográfica, especialmente para los estudiantes de zonas rurales y de escasos recursos.

Por otro lado, el compromiso nacional por la educación enfatiza la necesidad de redoblar el esfuerzo por mejorar la calidad de la educación, incluyendo la actualización de los currículos, la formación de los docentes y la implementación de nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje. Especial importancia tendrá mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento de las escuelas, así como la formación continua de los docentes.

No menos importante es garantizar la equidad del sistema educativo, promoviendo que todos los estudiantes, independientemente de su origen social, económico o cultural, tengan las mismas oportunidades de aprender y desarrollar su potencial. Especial relevancia tiene superar las desigualdades en el sistema educativo que limitan las oportunidades de los estudiantes de zonas rurales y de escasos recursos.

Nuestro sistema educativo también tiene que ser inclusivo, lo cual significa que todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones físicas, cognitivas o sociales, tengan acceso a una educación de calidad. Especial relevancia cobra implementar políticas y programas con adaptaciones curriculares y servicios de apoyo especializados para que los estudiantes con discapacidades se desarrollen plenamente y tengan éxito en la escuela.

El compromiso nacional por la educación subraya como condición obligatoria la creación y fortalecimiento de los espacios de participación formales e informales para que todos los actores puedan expresar de manera sostenida sus opiniones y propuestas para el desarrollo del sector educativo, y se garantice que la sociedad civil pueda ejercer su vigilancia y control sobre el cumplimiento del derecho a la educación.