Un balance anual no distinto

Han pasado 35 años y aún no se restañan las heridas de la invasión. Los militares yanquis llegaron al país, cumplieron sus designios hegemónicos mediante su cruento cometido militar y dejaron a ciertos nacionales el encargo de la destrucción de aquel esbozo de modelo de Estado intervencionista en la economía que teníamos. Este, aunque no era dirigista ni totalizaba una voluntad que concibiera su omnipresencia en toda la economía, establecía prioridades para promover lo que rezagado estaba y diversificar las aspiraciones nacionales combinando el obligado tributo al servicio con la olvidada producción nacional. A esa combinación de prioridades las llamábamos simple y llanamente defender la soberanía nacional.

Entiéndase desde antes y ahora que en ello consiste la soberanía: en hacer lo que queremos, necesitamos y podemos. Aquella destrucción económica deberían cumplirla sus cómplices internos, todos los cuales han proseguido la tarea, cambiando solo las chaquetas partidarias, pero sin repudiar el mandado. No es pertinente enumerar lo que se percibe en nuestro pasado reciente, pero todos, absolutamente todos los gobiernos, sin distinciones partidarias, acometieron obedientemente las tareas neocoloniales rivalizando tan solo en el nivel de abyección. De ahí que la destrucción no militar de las instituciones jurídicas de nuestra independencia se perpetraron en la forma de acuerdos complementarios que horadaban los principios de soberanía y neutralidad. El rejuego semántico procuraba evitar la discusión política y salvaguardar la cara de los parlamentarios de entonces y ahora que han incurrido en el pecado histórico de no exigir que esas añagazas y acuerdos se presentaran ante el conocimiento de una Asamblea que debe reasumir el concepto de depositaria de la soberanía.

Aquella soberanía que debe mostrar la personalidad externa del Estado es lógicamente completada con los actos soberanos de organización interna del mismo para que cumpla su función de expresiva de la voluntad de la población. Por ello, aquella destrucción militar, seguida por el despojo de nuestra autoridad sobre nuestras aguas, bosques y tierras, encuentra su complemento necesario en los proyectos conspirativos para destruir la soberanía de la voluntad popular en aquellos temas que son de natural atribución nacional, tales como los ahorros nacionales (llámense seguros), la educación popular científica y transformadora, el uso protegido de tierras contra la devastación minera y el dispendio de aguas nacionales esparciéndolas sin criterio soberano, pero solo privilegiando su uso crematístico. Comprenda el lector, todo esto es la invasión continuada.

El canal administrativamente es panameño y sus retornos son significativos en el presupuesto nacional, pero en el aspecto estratégico las decisiones del canal no son autónomas ni autogestionadas porque están obligadas dentro de un concierto transnacional que no es posible ser ignorado, pero en el cual solo se puede tener presencia real si lo hacemos con gallardía y soberanía. Lo anterior dicho sin prescindir a la alusión a un título constitucional que protege al canal de la recepción de aspiraciones nacionales. Falta aún en nuestro país el desarrollo de una conciencia histórica pergeñada en un plan de desarrollo de nuestras posibilidades y limites sin aquello del pro mundi beneficio. La realidad ha de obligar a otra racionalidad en la que priven los intereses de todos los sectores del país y no del tránsito unidireccional bioceánico. Por eso, las declaraciones del presidente Mulino son solo enjuagues sin sustancia patriótica