Que el ajuste lo paguen ellos
- 31/05/2024 00:00
- 30/05/2024 13:32
De nada vale sacrificar a la población a pagar un ajuste a través de un aumento de impuestos, que lo único que va a generar es reducir su consumo, por medio de una pérdida de su poder de compra, mientras seguimos teniendo un Estado excesivo, con un gasto público irresponsable [...] En las últimas semanas, en diferentes medios de comunicación, el ministro de Economía y Finanzas del gobierno entrante, ha afirmado que hay que colocar orden a las finanzas públicas y buscar un equilibrio fiscal, debido a que el país no aguanta más, en pocas palabras, “no hay plata”.
En Panamá desafortunadamente se ha creado una relación simbiótica entre ciudadanos y gobierno. Lamentablemente, el incentivo de un sistema presidencialista, como el nuestro, es la captura del poder. Donde la única forma de lograrlo es mediante las promesas y los privilegios que pueden otorgar los gobiernos a través del monopolio de las leyes del Estado a los diferentes lobbies o grupos de presión.
Esto ha dado origen a lo que Acemoglu llama “instituciones extractivas”, que no son más que la captura del poder, por medio de la coacción institucional del Estado. Esto ha creado una condición de necesidad o dependencia del Estado, que con el pasar de los gobiernos crece y crece. Lamentablemente, esa condición ha llegado a su nivel máximo, con un desempleo de 7.2 %, una informalidad de casi 50%, una IED en su nivel más bajo en décadas, y con una deuda que supera el 50% de PIB, es claro que hay que poner el freno de mano y sanear las finanzas públicas.
Pero la pregunta clave es quién va a asumir el ajuste. En relación con esto, el Sr. Chapman, ha comentado en diferentes entrevistas que debe existir algún tipo negociación por no decir el sacrificio de una parte de los panameños. Desafortunadamente, no estoy de acuerdo con esto. Si bien, los ciudadanos eligieron entregar su libertad, dejando con ello la responsabilidad individual, así como asumir los éxitos y los fracasos de sus decisiones, a cambio de una seguridad garantizada por el “Estado” a través de sus gobernantes.
Los estafados consciente o inconscientemente fueron los ciudadanos. Las promesas quizás de esperanza y el discurso del altruismo, de una vida mejor y de evadir la realidad, tiene nombre, y es que ha sido la clase política, en la búsqueda del poder los que irresponsablemente han querido vender el caballito del “bien común” o la “justicia social” para justificar sus acciones, que han terminado con un gasto insostenible, que irremediablemente ha destruido las instituciones políticas y sociales.
Es inaceptable, por ende, decir que hay que llegar a consensos para lograr el beneficio del país. No tiene sentido usar como excusa un alza de los impuestos o que no deja de estar sobre la mesa la posibilidad de hacerlo, cuando tenemos un Estado con una cantidad de instituciones con duplicidad de funciones, donde muchas de ellas no figuran entre los roles que debe tener un Estado. Una planilla estatal abultada, activos inutilizados, empresas públicas ineficientes y un mapa político territorial insostenible. Es claro quién debe pagar el ajuste, quiénes son los que deben sacrificarse.
El Estado debe delimitar sus roles y funciones, los gobernantes no pueden estar usando el caballito de la justicia social y el bien común para justificar, controlar y regular las formas de actuar y de relacionarse de las personas, mucho menos de intervenir en los acuerdos mutuos y voluntarios que existen dentro de los intercambios libres entre personas.
De nada vale sacrificar a la población a pagar un ajuste a través de un aumento de impuestos, que lo único que va a generar es reducir su consumo, por medio de una pérdida de su poder de compra, mientras seguimos teniendo un Estado excesivo, con un gasto público irresponsable y funciones que no le corresponden o que no tienen justificación de su existencia.
El ajuste hay que hacerlo, pero primero debe ser el Estado y los gobernantes quienes asuman el ajuste. Luego los ciudadanos deben dejar de evadir la realidad, y afrontar las malas decisiones, en especial, aquellas que por la esperanza y la ilusión se dejan vender, que toda necesidad es un derecho.
La borrachera llegó a su fin, y ahora toca aguantarse la goma. No podemos seguir tirándonos la pelota a las próximas generaciones, hay que aceptar que hemos vivido en los últimos 15 años en una situación insostenible.
Debemos volver a la senda de la razón y de la austeridad. Eso requiere un esfuerzo de todos, pero el primer paso debe ser por parte de quienes nos han engañado y timado por décadas.
El autor es economista
En las últimas semanas, en diferentes medios de comunicación, el ministro de Economía y Finanzas del gobierno entrante, ha afirmado que hay que colocar orden a las finanzas públicas y buscar un equilibrio fiscal, debido a que el país no aguanta más, en pocas palabras, “no hay plata”.
En Panamá desafortunadamente se ha creado una relación simbiótica entre ciudadanos y gobierno. Lamentablemente, el incentivo de un sistema presidencialista, como el nuestro, es la captura del poder. Donde la única forma de lograrlo es mediante las promesas y los privilegios que pueden otorgar los gobiernos a través del monopolio de las leyes del Estado a los diferentes lobbies o grupos de presión.
Esto ha dado origen a lo que Acemoglu llama “instituciones extractivas”, que no son más que la captura del poder, por medio de la coacción institucional del Estado. Esto ha creado una condición de necesidad o dependencia del Estado, que con el pasar de los gobiernos crece y crece. Lamentablemente, esa condición ha llegado a su nivel máximo, con un desempleo de 7.2 %, una informalidad de casi 50%, una IED en su nivel más bajo en décadas, y con una deuda que supera el 50% de PIB, es claro que hay que poner el freno de mano y sanear las finanzas públicas.
Pero la pregunta clave es quién va a asumir el ajuste. En relación con esto, el Sr. Chapman, ha comentado en diferentes entrevistas que debe existir algún tipo negociación por no decir el sacrificio de una parte de los panameños. Desafortunadamente, no estoy de acuerdo con esto. Si bien, los ciudadanos eligieron entregar su libertad, dejando con ello la responsabilidad individual, así como asumir los éxitos y los fracasos de sus decisiones, a cambio de una seguridad garantizada por el “Estado” a través de sus gobernantes.
Los estafados consciente o inconscientemente fueron los ciudadanos. Las promesas quizás de esperanza y el discurso del altruismo, de una vida mejor y de evadir la realidad, tiene nombre, y es que ha sido la clase política, en la búsqueda del poder los que irresponsablemente han querido vender el caballito del “bien común” o la “justicia social” para justificar sus acciones, que han terminado con un gasto insostenible, que irremediablemente ha destruido las instituciones políticas y sociales.
Es inaceptable, por ende, decir que hay que llegar a consensos para lograr el beneficio del país. No tiene sentido usar como excusa un alza de los impuestos o que no deja de estar sobre la mesa la posibilidad de hacerlo, cuando tenemos un Estado con una cantidad de instituciones con duplicidad de funciones, donde muchas de ellas no figuran entre los roles que debe tener un Estado. Una planilla estatal abultada, activos inutilizados, empresas públicas ineficientes y un mapa político territorial insostenible. Es claro quién debe pagar el ajuste, quiénes son los que deben sacrificarse.
El Estado debe delimitar sus roles y funciones, los gobernantes no pueden estar usando el caballito de la justicia social y el bien común para justificar, controlar y regular las formas de actuar y de relacionarse de las personas, mucho menos de intervenir en los acuerdos mutuos y voluntarios que existen dentro de los intercambios libres entre personas.
De nada vale sacrificar a la población a pagar un ajuste a través de un aumento de impuestos, que lo único que va a generar es reducir su consumo, por medio de una pérdida de su poder de compra, mientras seguimos teniendo un Estado excesivo, con un gasto público irresponsable y funciones que no le corresponden o que no tienen justificación de su existencia.
El ajuste hay que hacerlo, pero primero debe ser el Estado y los gobernantes quienes asuman el ajuste. Luego los ciudadanos deben dejar de evadir la realidad, y afrontar las malas decisiones, en especial, aquellas que por la esperanza y la ilusión se dejan vender, que toda necesidad es un derecho.
La borrachera llegó a su fin, y ahora toca aguantarse la goma. No podemos seguir tirándonos la pelota a las próximas generaciones, hay que aceptar que hemos vivido en los últimos 15 años en una situación insostenible.
Debemos volver a la senda de la razón y de la austeridad. Eso requiere un esfuerzo de todos, pero el primer paso debe ser por parte de quienes nos han engañado y timado por décadas.