Se perdieron 54.000 empleos formales no agrícolas en 14 meses

El pasado 16 de diciembre, el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) publicó los Resultados Preliminares Básicos de la Encuesta de Mercado Laboral, 2024, que cubren el período entre agosto 2023 y octubre 2024 (14 meses). Los 39 cuadros con los detalles se publicarán en enero 2025. Los 3 cuadros presentados destacan que el desempleo subió de 7,4 % a 9,5 % y la informalidad de 47,4 % a 49,3 %. Hoy hay 15.363 más personas buscando trabajo que hace un año, pero 30.682 menos trabajando.

Se registró una contracción de la Población Ocupada No Agrícola, de 1.613.670 trabajadores (agosto 2023) a 1.566.014 en octubre 2024, una reducción de 47.656 empleos no agrícolas. Sin embargo, hubo una disminución de 54.107 empleos formales no agrícolas en 14 meses, parcialmente, compensada por el aumento del empleo informal.

Como contexto, con un nivel de informalidad laboral de 49,3 % de la Población Ocupada No Agrícola, la cifra de trabajadores No Agrícolas (privados y públicos) a octubre 2024 (794.411) es escasamente superior a la existente en agosto 2011 (790,917), cuando la informalidad era 36,9 %, la más baja en los últimos 20 años (hoy tenemos la más alta de los últimos 20 años) Esta caída tiene varias implicaciones:

1. Representa la mayor contracción de empleo formal desde la pandemia.

El principal “enemigo” del Programa de IVM es la explosión de informalidad. Entre agosto 2013 y agosto 2023 se perdieron unos 26.000 empleos asalariados de la empresa privada, pero se agregaron 77.000 funcionarios y 235.000 informales a la economía.

Es decir que cada trabajador asalariado que perdió su empleo en esa década fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 9 informales, síntoma de la pérdida de confianza en el clima para la inversión privada, particularmente en los sectores que generan la mayoría de los empleos.

Más aún, en agosto 2023 había prácticamente la misma cantidad de asalariados privados (853.938) que en agosto 2012 (853.663), a pesar de que en ese lapso (11 años) se generaron 317.477 empleos, de los cuales 237.085 (75 %) fueron informales y 80.117 (25 %) fueron funcionarios. El hecho de que en 14 meses (agosto 2023 a octubre 2024) hayan desaparecido 54.107 empleos formales no agrícolas implica un agravamiento de la principal causa de la debacle financiera del IVM.

2. El impacto laboral del cierre de la mina y la pérdida del grado de inversión es muy superior al estimado originalmente.

La pérdida del grado de inversión de Fitch y el cierre minero ocasionaron un aumento del 1,5 % en la tasa del desempleo, según Mitradel (31.413 empleos perdidos), según un comunicado de Mitradel del 17 de abril 2024.

Adicionalmente, el ser hoy un país más riesgoso que hace un año, se registró un incremento de las tasas de interés, que originaron una desaceleración de los nuevos financiamientos bancarios al sector productivo, que hasta octubre 2024 fueron $2752 millones menos (-17 %) que en los 10 primeros meses de 2019. Esta merma repercutió sobre la capacidad de la economía para generar empleo. En ese lapso, Mitradel tramitó 23.698 nuevos contratos laborales por mes, 8.981 (27 %) menos que la media mensual del mismo lapso en el año prepandemia (32.679). El ejemplo más contundente de la crisis laboral que enfrenta el país es la reciente feria de empleo de Mitradel y Konzerta, donde se ofertaron 3.000 vacantes y hubo 100.000 solicitantes.

La información oficial del INEC, sobre la pérdida de 54.107 empleos formales no agrícolas confirma que el impacto laboral del cierre de la mina y la pérdida del grado de inversión fue bastante superior al anticipado, particularmente en materia de empleo indirecto e inducido. Como referencia, según el informe “Mejores empleos en Panamá, el rol del capital humano”, del Banco Mundial (julio 2012), cada $1 invertido en la ampliación del Canal generó $0.64 de demanda interna y $0.36 en compra de bienes de capital. Esto quiere decir que la inversión de unos $5.5 mil millones a lo largo de 6 años (2009-2015) generó unos $587 millones anuales de demanda interna. La finalización de los trabajos de ampliación ocasionaron la pérdida de unos 62.000 empleos, 40.000 de ellos directos (construcción) y 22 mil indirectos e inducidos.

La operación de la mina representaba compras de más de $1 mil millones a otros sectores de la economía, por lo que su suspensión ha tenido devastadores consecuencias laborales, como lo ratifica el más reciente Informe Laboral del INEC.

3. El deterioro del atractivo para atraer inversiones complica el panorama.

Este declive y la crisis minera de hace un año detonaron la pérdida del Grado de Inversión por parte de Fitch Ratings el pasado 28 de marzo. Para ponerlo en lenguaje coloquial, “perdimos el trabajo, nos comimos los ahorros y estamos usando la tarjeta de crédito para hacer el súper”.

No obstante, el informe de la calificadora comienza señalando “la rebaja de la calificación de Panamá a 'BB+' refleja desafíos fiscales y de gobernabilidad que se han visto agravados por los acontecimientos que rodearon el cierre de la mina más grande del país”. Cierra el primer párrafo del reporte indicando “el cierre de la mina de cobre de Minera Panamá complica aún más las perspectivas fiscales y pone de relieve los crecientes desafíos de gobernabilidad”

Fitch cuestiona nuestra capacidad para ponernos de acuerdo, cuestionamiento legitimado por las discusiones que se vienen dando alrededor del futuro de la Caja del Seguro Social (CSS) en las cuales pareciera haber más preocupación en buscar “culpables” que de encontrar “soluciones” a un problema que no entendemos.

Hoy somos un país más riesgoso que hace un año. Así lo refleja el Indice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI, por sus siglas en inglés), publicado periódicamente por JP Morgan, en base a las transacciones reales del mercado de bonos (que representan 65 % de la deuda panameña).

En marzo 2022, los bonos panameños eran catalogados como los terceros menos riesgosos de Latinoamérica, sólo superados por los de Chile y Uruguay, ambos con grado de inversión. Sin embargo, a octubre 2024 los mismos se ubican en la posición 9, superados inclusive por países sin Grado de Inversión, como Brasil, Costa Rica, Guatemala, Paraguay y República Dominicana.

4. Sin nuevos empleos formales privados, la CSS está condenada a muerte.

El futuro de la CSS depende de la inversión privada, por lo que la reforma a la Ley de la CSS debe lograr dos objetivos : 1. Facilitar la generación de más empleo formal privado 2. Lograrlo, manteniendo el país en paz. De lo contrario, seguiremos siendo una economía de informales y funcionarios, financiada con plata prestada, y continuaremos “peleándonos por las sillas del comedor del Titanic”.