Río Indio y el destino del Canal

Ante las reacciones adversas a la monumental obra del trasvase de recurso hídrico de la cuenca del río Indio, necesaria para cumplir con los objetivos de seguridad hídrica, como para continuar ejecutando la actividad interoceánica que ostenta repercusiones globales, me permito reflexionar sobre las situaciones que nos han llevado a este punto y cómo la gestión ambiental correcta es el camino para resolver cualquier controversia resultante.

A pesar del cúmulo de actividades de naturaleza pública y privada, que significan alrededor de una tercera parte del producto interno bruto del país, ya sea por la convulsa historia canalera o por el talante distante al panameño común del aparato administrativo que le rige, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), parece que la mayoría de los habitantes de nuestro país no sienten como una prioridad de Estado el invertir en las necesidades que tiene la mencionada estructura, que debe funcionar a base de recursos naturales en cantidades importantes para mantener el ciclo de servicio mundial, mientras reditúa abundantemente a las arcas públicas.

Ante los fenómenos climáticos y la desigual distribución del abundante recurso hídrico del país, la Ley No. 44 de 31 de julio de 1999, que definió los límites de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá (CHCP), extiende la disponibilidad de agua de la ACP para efectos de sus funciones a 343.521,96 hectáreas, abarcando 11 distritos y 62 corregimientos de cuatro provincias: Panamá, Panamá Oeste, Coclé y Colón.

Esta llamada ampliación fue recibida con rechazo por varios grupos que se sentían afectados, así como de intelectuales y universitarios. El mencionado rechazo podría haber afectado la decisión pública de ampliar del Canal, dando como consecuencia la Ley No. 20 de 21 de junio de 2006, que derogó aquella ley, restaurando los límites consuetudinarios de la CHCP y así reduciendo la influencia de la ACP más allá de ellos.

En 2015, el Ministerio de Ambiente y el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible colaboraron con aquella entidad para iniciar los estudios sobre la cuenca del río Indio, estudios que incluyeron, como señalan los estándares internacionales utilizados, la presencia y consulta con los habitantes de la cuenca y demás sitios afectados por decisiones gubernamentales sobre el sitio. Estos estudios, que se suman a los muchos antecedentes preexistentes, se culminan a mediados del gobierno pasado.

Dichos estudios que fundamentan las potencialidades de una obra de infraestructura para abastecer de agua los asentamientos humanos más poblados del país, así como sus impactos y la manera de mitigarse y compensarse estos, si bien nunca fueron realmente secretos, no parecen haberse divulgado con la diligencia suficiente y sus resultados son desconocidos por el público en general.

Como es de conocimiento general, la Corte Suprema de Justicia, en junio de 2024, revoca la precitada Ley No. 20 de 2006, volviendo a regir la “cuenca ampliada”, posibilitando la aplicación de los estudios para iniciar la fase preparatoria de la obra. El paso por seguir sería la elaboración de un estudio de impacto ambiental categoría III, que detallaría no sólo los considerables impactos que tendría una actividad humana que influencie el área ya descrita, que a su vez comprendería varias zonas especiales como la propia zona de compatibilidad con la función del Canal, áreas protegidas, fincas privadas y el tema de mayor controversia actual: tierras campesinas.

Numerosos instrumentos internacionales de obligatorio cumplimiento a nivel legal, e incluso a nivel financiero, no permiten que las obras que impliquen reubicación de personas no contemplen las necesidades de compensación de los afectados. Las reubicaciones deben colocarles bajo las mismas o mejores condiciones que tendrían los afectados.

Lamentablemente, la cultura canalera para el panameño común no existe. No hay una conciencia de que el Canal no significa solo ganancias para Panamá y los panameños, sino también inversión, mucha de ella inversión en espacio y recursos naturales para que esta maravilla del mundo siga redituando con constancia al país como lo ha hecho durante todo lo que va de este siglo. Tanto la ACP como todo el Gobierno deben implementar de forma conjunta planes para que cada panameño sepa cómo se dan los pasos para ejecutar obras determinantes y conexas al funcionamiento del principal activo del país.

Si bien es sorprendente cómo tantos interlocutores sociales estarían dispuestos a que gran parte de la población carezca de seguridad hídrica o que el Canal pierda competitividad global, con el pretexto de los impactos ambientales y sociales que según nuestras leyes resultan imposibles de no mitigar y compensar, diseñando así una polémica destructiva sobre esta verdadera necesidad nacional, no menos cierto es que la falta un plan de comunicación que logre disipar dudas y así lograr consensos constructivos sobre el destino de la cuenca del Canal, el cual está indisolublemente ligado al destino de la nación panameña.