Resolver la crisis de IVM... prohibido olvidar

Cuando Otto Von Bismark constituyó el modelo de seguro social que cubría diversas necesidades no satisfechas de la población trabajadora, como la atención a la reposición de ingresos en la vida postlaboral y a la enfermedad (no la salud), por allá por los años ochenta del siglo XIX, no estaba pensando en resolver estos siniestros de la clase trabajadora como la finalidad de lo que se convino en llamar posteriormente seguridad social. Sin duda, tiempo después, este modelo dio margen a satisfacer en cierta medida tales necesidades de sus trabajadores afiliados, en consonancia con el crecimiento económico alcanzado por la sobreexplotación del trabajo en sus colonias y en las industrias locales.

Es decir, no cabe pensar en la buena voluntad de Otto Von Bismark hacia las clases populares, dado que su modelo otorgaba las pensiones a partir de la edad de 70 años, cuando la edad promedio de vida de la población era de 45 años. Primero se moría la gente antes de gozar de sus cotizaciones, las cuales engrosaban las arcas del Estado y de los administradores de estos fondos. Pero, cuidado, el fin último tampoco era el enriquecimiento per se del aparato estatal, sino convertir a este en el principal vehículo del impulso del desarrollo de los industriales y banqueros del país, a la par que debilitando los ímpetus revolucionarios de las clases laborales de la época.

El modelo Bismark es el que se reproduce en Latinoamérica y el Caribe desde 1935. Sin embargo, en el caso de Panamá, nace castrado financieramente, demorando su aporte al desarrollo de los sectores productivos nacionales -como ocurrió en Alemania- hasta que estos mismos grupos con intereses industriales dirigen directamente la CSS a partir de la segunda mitad de la década de 1950.

Esta fracción del empresariado istmeño modificó la trayectoria rentista de esta institución, introduciendo en su ley orgánica de 1958 la posibilidad efectiva de hacer inversiones en proyectos directamente. Esto fue lo que sirvió a inversiones que hicieron familias “rabiblancas” con fondos de la CSS (por cierto, hoy respaldan las propuestas privatizadoras) que luego no resarcieron a los fondos de la CSS (pero nunca se ha hecho escándalo de estos actos), pero también fue lo utilizado en inversiones directas como el programa colectivo de vivienda, inicialmente en la construcción de las “rentas” multifamiliares (década de 1960) y luego en construcción de barriadas en la que la institución era la promotora (años 1970). Estas inversiones estimularon la dinámica desarrollista a la vez que engrosó los fondos del programa de IVM, a tal punto que permitió la ampliación de la cobertura de servicios otorgados por esta institución, tales como la inclusión de cónyuges, hijos/as y hasta padres de los trabajadores cotizantes.

Este papel de palanca del desarrollo económico fue aniquilado por las élites del poder financiero y comercial del país, aprovechando el “escándalo” de este organismo en 1982. Curiosamente, en vez de penalizar a los responsables de delitos y mantener activo el programa que daba muchos beneficios a los asegurados, se sepultó su posibilidad de invertir en proyectos altamente rentables que vigorizaban las reservas de los pensionados. Los sectores que representan a los intereses bancario-hipotecarios y del capital inmobiliario sellaron posteriormente esa amputación del papel desarrollista de la institución con la ley de 1991 y finalmente con la de 2005.

Hoy, estos sectores se han diversificado alrededor de los intereses del aseguramiento privado de pensiones, a la espera de que termine de completarse su tarea iniciada en 1982, cuando cercenaron la capacidad de autofinanciarse con inversiones rentables gestionadas directamente.

No obstante, en lo que se refiere al programa de IVM, a pesar de la mutilación financiera antes mencionada, el esquema solidario intergeneracional apunta a ser aún la tabla de salvación del modelo “bismarkiano” panameño, por cuanto los cálculos actuariales más objetivos de especialistas probados de la Universidad de Panamá como el doctor Orlando Sam (ver “Evidencias y recomendaciones sobre el sistema de pensiones”, recién publicado por el IDEN), llegan a la conclusión de que la operación más viable financiera, económica y políticamente para superar la crisis de IVM resulta ser la vuelta completa a ese esquema, negando con esto la viabilidad de las cuentas individuales privatizadas, con el compromiso de sanear la gestión institucional y que se le devuelva su capacidad de invertir con autonomía, no a través de intermediarios bancarios.