Retos ante la delincuencia

El incremento de la delincuencia es un asunto que tiene en vilo a todo Panamá. De manera especial, la violencia cotidiana y callejera manifiesta una incapacidad para prevenirla mediante una vigilancia acorde a nuestra necesidad, además del uso de recursos tecnológicos e investigativos adaptados a los nuevos retos.

Mas no solo es este incremento numérico, se debe puntualizar otros delitos, como es el tráfico de drogas, lavado de dinero, sicariato, pandillerismo y violencia contra las mujeres y niños, de tal crueldad y maldad que no habíamos visto hasta ahora nunca.

Según cifras del Ministerio Público, diariamente se produjeron 1.5 homicidios en el año 2023, es decir, 556 personas y de estas 467 fueron hombres, entre las edades de 18 y 35 años. En el 91% de los casos se utilizó armas de fuego.

Otro dato: las víctimas de feminicidio fueron 15, producto de la violencia machista o por causa comprobable de ser mujeres, a lo que hay que añadir otras 32 mujeres que murieron de forma violenta. En cuanto a robos, los mismos suman 5.072 en el 2023, a lo que hay que añadir 15.472 denuncias criminales por el presunto delito de hurto.

Llama la atención la enorme incautación de cargamentos de droga, que sabemos que provienen de Colombia, tanto por la costa atlántica como la pacífica y en diversos lugares a todo lo largo del istmo; aparecen titulares de operaciones con nombres exóticos, donde se incautan toneladas y toneladas de drogas y esta actividad delincuencial está directamente relacionada con el incremento de la criminalidad, homicidio, sicariato y otros, como lo constituye el lavado de dinero.

Me pregunto, cómo lo harán muchísimas otras personas, cómo con cada captura de estas toneladas aparecen siempre dos, cuatro o cinco hombres aprehendidos como si alguien pudiera creerse que una operación de esta magnitud puede ser responsabilidad de apenas unos cuantos. Nunca detienen o aparece el nombre de ningún capo.

A pesar del incremento del pie de fuerza de los estamentos de seguridad, en varios reportes se nota que más allá de los títulos escandalosos en estas operaciones han participado de manera prominente la armada colombiana, la DEA y alguna pequeña contribución de los servicios de seguridad panameños.

La Constitución panameña establece con claridad meridiana, en su artículo 310: “La República de Panamá no tendrá ejército”. Aunque aclara la obligatoriedad de todos los panameños “a tomar las armas para defender la independencia nacional y la integridad territorial del Estado”.

Es importante tener en consideración “para la conservación del orden público, la protección de la vida, honra y bienes de quienes se encuentran bajo la jurisdicción del Estado y para la prevención de hechos delictivos, la Ley organizará los servidores de policía necesarios, con mandos y escalafón separados”. Sigue más adelante: “el Presidente de la República es el jefe de todos los servicios establecidos en el presente Título [Fuerza Pública]; y estos, como agentes de la autoridad, estarán subordinados al poder civil; por tanto, acatarán las órdenes que emitan las autoridades nacionales, provinciales o municipales en el ejercicio de sus funciones legales”.

Va siendo hora de poner atención y exigir una explicación sobre la falta de eficacia de la Fuerza Pública y de la carencia de adiestramiento e incrementar el uso de recursos modernos y efectivos. Menos uniformes que más parecen disfraces, con doradas charreteras y condecoraciones ridículas y más capacitación, formación técnica y equipos sofisticados. Con este personal adiestrado desde centros especializados se podría reducir la delincuencia, así como descubrir las rutas y métodos del tráfico de drogas y sus secuelas y se alejen de una recopilación de grabaciones y chismes de aldea.

Ya no funciona la policía de pito y tolete... ni tampoco aquella Guardia Nacional con sus componendas y menos ese monstruo que fueron las Fuerzas de Defensa, salvo en los casos de heroicos militares que pusieron en riesgo su vida y seguridad, aquel 16 de marzo de 1988 y el levantamiento de Giroldi, el 3 de octubre de 1989.

Panamá tiene la más alta proporción de policías en toda América Latina, por cada 100.000 habitantes, muchos de los cuales no poseen un entrenamiento policivo moderno y el número de involucrados en delitos comunes se ha acrecentado.

Ojalá el presidente Mulino preste atención a la composición del Consejo de Seguridad, a las funciones profesionales y exija menos improvisación de este ente, así como a ejercer su función constitucional de jefe de la Fuerza Pública, que despojada de las añoranzas militaristas y de los privilegios salariales y de jubilación –a todas luces inconstitucionales– y se gane el respeto de la ciudadanía por su competencia y acatamiento a la Constitución y las leyes.