Seis meses del nuevo Gobierno

A seis meses de haber asumido el cargo, el gobierno del Sr. Mulino, no ha mostrado cambios significativos respecto a las administraciones de hace una década. A pesar del tiempo transcurrido, no ha sido capaz de implementar una política eficaz para desmantelar las excesivas regulaciones, trámites y decretos que paralizan la actividad empresarial y dificultan la generación de empleo.

Lo que prevalece es una mentalidad estatista e intervencionista que abarca todos los aspectos de la acción humana. Este enfoque se sustenta en un Estado omnipotente que, mediante el monopolio de la fuerza, persigue y extorsiona a empresarios y emprendedores bajo la excusa del “bien común”. La necesidad insaciable de fondos ha llevado al gobierno a perpetuar una política fiscal agresiva que asfixia a los sectores productivos, evidenciando una preocupante ignorancia sobre las causas profundas de los problemas económicos del país.

La administración actual refleja la misma “fatal arrogancia” que Friedrich Hayek describió: la creencia de los burócratas de poseer un conocimiento superior que les permite decidir qué es lo mejor para la sociedad. Esta actitud conduce a políticas que, lejos de resolver los problemas nacionales, los agravan. Las decisiones del gobierno se toman desde una perspectiva centralista y estatista, con un aparato burocrático que sigue intacto. La promesa de reducir el tamaño del Estado ha quedado en el olvido; los ministerios, autoridades y demás instituciones innecesarias continúan existiendo, sirviendo más a la politiquería que a los intereses de la ciudadanía.

En el ámbito económico, el país sigue paralizado. Los indicadores de desempleo e informalidad están en aumento, y el gobierno no ha tomado medidas para liberalizar la economía, reducir los costos regulatorios ni aliviar las cargas laborales. Esto impide que las empresas puedan generar ingresos y empleo, y que las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas. Asimismo, las políticas proteccionistas, aranceles y trabas burocráticas persisten, limitando la caída de los precios y beneficiando a un reducido grupo de privilegiados en detrimento de las mayorías. Este “capitalismo de amigotes” perpetúa las inequidades bajo el pretexto de actuar en nombre del “bien común”.

Por más discursos que el presidente pronuncie o fotos que se tome con figuras como Javier Milei, la realidad es que el gobierno mantiene una lógica económica y política altamente dependiente del Estado. En lugar de construir un modelo que fomente la libre competencia y la participación activa de la iniciativa privada, se consolida un sistema que favorece el control centralizado y una economía estatizada.

A seis meses de su gestión, el panorama es sombrío. Sin una visión clara que rompa con las políticas fracasadas del pasado, el futuro de Panamá parece encaminarse hacia más miseria y estancamiento. Es urgente un cambio radical de dirección que priorice la liberalización económica, la eliminación de barreras burocráticas y una verdadera reducción del tamaño del Estado. Solo así podrá el país escapar del círculo vicioso que lo ha mantenido atrapado durante años.